La Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) tronó contra la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), luego de que el ente fiscal informara que la entrada en vigor de su convenio colectivo está en suspenso debido a la presunta falta de información para evaluar su impacto.

El presidente de la Heend, Carlos De León, manifestó que el convenio colectivo entró en vigor el 1 de julio, luego de ser firmado entre la organización que agrupa a empleados no docentes y la UPR el 31 de mayo.

El liderato de la Heend criticó lo que llamó “la posición sumisa” asumida por el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, y el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana, ante la JSF. Ante esto, anunciaron que el lunes, 21 de octubre, reunirán a sus miembros en todos los recintos de la UPR para tomar “las medidas necesarias para garantizar que lo negociado, negociado está”.

“Advertimos que si la administración universitaria no protege el proyecto más importante de nuestro país, incluyendo lo negociado, los trabajadores y trabajadoras la defenderemos, y en particular, defenderemos nuestro convenio colectivo. Por tanto, nos vemos en la calle”, manifestó De León, en declaraciones escritas.

La JSF envió, el viernes, una carta al presidente universitario señalando que carecía de suficiente información para evaluar el pacto con la Heend, cuyas negociaciones entre el sindicato y la institución se han extendido por años. En la carta, la JSF pidió a la UPR que remitiera la información correspondiente a cada empleado cubierto por el convenio propuesto, incluyendo las posiciones, estatus laboral, tiempo de servicio, salario por hora, mensual y anual y beneficios marginales. Asimismo, solicitó una tabulación de las cantidades de empleados a tiempo completo y parcial y un cálculo de los salarios promedios por categoría.

Según la comunicación, la UPR deberá entregar la información en o antes del próximo viernes. Ferrao Delgado informó que la UPR cumplirá con la entrega de la información.

Como parte de las negociaciones, se acordó que los empleados no docentes recibirían una bonificación de $3,000, para lo que la JSF autorizó una partida de $12.3 millones que se desembolsarían en dos plazos, uno a final del año fiscal 2023-2024 y otro antes del 28 de febrero de 2025.

“Nuestro patrono es la administración de la Universidad de Puerto Rico… Nosotros negociamos con la administración universitaria. Quien se está subyugando mansamente ante la Junta de Control Fiscal es el presidente Ferrao, quien nos ha admitido en más de una ocasión que él no la quiere molestar”, señaló De León.

De León recalcó que la Heend presentó ya querellas por prácticas ilícitas contra la UPR ante la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo por la negativa a implementar el convenio colectivo y por no aumentar el salario mínimo a $10.50 la hora a empleados que están por debajo de ese pago.

Asimismo, la vicepresidenta de la Heend, Lorraine Mejías, sostuvo que la JSF ataca los derechos adquiridos de los trabajadores universitarios.

“El convenio colectivo, en lo que hasta hoy entendíamos había sido una negociación de buena fe por parte del patrono, fue ratificado por la Junta de Gobierno y firmado por el presidente Ferrao. Pero, la actitud de docilidad y complicidad de la administración ante la JCF en no defender la Universidad del estado, refleja que nunca quiso negociar de buena fe”, expresó Mejías, en comunicado de prensa.

La Junta de Gobierno de la UPR aprobó el convenio colectivo que cobija a la Heend el pasado 30 de mayo, un día antes el sindicato iniciara una huelga.

La matrícula de la Heend aprobó, el 22 de febrero, un voto de huelga para exigir a la UPR el cumplimiento del convenio colectivo y el pago de una bonificación no recurrente de $3,000. Ante lo que consideraron una inacción por parte de la administración universitaria, la organización realizó varias manifestaciones en diferentes recintos, las cuales se detuvieron al llegar a un acuerdo con el presidente de la UPR para el desembolso.

En marzo, la JSF aprobó transferir $12.3 millones a la administración universitaria para cumplir con el bono de $3,000 para los empleados no docentes. Estos se dividen en $8.2 millones para este año fiscal y una partida de $4.1 millones que será desembolsada en o antes del 28 de febrero de 2025.

“Si la Junta de Gobierno y el gobernador (Pedro Pierluisi) no atienden nuestros reclamos, nos veremos forzados a cerrar recintos”, estableció, en mayo, De León.