Un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló este lunes posibles violaciones de ley en las operaciones fiscales del Departamento de Salud del Municipio de San Juan, al detectar pagos indebidos, en exceso y sin que mediara contrato.

El informe, que examina gestiones de contratación, desembolsos y cuentas por cobrar, cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2022, por lo que abarca las administraciones de la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz y el alcalde Miguel Romero.

La contralora Yasmín Valdivieso indicó que los hallazgos, que incluyen “posible malversación y apropiación ilegal de fondos públicos por parte de la pagadora especial” fueron referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 29 de agosto del 2023.

“Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la contratación, desembolsos y cuentas por cobrar, entre otros objetivos, no se realizaron en todos los aspectos significativos de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”, indica un comunicado de prensa de la contralora.

El Nuevo Día solicitó declaraciones al Municipio de San Juan, pero no se había recibido una contestación al momento de esta publicación.

De acuerdo con el informe, el Municipio de San Juan pagó $299,631 en exceso del 10% que dispone el Reglamento de Contratos del Municipio a un contratista que prestaría el servicio y personal de facturación y cobros de planes médicos para los servicios en el Hospital Municipal y en los nueves Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).

Además, el contrato, formalizado el 12 de julio de 2017, indicaba que prestaría los servicios en áreas de ropería, dietas, “ward clerks” (oficinistas) y asistencia en oficinas médicas. El contrato estableció que la corporación cobraría el 11% de lo recaudado mensualmente por la facturación y cobro a los planes médicos.

Asimismo, la contralora apuntó que “se pagaron $115,497 sin que mediara un contrato por servicios prestados del 1 al 11 de julio de 2017, y $22,665 por un error matemático en exceso de lo facturado”.

“Los pagos sin contrato son perjudiciales, ya que no hay un documento legal que establezca los derechos y las obligaciones de ambas partes, y los pagos en exceso no permiten que estos recursos se utilicen para otras necesidades de la ciudadanía”, advierte el parte de prensa.

Entre los 11 hallazgos del informe, figura también que dos corporaciones sin fines de lucro “realizaron trabajos sin autorización legal en el Hospital Municipal”. El documento solo las identifica como las entidades A y B, incorporadas en 2003 y en 2010, respectivamente.

Según la pesquisa, la corporación A, a cargo de la facturación y cobro de servicios médicos, y la corporación B, responsable de prestar servicios de medicina y cirugía, no tenían contratos o acuerdos escritos con el ayuntamiento.

“Del 1 de enero de 2017 al 15 de diciembre de 2021, la corporación A recibió $809,383 que no depositó en las cuentas del Municipio, sino en una cuenta privada de la corporación. De estos, el 88% corresponden a la administración de la exalcaldesa y 12%, al alcalde actual. La Ley 56 del Sistema de Asistencia Médico-Hospitalaria de 1969 dispone que estos fondos se deben depositar en cuentas del Municipio”, apuntó la contralora.

Asimismo, detalló que los auditores hallaron que una pagadora especial –puesto nombrado por el jefe de Finanzas– depositó seis cheques por $11,055 en su cuenta bancaria personal, que eran para reponer dinero en el fondo especial que rembolsa los incentivos para la transportación y dietas de los participantes de la Unidad de Investigación del Hospital San Juan.

“El 4 de octubre de 2021, se visitó el área para realizar un arqueo y la pagadora especial indicó que no tenía la llave para abrir la caja de seguridad. Luego, se acogió a licencia por enfermedad hasta el 24 de octubre de 2021. El 25 de octubre, la gerente de la División le indicó al director que la pagadora especial le había entregado los $7,000, que es el balance determinado por la Ordenanza 46 para este fondo”, expuso la contralora.

“Esta posible malversación y apropiación ilegal de fondos públicos por parte de la pagadora especial se refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 29 de agosto del 2023 para su evaluación y acción correspondiente. También se recomienda al National Institute of Health que evalúe la situación y que tome las medidas que estime pertinente”, añadió.

El informe también devela que el contrato de $13,250,000 por servicios farmacéuticos, laboratorio y enfermería, formalizado el 29 de junio de 2018 por la exalcaldesa, fue enmendado por $2,866,833 sin justificar los servicios adicionales para el aumento.

Valdivieso también denunció que el Departamento de Finanzas del Municipio de San Juan no mantiene los registros de las cuentas por cobrar de 50,735 pacientes que deben $7,180,666 por los servicios brindados en las salas de emergencia. Indicó que “el 90% del total corresponde a la administración de la exalcaldesa y el 10%, al alcalde actual”.

También atribuyó, en un 77% a la administración de Cruz y un 23% a la de Romero, que el Municipio había facturado $666,308 en exceso de las tarifas fijadas para los servicios médicos en los CDT para los pacientes sin plan médico, incluidos los laboratorios y Rayos X.

“Esta acción impone una carga adicional a los pacientes y propicia que se cometan irregularidades”, resalta el comunicado.

De otra parte, los auditores encontraron desembolsos de $2,870 por servicios de radiología que no se prestaron y $5,040 por un diferencial otorgado a un médico especialista que, desde el 1 de julio de 2021, no ejercía las tareas adicionales por las que recibía ese dinero.

“Estos pagos indebidos no permiten una administración adecuada del personal”, observó la agencia fiscalizadora.

De otra parte, el informe indicó que, al 1 de septiembre de 2022, la administración municipal de San Juan no tenía reglamentación, ni procedimientos para el manejo de los inventarios del material médico-quirúrgico y de medicamentos, ni para el control y disposición de medicamentos expirados.

Tampoco tenía reglamentación para el traslado de medicamentos y de material quirúrgico entre los CDT, ni para las gestiones del cobro de deudas.

Además, la auditoría encontró que no se realizaron inspecciones periódicas de los almacenes de los materiales médicos-quirúrgicos en seis CDT ni en el Hospital Municipal que, al 30 de junio, mantenían inventarios por $1,214,682.

El examen realizado a las operaciones de recaudaciones reveló, igualmente, que el Municipio no contaba con recaudadores auxiliares para cubrir los 32 turnos en las salas de emergencia.

También observó que la Oficina de Auditoría Interna del Municipio no realizó auditorías que incluyeran las áreas de materialidad y riesgo, como el inventario de material médico-quirúrgico, medicamentos o los controles internos del funcionamiento del sistema de contabilidad Oracle, o el módulo Evolution, entre otros.

“Esta situación impidió mantener una fiscalización continua y eficaz de las operaciones del Municipio”, denunció la Contralora.

Los estados financieros reflejaron déficits acumulados de $103,002,116, $183,031,021, $171,914,023, $190,949,809 y $706,829 del 2017 al 2022.