Al asumir su nueva función como jefe de la Alianza Pro Desarrollo Energético de Puerto Rico (ADE), el ex director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Ricardo Ramos anticipa “educar” a las entidades que supervisan la política energética –como el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)– en torno a las necesidades que identifica la industria para resolver, entre otros elementos, las deficiencias en la disponibilidad de generación eléctrica.

Ramos, recién anunciado como director ejecutivo de la organización que agrupa a productores de energía como Genera PR y otras empresas privadas, señaló que el fracaso de los procesos de licitación dirigidos a establecer proyectos industriales de energía renovable es evidencia del desconocimiento que ha imperado entre las figuras encargadas de tomar decisiones y ejecutar la política pública.

“Hay muchas cosas que se pueden ajustar y ayudar a que esas ofertas sean más competitivas. Por ejemplo, se están solicitando unas garantías financieras que realmente van mucho más allá que el resto de la industria, en otros países, solicita. Pues vamos a bajar un poco esas garantías financieras y ayudemos a que el desarrollador pueda moverse adelante. En ocasiones, el desarrollador ha dicho: ‘puedo cumplir, pero necesito que extiendas el tiempo de comenzar mi construcción por seis meses’, y la contestación ha sido que no”, afirmó Ramos, quien dirigía la AEE cuando Puerto Rico sufrió el embate del huracán María, que dejó hogares sin luz por hasta 11 meses.

En octubre, el NEPR canceló el tercer tramo de solicitudes de propuestas para proyectos de energía renovable a gran escala, al sostener que todas las ofertas recibidas excedían los umbrales de costos razonables. En las primeras dos rondas de licitación, adjudicadas en 2022 y más temprano este año, los proyectos contratados tampoco alcanzaron las metas de capacidad de generación que dispuso el Plan Integrado de Recursos (PIR) del sistema eléctrico aprobado en 2020.

“La comunicación es malísima con los desarrolladores de proyectos de energía renovable para poder obtener contestaciones a sus preguntas. Eso lo que crea es desconfianza, (así como) los cambios constantes. En el primer ‘tranche’ (tramo de licitación) se dijo: ‘esto es para que el mercado hable’. Cuando (las ofertas) llegaron más altas de lo que esperaban, impusieron un precio, y ahí se dañó el proceso”, comentó Ramos.

Asimismo, el ingeniero sostuvo –como otros analistas– que el sector eléctrico parece carecer de una estructura clara entre las diversas entidades que intervienen, que además de la JSF y el NEPR incluye a la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y los operadores privados LUMA Energy y Genera PR.

La junta directiva de ADE está conformada por ejecutivos de Genera PR, las cogeneradoras AES Puerto Rico y EcoEléctrica y Ciro, dueña de una finca solar en Salinas y de otro proyecto industrial actualmente en desarrollo.

Cuando se anunció públicamente la ADE en mayo pasado, el grupo advirtió que Puerto Rico se enfrentaba al denominado “trilema” energético, que alude al desafío de simultáneamente lograr un sistema eléctrico más confiable, limpio y barato, bajo la teoría de que, al impulsar alguno de los tres componentes, se sacrifica otro.

Desde esa perspectiva, Ramos señaló que en la revisión del PIR –un trámite en manos de LUMA y supervisado por el NEPR– debe adoptarse un acercamiento más flexible, que no cierre la puerta a alternativas que no se alineen con elementos de la política pública vigente, como la meta de llegar a un 40% de energía renovable el año entrante, cuya viabilidad ya se descarta, cuando al presente ronda el 5%.

“Es una condición que, lo que hacía que el proceso convergiera en una condición óptima, ya no lo es. Te saca de ahí. Uno de los postulados que queremos traer al ruedo es que corramos el proceso (del PIR) como tal, científicamente, y ver las soluciones (que surjan) de ese proceso, y entonces vamos a discutir con los ‘stakeholders’ (partes interesadas), el gobierno, la comunidad y el pueblo qué cambios le podemos hacer a esa solución óptima y ver la implicación”, acentuó.

A mediano plazo, Ramos vislumbra un sistema de generación que incluya hasta 1,500 megavatios (MW) de generación fósil adicionales –principalmente a base de gas natural e hidrógeno– que sustituyan las plantas que se retiren en la próxima década, junto a una capacidad similar de producción proveniente de proyectos renovables a gran escala, que complementarían la producción de energía solar en techos residenciales y comerciales.

Esa proporción, en principio, quedaría todavía distante de los objetivos de energía renovable que dispone la ley para 2040, cuando el 60% debe provenir de fuentes limpias. Para alcanzar ese umbral, se estima que el país debe contar con aproximadamente 6,000 MW de fuentes renovables junto a una enorme capacidad de almacenamiento.

“A la ley, tal vez, haya que hacerle algunas modificaciones porque, al paso que vamos, no se van a cumplir. Tratar de cumplir a la fuerza lo que hace es sacarte de poder resolver el trilema”, afirmó.