Fallas de comunicación entre LUMA Energy y Genera PR, mantenimiento deficiente de componentes eléctricos, ausencia de monitoreo de riesgos, escasez de redundancia y descuidos en el manejo de la vegetación fueron algunas de las causas señaladas en el informe final que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) divulgó este miércoles en torno a los apagones masivos que el país experimentó en junio de 2024, que incluyeron la falla en una línea de transmisión que dejó sin servicio a más de 500,000 clientes y la racha de interrupciones asociadas a la avería del transformador en una subestación de Santa Isabel.

El NEPR consolidó, en un solo informe, las investigaciones que ordenó en torno a los eventos del 1 al 3 de junio que tuvieron su origen en la falla catastrófica del transformador de Santa Isabel, que llegó a interrumpir el servicio de más de 63,000 abonados en ese pueblo, Cayey y Aibonito, así como el apagón masivo del 12 de junio, que se registró luego que una avería en el sistema de transmisión disparara varias unidades de las centrales San Juan y Palo Seco, en Toa Baja.

En el caso del evento del 12 de junio, el informe del oficial examinador Gerardo Flores –fundamentado en la pesquisa que el NEPR encomendó al Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI, en inglés)– destacó que, más allá de las fallas técnicas de la red –que se originaron en una avería en una línea de transmisión entre la subestación de Monacillos y la central San Juan en horas de la tarde–, la emergencia develó la ausencia de sistemas de comunicación efectivos entre los operadores privados.

La “descomposición de la comunicación” entre LUMA y Genera PR “exacerbó la crisis”. “De acuerdo con el reporte (de EPRI), parecía que los operadores no estaban completamente conscientes de los riesgos inherentes en el sistema, redundando en fallas prevenibles”, indica el informe de Flores, que enumera, entre sus recomendaciones, revisar los protocolos de comunicación entre las empresas ante situaciones de emergencia y procurar la grabación de las conversaciones entre los oficiales de ambas partes.

El informe final del NEPR consigna que, en sus comentarios, LUMA acogió los señalamientos de la investigación y “expresó que el informe de EPRI no contenía hallazgos o conclusiones que indicaran incumplimientos de LUMA con requerimientos legales o la política pública”.

Junto a las conclusiones de EPRI, el informe del NEPR también incorporó la investigación que la firma FTI Consulting preparó, en 2024, para la administración del exgobernador Pedro Pierluisi, cuyos hallazgos fueron presentados en octubre pasado.

“Los informes de FTI y EPRI, colectivamente, pintan un cuadro de deficiencias sistémicas en la red eléctrica de Puerto Rico. Sus hallazgos coincidentes y recomendaciones refuerzan la necesidad de inversión proactiva en la infraestructura y mejoras operacionales. Atender estas vulnerabilidades preexistentes a través de esfuerzos coordinados y sostenidos será crucial para asegurar un sistema eléctrico más resiliente y confiable”, lee el documento, divulgado a una semana de que el país experimentara un nuevo apagón general.

El evento del pasado Miércoles Santo, de acuerdo con los hallazgos preliminares que LUMA remitió a la Oficina del Zar de Energía, se produjo luego de, al menos, tres fallas en los sistemas de protección de una línea de transmisión entre Arecibo y Manatí que, de haber funcionado apropiadamente, habrían aislado la avería.

Según la información revelada hasta el momento, las fallas en cascada del apagón de Semana Santa fueron desencadenadas por el contacto de la vegetación con el cable de transmisión, coincidiendo con uno de los puntos que Flores resaltó del informe de EPRI.

“EPRI sugirió que mejorar la confiabilidad de la red y restaurar activos claves de transmisión son pasos esenciales, junto al reemplazo de equipo antiguo y mejores prácticas de manejo de vegetación para prevenir fallas en líneas de transmisión”, indica el informe del NEPR, que urge a LUMA, como administrador de la red, a identificar los puntos de riesgo en el tendido eléctrico para priorizar las labores de desganche.

Con relación al apagón en Santa Isabel –evento que coincidió con la celebración de las primarias de ley el 2 de junio de 2024–, EPRI encontró que el mantenimiento del “equipo clave” se había “pospuesto por la escasez de piezas disponibles y que, si bien es incierto si un mejor mantenimiento hubiera prevenido las fallas, EPRI concluyó que (el) mantenimiento regular podría haber extendido la vida del equipo”. Además de la subestación santaisabelina, la única fuente de servicio eléctrico en la zona era una línea de transmisión desde Cayey, lo que “hacía al sistema altamente vulnerable a disrupciones, dejándolo sin respaldo en caso de fallas”.

Tras la falla catastrófica del transformador original, LUMA suscribió un contrato de casi $4 millones para trasladar un transformador de reemplazo desde una subestación en Caguas. El equipo, sin embargo, no pasó las pruebas de rigor, y la subestación de Santa Isabel permaneció sin transformador hasta octubre, cuando finalmente se logró instalar con éxito otro aparato traído desde Maunabo.