Tras recorrer en bote el caño Martín Peña, en San Juan, la presidenta del Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca, Brenda Mallory, reconoció este jueves la valiosa aportación del liderazgo comunitario en la toma de decisiones de proyectos de infraestructura complejos, e insistió en lo avanzado que está el proyecto del dragado de esta zona “prioritaria” para el Ejecutivo estadounidense.

“La participación comunitaria debería verse en cómo construimos nuestros proyectos, especialmente proyectos grandes y complejos. Escuchamos a muchas partes interesadas y diferentes decir que este es un gran modelo para incorporar a la comunidad desde el principio. Este es el tipo de modelo que nos resultaría muy útil cuando pensemos en otros proyectos que involucren a las comunidades (en Estados Unidos)”, dijo Mallory, desde el Centro Comunitario Buenavista, en Santurce.

Tras asegurar que ha pasado tres días “estupendos” en Puerto Rico, la funcionaria federal destacó que pudo apreciar la serie de esfuerzos comunitarios y de organizaciones sin fines de lucro en torno a la conservación, el cambio climático y la justicia ambiental en pueblos como Salinas, Río Grande y San Juan.

“Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con diferentes comunidades para asegurarnos de que las diferentes agencias estén al tanto de lo que dicen los miembros de la comunidad que se ven afectados por algunos de los cambios que se están produciendo, y alentarlos también a construir una relación a largo plazo con la gente”, aseguró Mallory, a raíz de la reunión que tuvo con la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña (Enlace) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés).

Según un cronograma presentado por el USACE, Mallory estimó que el dragado culminará en 2030. El multimillonario proyecto tiene una fórmula de subvención de un 65% por aportación federal y el restante 35%, del gobierno local. En enero de 2022, el gobierno federal asignó $163 millones para el dragado y la canalización.

El director ejecutivo de Enlace, Mario Núñez, detalló que ya se adjudicó el contrato para la segunda fase del proyecto, que comenzaría en enero de 2025 y contempla el reforzamiento de las bases de los puentes Martín Peña y Muñoz Rivera y el del Tren Urbano. El líder comunitario espera la tercera fase inicie a principios de 2026, y consiste en “meter maquinaria en el cuerpo de agua para la remoción de todo lo que es sedimento-basura a 10 pies de profundidad”.

“La comunidad ha estado aquí, desde el día uno, en los procesos de conceptualización, diseño y planificación. En el nivel donde estamos, ya vemos procesos de ejecución, no solamente de los trabajos de dragado, sino también de la infraestructura que se necesita en las comunidades, como los sistemas sanitarios, los potables, los pluviales, paseos y el desarrollo de vivienda”, sostuvo.

De todos modos, planteó que todavía quedan sobre 400 familias por entrar en el proceso de realojo. “Para eso, tenemos que desarrollar vivienda, de manera que podamos cumplir con el mandato de la Ley 489 de 2004, que es proveerle (hogares) a las familias que se van a ver impactadas”, puntualizó.

Mientras, Mallory explicó que su rol es asegurar que todas las agencias “se muevan a la misma dirección” al implantar políticas que afecten los recursos naturales. Además, comentó que tiene supervisión de dependencias federales como la Agencia de Protección Ambiental y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, entre otras.

Aseguró que el archipiélago está entre las prioridades de su agenda ambiental, al destacar que “esta administración ha invertido mucho en Puerto Rico”. “Cuando se emitió la Ley de Financiación de Infraestructura bipartidista, se obtuvo una financiación significativa en cosas como ayudar a reconstruir el sistema energético. Puerto Rico está muy preparado para que la energía renovable se mueva y se ha incluido financiación para eso”, enfatizó sobre otros proyectos de envergadura.