Iris Lázaro pasó casi nueve días entre la angustia y la desesperación por no conocer el paradero de su esposo, Juan Vega, quien fue detenido en el primer operativo contra inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Barrio Obrero, en Santurce.

Desde aquel domingo, 26 de enero, Lázaro solo ha hablado por teléfono brevemente con su esposo dos veces, la última de ellas, la madrugada de este martes, luego que El Nuevo Día cuestionara a la agencia federal por la ubicación del detenido.

En esa segunda llamada, la mujer confirmó que Vega ya fue trasladado por el ICE a Miami, en el estado de Florida.

“Justo esta madrugada (martes), se comunicó conmigo. Está en (el centro de detención de) Miami”, comentó a este medio, luego que el lunes manifestara que no sabía nada de su esposo.

Ahora, Lázaro hace gestiones para recaudar dinero suficiente que le permita trasladarse a Miami y cubrir los gastos asociados a esos trámites.

“Ahí, donde él está, reciben visitas, así que pasado mañana (jueves), si logro comprar el boleto, cojo para allá, para verlo aunque sea”, añadió.

De forma preliminar, Lázaro había contactado a un abogado, en Miami, que se encargaría de solicitar una fianza para su esposo, en un intento por evitar su deportación.

A petición de El Nuevo Día, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) informó este martes que, del 22 de enero al 4 de febrero, 100 personas habían sido arrestadas por violaciones a leyes migratorias en la isla, aunque “algunos tenían delitos adicionales”. “Seis personas han sido removidas a su país con una partida voluntaria o una remoción acelerada”, se indicó por escrito.

En una entrevista reciente, la directora de HSI en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González Ramos, indicó que, en el centro de detención temporal en Guaynabo, donde llevaron a Vega aquel domingo, el plazo para permanecer allí detenido “se supone que sean 24 horas”, pero la Oficina de Detención y Deportación de Estados Unidos “tiene la capacidad” de extender ese término si no hay camas disponibles en otros centros de ese país.

Vega, de 50 años, fue detenido, junto a otras 46 personas de Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Haití, México y Brasil, en el primer día que se conoció de los operativos de ICE. Había salido de su casa a comprar un aguacate cuando fue sorprendido por los agentes federales, quienes cuestionaban aleatoriamente a las personas frente a varios comercios en la avenida Borinquen, epicentro de la comunidad dominicana en la isla. El grupo de detenidos ahora incluye también a personas de la República de China, Dominica, Islas Vírgenes Británicas, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, Israel, Italia y Japón, según los datos actualizados suministrados.

Lázaro, de origen dominicano y ciudadana estadounidense, contó que, al día siguiente, esperó en el centro de detención de Guaynabo con la esperanza de ver a su esposo, pero no se le permitió. Ese mismo día, en la tarde, pudo hablar brevemente con él vía telefónica por primera vez..

“Ya no encuentro ni qué hacer, están pasando tantas cosas extrañas, con todo el mundo, no nada más con mi esposo”, sostuvo la mujer el lunes, al señalar, además, que, en este proceso, no ha tenido comunicación ni apoyo de autoridades municipales ni estatales.

Tampoco, dijo, ha recibido apoyo del cónsul general de la República Dominicana en Puerto Rico, César Cedeño.

“El cónsul lo que ha estado, en todo momento, es aconsejando a la ciudadanía que salga a la calle a trabajar, que no está pasando nada, que no cunda el pánico y, una vez arrestan, entonces, aconseja que firmen la deportación (salida voluntaria). Estoy bien indignada con eso también, porque no tenemos a nadie que nos represente y que le duela lo de uno”, apuntó.

Lázaro indicó que Vega tiene un número de Seguro Social provisional y que, como ciudadana estadounidense, ella había completado el Formulario I-630, una petición de familiar hecha por un pariente ciudadano, como parte de los trámites para la ciudadanía. “No es que estamos por la libre, hay personas que siguen los procesos”, afirmó.

En respuesta a las denuncias, el Municipio de San Juan indicó que no estaba al tanto del caso de Vega. “No obstante, estamos en disposición de ofrecer orientación y apoyo a su esposa en aquellos trámites en los que podamos asistir, tales como la gestión de documentos, referencias a organizaciones especializadas y apoyo a las familias afectadas”, dijo la portavoz Betsy Nazario..

El lunes, en Barrio Obrero, comerciantes y vecinos dominicanos marcharon desde la Plaza Barceló hasta la sede del Consulado Dominicano en San Juan, no solo para reclamar respuestas de las autoridades locales que han prometido asistirles, sino también acciones concretas de parte de su representante en la isla.

“Estuvimos solicitando el cese de la persecución, el cese de las redadas, el cese de criminalizarnos por no tener estatus (migratorio) regularizado”, anotó el activista José Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos.

Entre los comerciantes, estuvo Yerar Hernández, dueño de una barbería y un establecimiento de envío de valores a la República Dominicana. Ambos negocios, aseguró, se han visto duramente afectados tras las detenciones del ICE.

“Los clientes que venían de lunes hasta sábado y domingo no son lo mismo que viene ahora, bajó más de un 60% a 70%”, dijo, al enfatizar que sus compatriotas han optado por no salir de sus casas. “Esto es un COVID migratorio”, expresó Rodríguez, por su parte, al comparar el encierro actual con el período de aislamiento en 2020, cuando se declaró la pandemia de COVID-19.

De igual modo, los manifestantes condenaron la inacción que perciben de la gobernadora Jenniffer González Colón para asistir tanto a las familias afectadas como a los propios comerciantes y la comunidad en general.

“La gobernadora, que dijo que no se iba a intervenir con nosotros, después que sí lo hicieron nos dio la espalda y dice que no va a impedir las intervenciones del ICE. O sea, la que buscó los votos de la comunidad hasta debajo de las piedras, ahora nos da la espalda”, anotó Rodríguez. “El cónsul, que también hizo campaña por ella, también nos da la espalda”, señaló.

En respuesta a una petición de este medio, La Fortaleza planteó, a través del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que, “a pesar de que las redadas contra inmigrantes ilegales son iniciativas que están siendo ejecutadas solamente por el gobierno federal, la gobernadora convocó al componente de seguridad federal y abogó ante ellos por el trato digno a inmigrantes, el establecimiento de protocolos en lugares sensibles y que esto no interrumpa los trámites de aquellos que cumplen con la ley para conseguir su ciudadanía americana”.

El Nuevo Día también envió interrogantes al ICE y al cónsul dominicano, ante los señalamientos, pero no hubo respuesta.

Rodríguez planteó, por otro lado, que la comunidad de inmigrantes aguarda por una respuesta final del comisionado residente y recién electo presidente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández Rivera, en torno a la posibilidad de que los municipios liderados por alcaldes de la Pava sean declarados como santuarios.

En declaraciones escritas, Hernández Rivera indicó el lunes que la Asociación de Alcaldes aprobó una resolución en la que se comprometieron a ayudar a la comunidad inmigrante, pero no quedó claro el alcance de ese respaldo..

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La periodista Adriana Díaz Tirado colaboró en esta historia.