Timoneadas por banderas de Haití y República Dominicana, unas 100 personas marcharon este jueves desde el Tribunal Federal hasta La Fortaleza, en el Viejo San Juan, en rechazo a las violaciones de derechos humanos y la separación familiar que le atribuyen a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, así como para exigir protecciones para esta población en Puerto Rico.

“Nos están buscando en las casas, nos tumban las puertas y las propiedades de esos inmigrantes se las roban. Es una crisis de grandes proporciones. Estamos pidiéndole a la gobernadora (Jenniffer González) que muestre el lado humanitario de su administración”, manifestó José Rodríguez, portavoz del Frente Unido Contra las Políticas Migratorias de Donald Trump.

El también director del Comité Dominicano de Derechos Humanos destacó que más de 50 organizaciones de diversos sectores, incluido el religioso, se unieron a la manifestación.

“Nos convoca el amor por nuestras y nuestros hermanos migrantes. Nosotros no nos vamos a quedar callados. La dignidad del ser humano es inviolable, no depende de su estado migratorio, su raza o su acento”, esbozó, por su parte, la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva del Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Martínez Orabona planteó que reclaman que se avale en la Legislatura el Proyecto de la Cámara 331, que busca establecer una política pública con garantías mínimas de protección a los inmigrantes en Puerto Rico, como crear espacios sensibles. Esta medida, radicada por el Partido Independentista Puertorriqueño a petición de la ACLU, ya fue avalada también por el Partido Popular Democrático y esperan que representantes del Partido Nuevo Progresista la apoyen.

“Familias unidas; nunca divididas”, coreaban los manifestantes en su caminata. A esta consigna, se unieron otras como “Trump, escucha, estamos en pie de lucha. Jenniffer, escucha, estamos en pie de lucha”.

Con una pava adornada con banderas haitianas –en símbolo de la unión entre Puerto Rico y Haití–, Leonard Prophil, haitiano radicado en Puerto Rico, relató cómo las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) han atemorizado a sus compueblanos jóvenes, que temen ir a sus citas médicas o salir a trabajar.

“Recientemente, he recibido llamadas de jóvenes haitianos que se encuentran en un estado de depresión y ansiedad. Ante el miedo de ser deportados, esos jóvenes han considerado el suicidio como escape a su realidad. No se atreven a salir de sus hogares por el miedo de ser arrestados”, denunció el activista.

Hasta el 20 de febrero, ICE reportó a El Nuevo Día que había arrestado a 107 personas con estatus migratorio no definido en Puerto Rico, entre ellos, dominicanos, haitianos, guatemaltecos y mexicanos, entre otras nacionalidades.

En entrevista previa, la directora de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), Rebecca González, aseguró que existen protocolos para proteger los derechos civiles de los detenidos y, además, indicó que, principalmente, los operativos son dirigidos a personas con historial criminal y que tengan órdenes de deportación.

Aun así, Martínez Orabona denunció el racismo y la xenofobia en las redadas por casos que han documentado de intervenciones hostiles, “en donde se sigue un perfil racial para discriminar por ser una persona negra, pobre, y, en el caso nuestro, por ser dominicana, haitiana o de distintas otras nacionales, pero, mayoritariamente, latinoamericanas”.

La psicóloga clínica Ángeles Acosta enfatizó los efectos negativos de la separación familiar entre migrantes, muchos de los cuales salen de sus países con traumas vividos en contextos de violencia.

“Aunque el contexto político permuta, sus efectos siguen presente en las vidas de quienes han sido forzados a migrar. Desde la perspectiva sicológica y de derechos humanos, es urgente analizar el impacto en las familias migrantes”, recalcó, frente a la alcaldía de San Juan, en la Plaza de Armas.

Uniéndose a los reclamos de solidaridad entre las Antillas, la directora del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón, recordó que el 60% de los migrantes son mujeres, quienes sostienen a muchas familias en Puerto Rico y su país natal.

“No están solas. No estamos solos. Su vida está primero que todo. Están deshumanizando a los trabajadores y trabajadores de todo Estados Unidos y Puerto Rico. No podemos seguir permitiendo que esto siga escalando”, reclamó la líder feminista.

La licenciada Viviana Díaz Saviñón, experta en recursos legales migratorios, resaltó, en tanto, el impacto de las redadas en las comunidades, y recordó al gobierno de Puerto Rico “que tiene una Constitución que ofrece igual protección de las leyes a todo el que está en el territorio”.

“Estamos viendo violaciones flagrantes a los derechos civiles y humanos de los inmigrantes. Quiero hacer un llamado al Cuerpo Consular, ya que la Convención de Viena les llama a proteger a sus nacionales, a todos. Ya es hora que el Cuerpo Consular pida una reunión con las autoridades federales y las organizaciones que defienden derechos civiles”, instó.

El Nuevo Día solicitó una reacción de La Fortaleza ante la manifestación y, al cierre de esta edición, no se había producido.