Dos organizaciones portavoces de las familias que son parte del pleito de clase del caso Rosa Lydia Vélez, incoado hace más de cuatro décadas, rechazaron este miércoles la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para “liquidar” las reclamaciones presentadas en el caso contra el Departamento de Educación por la falta de servicios adecuados de Educación Especial.

El Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, y la Alianza de Autismo de Puerto Rico denunciaron, mediante comunicado, que la JSF y el gobierno “pretenden liberarse de su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a miles de niños, niñas y sus familias en el caso más trascendental sobre la violación a los derechos humanos tras décadas de continuo abuso y privación del derecho a la educación”.

Carmen Warren, portavoz del Comité Timón, y Joyce Dávila, directora de la Alianza de Autismo, anunciaron que el martes se presentó ante la jueza Laura Taylor Swain –a cargo del proceso judicial de quiebra de Puerto Rico– una moción objetando la propuesta de la JSF.

En dicha moción, plantean que la representación legal de la JSF notificó directamente a los reclamantes la moción de propuesta “ignorando abiertamente a los representantes legales de las personas reclamantes”. Además, entre otras cosas, argumentan que la propuesta supone una violación al proceso que establece la ley Promesa “al pretender realizar una oferta unilateral sin haber agotado el mecanismo de mediación o resolución de conflictos que allí se establece”.

De esa forma, los representantes legales de la mayoría de los reclamantes solicitaron a la jueza Swain que deniegue y descarte la moción sobre propuesta transaccional de la JSF.

La JSF propuso hacer una oferta de $25,000 por familia a cambio de que se desista de cualquier reclamación o demanda contra el gobierno central, sus agencias, instrumentalidades, funcionarios, directivos o cualquier empleado relacionado con el litigio de Educación Especial.

Sin embargo, esa no sería la cantidad de dinero que recibirían las familias. Conforme al Plan de Ajuste, la oferta está sujeta a un descuento por considerarse una obligación no asegurada del gobierno central. El monto a recibir sería $5,100, equivalente al 20.4% de la oferta, según el abogado José Torres Valentín, representante legal de la mayoría de los reclamantes.

Por su parte, Warren y Dávila indicaron que los daños reclamados en el pleito ascienden al máximo que reconoce la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, que es $75,000 por persona o $150,000 por familia, cuando existe más de un reclamante.

Además, cuestionaron que la moción de la JSF se presentara el 6 de noviembre, un día después de las elecciones generales, lo que, a su entender, “demuestra un acto político fríamente calculado, conociendo que, de haberla realizado durante el período eleccionario, seguramente hubiese tenido un alto costo político”.

El Nuevo Día solicitó una reacción a la JSF, pero al momento no ha obtenido respuesta.

La propuesta del organismo rector busca poner fin a décadas de litigio por las reclamaciones derivadas del caso Rosa Lydia Vélez, por la falta de servicios adecuados de Educación Especial bajo Educación.

Para concretar la mencionada proposición, la JSF solicitó a la jueza Swain la creación de un procedimiento especial para Educación Especial para notificar a los reclamantes.

En la moción, el ente detalló que hay unas 6,500 reclamaciones radicadas, previo al 2017, en cortes estatales a través de la fase de daños del caso Rosa Lydia Vélez y estas serían las familias que recibirían la notificación sobre el acuerdo mediante el procedimiento especial que propone la JSF.

Mientras, el Comité Timón y la Alianza de Autismo solicitaron a la gobernadora electa Jenniffer González y a los líderes legislativos que intercedan en la controversia, “tal como se comprometieron, a favor de los niños, niñas y jóvenes de Educación Especial, este gran sector de nuestra sociedad puertorriqueña, y que sus palabras se conviertan en actos afirmativos a favor de la justicia”.

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Con información de la periodista Keila López Alicea.