El presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Francisco Berríos Portela, aseguró este martes que los jubilados de la corporación pública no verán una interrupción en los pagos de sus pensiones en los próximos meses, pero no pudo precisar cuáles serían las alternativas para evitar el precipicio que se proyecta para enero, ante el agotamiento del préstamo de $300 millones otorgado por el gobierno central en 2023.

Luego que la AEE pidiera al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), el viernes, que iniciara un “procedimiento expedito” para identificar los fondos que garanticen la continuidad de los pagos de pensiones, el ente regulador replicó el lunes concediendo dos días para que la corporación pública reasigne partidas de su presupuesto o, en la alternativa, trabaje junto a LUMA Energy para encontrar otra fuente de financiamiento, que pudiera incluir un aumento de emergencia en la tarifa eléctrica.

“Obviamente, le corresponde al Negociado y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) asegurarse que haya continuidad pero, en ese sentido, el gobierno cumplió con la responsabilidad de alertar desde antes que llegue la fecha límite para que se tomen medidas, que se identifiquen los mecanismos para poder cumplir con el cumplimiento de esas responsabilidades”, señaló Berríos Portela, en un encuentro con periodistas.

“Yo no anticipo, de ninguna manera, que vaya a haber un cese en cuanto al pago de las pensiones. Ciertamente, lo hemos podido trabajar durante estos cuatro años sin impactar a los consumidores, y es un mecanismo, solamente, de que a nivel administrativo corresponde levantar bandera, identificar que hay que actuar (y) buscar los mecanismos para darle continuidad al pago de esas pensiones”, añadió el funcionario, quien también funge como secretario auxiliar de Asuntos Energéticos de La Fortaleza.

De acuerdo con la moción que la AEE sometió el viernes, el Sistema de Retiro cubre actualmente pagos a 10,098 jubilados y otros 2,438 cónyuges. El costo mensual de las obligaciones ronda los $24 millones, el monto que se tendría que identificar a partir de enero.

Aunque el NEPR delegó en la AEE la responsabilidad de identificar la alternativa para garantizar los pagos de pensiones, la corporación pública señaló –con el apoyo de múltiples comunicaciones escritas que datan desde inicios de 2024– que el precipicio responde a una orden de la JSF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal a los fines de que dejara de destinar los reembolsos recibidos del gobierno federal al fondo de pensiones. En su lugar, la AEE sostiene que se vio en la obligación de transferir sobre $445 millones de sus reembolsos a las cuentas operacionales de LUMA.

El mes pasado, trascendió públicamente la agria disputa por el manejo presupuestario, en la que LUMA le imputa a la AEE incumplimientos con el financiamiento de sus cuentas, mientras la corporación pública ha ripostado que la crisis de liquidez obedece a que el consorcio ha fallado en obtener reembolsos por los proyectos federales que ha realizado, por lo que ha sido incapaz de resarcir su fondo operacional.

Según la AEE, incluso tomando en cuenta casi $421 millones recibidos por LUMA en adelantos de capital de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, existe una deficiencia de $600 millones entre los gastos en que la empresa ha incurrido y los fondos que ha podido recuperar.

“Es importante recalcar que la quiebra e insolvencia de la AEE han sido documentadas por años, y su incapacidad de cumplir con sus obligaciones, incluyendo las pensiones, viene de mucho antes de la existencia de LUMA. Sugerir lo contrario es sin fundamento, irresponsable y erróneo. Los comentarios falsos como estos también minimizan la importante misión que todos tenemos: construir un mejor futuro energético para el pueblo de Puerto Rico”, expresó LUMA en unas declaraciones escritas el martes.

En noviembre de 2023, cuando la JSF autorizó el préstamo de $300 millones del gobierno central a la AEE para cubrir los gastos de pensiones, se anticipaba que la bancarrota de la corporación pública se resolvería este año, pero ahora se prevé que el litigio bajo el Título III de la ley Promesa se extienda, al menos, hasta entrado 2025.

La posibilidad de que se extienda otro préstamo “es una de las alternativas, (como) se trabajó durante esta administración. Está por verse qué alternativas puede trabajar la administración entrante (de Jenniffer González) junto a la JSF y el NEPR”, sostuvo Berríos Portela.