Ante los reclamos de residentes en Puerto Nuevo por que se detenga la instalación de una valla publicitaria en una vivienda de esa comunidad, propiedad del ex secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP) Héctor Morales Vargas, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) refirió este miércoles el caso a la Junta de Planificación y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores para que indaguen el desarrollo de la obra.

“La información vertida por el proponente y sus profesionales a cargo de la obra deben ser acorde a lo solicitado, y cualquier desviación del proceso acarrea consecuencias legales, tanto contra el proponente como contra el ingeniero que certifica la misma”, advirtió la OGPe por escrito.

Según la agencia, el permiso original para la construcción se concedió, en 2021, usando como base permisos expedidos anteriormente para la edificación y operación de un “hospedaje especializado”.

“Hace más de dos años que iniciamos los procesos de permisos para la construcción del ‘billboard’ y, según exige la reglamentación, pusimos rótulos frente a la propiedad”, indicó, por su parte, Morales Vargas a El Nuevo Día.

Añadió que la semana pasada enviaron a los vecinos una notificación escrita sobre la construcción. Sin embargo, este medio tuvo acceso al aviso, que solo alude a “trabajos en la propiedad”, y no menciona la instalación del “billboard”.

“El reglamento de permisos no requiere que los vecinos estén conformes”, puntualizó Morales Vargas, expresidente de la Junta de Planificación.

La vivienda de Morales Vargas es también una propiedad de alquiler a corto plazo y figura en la aplicación Airbnb como “Casa Florecer”.

El Municipio de San Juan multó el martes, por una suma de $13,000, a la empresa Pro-Steel Services Corp. por no contar con los permisos requeridos para cerrar las calles para dar paso a la construcción, confirmó la alcaldía. Sin embargo, el mismo día, la administración municipal permitió al contratista continuar con las labores.

El alcalde Miguel Romero argumentó que el municipio no tiene jurisdicción sobre los permisos que se otorgan para la construcción de vallas publicitarias, y subrayó que corresponde a la OGPe otorgar las certificaciones.

“Quien les da el permiso para la colocación de la valla es el Estado, por eso es que nosotros hemos estado pidiendo que la ley, en algún momento, se enmiende para que, en este tipo de cosas que inciden en la calidad de vida de la gente, se nos permita tener algún tipo de injerencia”, argumentó, en un aparte con periodistas, durante una conferencia de prensa, cuyo audio fue suministrado a El Nuevo Día.

De igual forma, la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan objetó, en junio de 2021, la construcción de la valla publicitaria, destacó el ayuntamiento en su cuenta de X (antes Twitter). “La orientación de esta pantalla publicitaria alcanza zonas residenciales y su luz intermitente puede causar molestias a residentes de estas áreas”, precisa un documento divulgado en la red social, que, a su vez, rechaza la estructura porque puede afectar la salud pública, al contribuir a la contaminación visual y ser una posible distracción para los conductores.

Por otra parte, cuando se disponían a excavar la tierra para colocar el poste el martes, los contratistas perforaron un tubo de seis pulgadas de agua potable, lo que dejó sin el servicio a cerca de 50 viviendas, indicó Roberto Martínez Toledo, director ejecutivo de la Región Metro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Martínez Toledo explicó que todo contratista que haga un trabajo de excavación debe reportarlo al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), por lo que investiga si se cumplió con este requisito.

“El reclamo es que se paralice”, denunció, por su parte, Susannah Kinard, trabajadora social y líder comunitaria del sector, quien también informó que la mayoría de la población allí son adultos mayores.

“Ellos instalaron un tubo para un ‘billboard’ que no nos explicaron qué era, no nos reunieron, no contaron con la calle para saber qué se iba a hacer. Vinieron con su equipo su maquinaria y empezaron a poner el tubo. Todas esas luces nos afectan. Ese tubo se tiene que remover de ahí. No lo queremos”, contó René Ríos Figueroa, cuya vivienda se ubica justo al lado de la controvertible valla publicitaria.

“La ley es bien dolorosa. Él tiene un permiso. Se lo concedieron, y hay unos reglamentos bien vagos. Nos hemos dado cuenta de que nos vamos a enfrentar a un Goliat”, expresó, en tanto, Kinard.