Genera PR pidió al Tribunal de Apelaciones que revoque una resolución y orden del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que expone a la empresa a sanciones económicas por presuntas “falsas representaciones” asociadas a un proyecto para la compra de unidades de generación de emergencia, alegando que el organismo no le concedió el debido proceso de ley ni le notificó adecuadamente de sus mecanismos para impugnar las penalidades.

Como parte de sus argumentos ante el foro judicial, Genera PR afirmó que, de sostenerse las exigencias del NEPR para la ejecución del proyecto de adquisición e instalación de las unidades generatrices, el efecto práctico sería la paralización de las negociaciones con los “proponentes y subcontratistas” implicados.

La revisión judicial solicitada el martes por Genera PR se presenta apenas días después de que el Apelativo resolviera a favor del NEPR en un caso incoado por LUMA Energy, que buscaba que se reconsiderara la decisión del ente regulador en torno a los parámetros para poder devengar las bonificaciones por rendimiento incluidas en su contrato para operar el sistema de transmisión y distribución eléctrica.

En su recurso, Genera PR señala presuntos errores del NEPR al no incluir, en sendas resoluciones del 17 de septiembre y 11 de octubre, la advertencia sobre los términos que la empresa tenía para solicitar revisión administrativa o judicial de su decisión. Asimismo, alega que, al disponer la posibilidad de multas si se incumple con el calendario o los términos económicos del proyecto de instalación de unidades de generación, el NEPR atenta contra los “intereses propietarios” y la “libertad” de Genera PR sin celebrar una vista evidenciaria.

Según Genera PR, las resoluciones del NEPR afectan su reputación como empresa y la capacidad de obtener “beneficios futuros u oportunidades comerciales”.

La adquisición de las llamadas unidades pico –que se encienden cuando la demanda eléctrica amenaza con exceder la disponibilidad de generación– fue un proyecto heredado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que había estimado que costaría $613 millones y que estaría en operaciones a finales de 2025. Al entrar en funciones, en verano de 2023, Genera PR recibió el aval del NEPR para modificar la solicitud de propuestas que la AEE había encaminado, bajo la premisa de que podría recortar los costos y lograr una ejecución más rápida.

Sin embargo, en julio, Genera PR reconoció al NEPR que el costo proyectado se había disparado hasta los $911 millones y que las 10 unidades entrarían en servicio de forma escalonada a lo largo de 2027.

Tras recibir esa información, el NEPR concluyó que Genera PR había incurrido en “falsas representaciones” (“misrepresentations”) y le ordenó al administrador de la flota generatriz que concluya el proyecto no más tarde de junio de 2026, un término que, de incumplirse, podría acarrear multas diarias de hasta $25,000. Asimismo, señaló que cualquier sobrecosto que no se sufrague con fondos federales tendrá que cubrirse con la compensación fija que Genera PR cobra según su contrato, sin transferirse a los consumidores.

Según Genera PR, el NEPR no definió en ningún momento el concepto de “falsas representaciones” ni consideró, en sus resoluciones, que la compañía había cumplido con todos los requerimientos de información. Tal como hizo ante el NEPR, la empresa sostuvo ante el Apelativo que los retrasos e incrementos en costos respondieron a factores “exógenos fuera del control de Genera”.

“Si este honorable tribunal no revoca la resolución y orden del 17 de septiembre de 2024 (es decir, si el NEPR no permite acuerdos que se ajusten y alineen con los calendarios de entrega presentados por los proponentes y subcontratistas en un proceso competitivo), entonces, el proceso muy probablemente se detendrá”, afirmó el escrito.

La semana pasada, Genera PR anunció que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) adjudicó $459 millones para el proyecto de adquisición de las unidades pico. Posteriormente, el vicepresidente de Asuntos Públicos de Genera PR, Iván Báez, dijo a El Nuevo Día que la partida asignada solo cubre una “primera fase” de la transacción, y que más adelante se aprobarán cantidades adicionales que financiarían las etapas subsiguientes del proceso de compra e instalación.