Al coro de “la medición neta se respeta”, un grupo de manifestantes y representantes de la industria solar exigieron este sábado, frente al edificio de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que el organismo desista de su intento de revertir la Ley 10-2024, que extiende por siete años el programa que ofrece créditos a los clientes que producen y exportan su propia energía.

“Ha habido estados donde la medición neta ha sido trastocada y lo que ha ocurrido es que han colapsado o se han reducido las inversiones (en sistemas de energía solar). No queremos ver que eso ocurra en nuestro país, porque estamos apuntando a que la transición (a) energía limpia es a través del sol, de la democratización del sistema eléctrico, que individuos como yo, residentes, podamos tener en nuestros hogares los paneles solares”, expresó Jacqueline Torres, una consultora retirada residente de Guaynabo.

Torres relató que el sistema instalado en su hogar, además de garantizarle el suplido eléctrico ante los constantes apagones que experimenta el país, le permite asistir a sus vecinos cuando se registran estas interrupciones.

En su caso, sostuvo que conoce los beneficios de la energía solar desde que, a finales de la década de 1990, cuando residía en Aguas Buenas, adquirió una batería de almacenamiento cuando esta tecnología apenas daba sus pininos en Puerto Rico.

“Era una de estas baterías grandes, de gel, que los paneles eran más ineficientes”, recordó, abundando que los incentivos de la medición neta son una de las claves para la planificación financiera en su hogar, toda vez que su esposo anticipa jubilarse próximamente.

“Hicimos un ejercicio de que, con ese excedente de crédito (por la energía que se exporta a la red), nos permitía pagar por el sistema que adquirimos”, subrayó.

En julio, la JSF demandó al gobierno de Pedro Pierluisi para revertir la Ley 10, firmada en enero, que mantiene los beneficios vigentes del programa de créditos de medición neta para todos aquellos prosumidores que interconecten sus sistemas en o antes de 2031. Según la JSF, la medida interfiere con los poderes reguladores del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), mientras señala que el esquema actual de beneficios transfiere desproporcionadamente los costos de mantener la red eléctrica a los clientes sin acceso a sistemas propios de generación.

En sus escritos al Tribunal Federal, el organismo fiscal ha insistido que, de anularse la Ley 10, no se verían afectados los prosumidores existentes, como Torres, toda vez que el incentivo modificado se aplicaría prospectivamente.

El programa de créditos de medición neta se legisló originalmente en 2007, pero, en 2019, la Ley de Política Pública Energética dispuso que en cinco años –es decir, en 2024– el NEPR debía hacer un análisis de los costos y beneficios para decidir si mantenía o modificaba los beneficios. Ese término fue enmendado por la Ley 10, que pospuso la revisión hasta 2030, y cualquier cambio en el programa hasta, al menos, un año después.

La manifestación de este sábado, frente a la avenida Luis Muñoz Rivera, fue convocada por la organización Solar United Neighbors (SUN), que promueve el acceso a energía solar a nivel comunitario. El director ejecutivo de SUN en Puerto Rico, David Ortiz, rebatió el argumento de la JSF de que la eliminación de la Ley 10 no tendría efecto sobre los cerca de 140,000 prosumidores existentes.

“Va a afectar la economía, va a afectar a gente con sistemas solares y a gente sin sistemas solares, que dependen de esa energía renovable que está entrando más barata, más eficiente y que está evitando apagones. De la medición neta no se beneficia solo quien tiene un sistema o la industria”, puntualizó Ortiz, cuya organización intervino como amigo de la corte en el pleito que se dirime bajo el Título III de la ley Promesa, a través del cual la Autoridad de Energía Eléctrica atiende su reestructuración financiera.

Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento, que agrupa a compañías de instaladores solares, subrayó la importancia de que, en caso de una determinación adversa a la Ley 10, la administración de la gobernadora electa Jenniffer González se comprometa a elevar la controversia al Primer Circuito de Apelaciones en Boston.

“La solución hoy es que la Junta retire la demanda”, insistió Rúa Jovet, quien cree que el Tribunal podría emitir su sentencia en algún momento de diciembre.