Los padres y madres de 112 estudiantes de Educación Especial que reciben servicios en el Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada (IMEI), en Río Piedras, demandaron este martes al Departamento de Educación (DE) para que se le ordene inmediatamente hacer gestiones dirigidas a que puedan reanudarse los ofrecimientos y se asignen las partidas correspondientes para garantizar su continuidad.

El recurso legal sostiene que el DE y su secretaria, Yanira Raíces Vega, incumplieron “con sus deberes ministeriales, en este caso, en perjuicio de los derechos constitucionales y estatutarios de Educación Especial de los menores peticionarios limitándoles crasamente su derecho a la educación”.

El abogado Osvaldo Burgos, quien representa a las familias de la institución privada que provee servicios educativos y terapias a los menores, indicó a El Nuevo Día que el juez Anthony Cuevas Ramos citó a una vista para el próximo lunes, 23 de septiembre, a las 9:00 a.m., en la sala 904 del Tribunal de San Juan.

“Lo que estamos planteando en este recurso es que el DE tiene un deber ministerial de asegurar que estos niños reciban, primero, su derecho a la educación y sus servicios relacionados, y que no pueden estar siendo interrumpidos por trámites burocráticos o trámites administrativos”, dijo el licenciado.

El Nuevo Día solicitó declaraciones al DE, pero no se obtuvo respuesta de inmediato.

Desde el lunes, IMEI interrumpió sus servicios a 220 estudiantes del sistema público a los que atiende, en espera de una enmienda al contrato entre el DE y la institución académica, que, según la agencia, está bajo la evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para su aprobación final.

Al respecto, Sylvette Santiago, portavoz de la JSF, solo indicó este martes que el ente ha trabajado “diligentemente” para evaluar la enmienda al contrato desde que recibió la información completa, la tarde del jueves.

La demanda alega que limitar los servicios educativos y terapéuticos constituye “maltrato institucional”, a tenor con la Ley 57-2023 de Maltrato a Menores, además de “discrimen por impedimento físico o mental, y atenta contra los más elementales principios de derechos humanos” consagrados constitucionalmente.

Mediante el recurso, las familias afectadas no solo piden que se reanuden los servicios, sino que se garantice que la situación no se repetirá. Además, solicitan que se impongan sanciones contra el DE y un pago de $10,000 por daños y perjuicios.

“Tratándose de estudiantes del Programa de Educación Especial, cada día que pasan sin recibir sus servicios educativos y terapéuticos les causa daños irreparables. Los menores peticionarios han sufrido crisis emocionales al no poder regresar a su escuela y al ver interrumpidas sus rutinas de estudios y terapias”, reza la demanda.

Burgos informó que todos los estudiantes demandantes recibieron cartas del DE ubicándolos en IMEI para recibir sus servicios educativos y terapéuticos, desde agosto de 2024 hasta junio de 2025.

“La parte demandada ha sido negligente y temeraria al emitir cartas de ubicación de estudiantes en IMEI sin asegurarse de asignar las correspondientes partidas presupuestarias para cubrir los costos correspondientes a los servicios educativos y relacionados que deben recibir los estudiantes allí ubicados por compra de servicios y al no tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios”, indica el recurso judicial.

IMEI informó a la comunidad, la semana pasada, que interrumpirían los servicios educativos y de terapias que allí reciben estudiantes de Educación Especial a partir del lunes, en espera de la aprobación de la enmienda al contrato.

“El referido contrato, de ordinario, es objeto de enmiendas de parte del DE, quienes unilateralmente asignan fondos y partidas para cubrir los servicios ofrecidos a la matrícula de compra de servicios”, lee una carta enviada a padres, madres y encargados, el 10 de septiembre, y firmada por la directora ejecutiva del IMEI, Susana Arinello de González.

“Compra de servicios” es el término que se utiliza cuando un estudiante de Educación Especial es matriculado en una institución educativa privada, pagada con fondos del DE, ya que la agencia no puede atender sus necesidades en una escuela pública.

El DE tiene un contrato con el IMEI, por $6 millones, que vencía el 30 de junio. Fue enmendado, en marzo, para sumar otros $3.6 millones y, luego, para extender su vigencia hasta el 30 de septiembre, por $111,000 adicionales, de acuerdo con la información disponible en el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

La actual enmienda al contrato del pasado año fiscal añadiría otros $2 millones. La secretaria asociada de Educación Especial, Noelia Cortés Cordero, explicó recientemente que se trata de cambios típicos que se hacen a lo largo del año escolar, ya que el monto facturado por la institución cambia según los servicios aprobados para los estudiantes y cantidad de alumnos que atienden.

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REFERENCIAS:

Ley 57-2023