El gobierno de Puerto Rico, en su oposición a la sentencia sumaria que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó para anular el estatuto que extiende los beneficios del programa de medición neta hasta 2031, arguyó que el organismo malinterpreta el alcance de la Ley 10-2024 y que, contrario a sus alegatos, no existe ninguna violación a los planes fiscales vigentes, toda vez que estos no consideran en sus cálculos cambio alguno al incentivo para los abonados que generan y exportan su propia energía.