Un informe comisionado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para profundizar en las significativas demoras de la primera ronda de licitación de proyectos de energía renovable repartió responsabilidad entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy y, en gran medida, eximió al propio regulador de las causas que han resultado en que, hasta la fecha, ninguno de los desarrollos esté cerca de comenzar a inyectar electricidad al sistema.

La investigación que el NEPR encomendó al exjuez Gerardo Flores se enfocó exclusivamente en el llamado “Tranche 1″ –la primera de seis rondas de licitación previstas–, que resultó en la adjudicación de 16 proyectos separados, sin entrar en los tres tramos subsiguientes, que apenas han producido la contratación de cuatro desarrollos adicionales. A partir del segundo tramo –y basado en la experiencia de la primera ronda–, el NEPR removió a la AEE de la administración de las licitaciones, que delegó a la firma Acción Group.

“Los retos relacionados con el proceso de la transición de Puerto Rico a la energía renovable (…) destacan profundas ineficiencias estructurales. Inicialmente designados para acelerar la integración de energía renovable en línea con el Plan Integrado de Recursos (PIR) de Puerto Rico, el proceso enfrentó una serie de demoras involucrando principalmente a la AEE y LUMA que, en última instancia, retrasó el progreso hacia las metas establecidas”, concluyó el informe que fue sometido en octubre al NEPR, pero que no se divulgó hasta ayer, martes.

Aunque el reporte, de 53 páginas, se identificó como el “Primer Informe Parcial”, el NEPR lo acogió como el resultado final de la investigación en una resolución y orden emitida el lunes, tras consignar el recibo, en noviembre pasado, de los comentarios por parte de LUMA y la AEE.

Flores, en el informe, responsabilizó a la AEE de incumplir con la inmensa mayoría de los plazos establecidos por el NEPR para la primera ronda de licitación, comenzando con la publicación de la solicitud de propuestas (RFP), que debía divulgarse en diciembre de 2020, pero se retrasó por dos meses.

“Los retrasos fueron causados principalmente por las fallas de la AEE en cumplir con las órdenes regulatorias y proveer documentación completa y a tiempo”, resumió el oficial examinador, quien subrayó que, en respuesta a un requerimiento de información, la corporación pública aludió a obstáculos como la magnitud de los objetivos de contratación que se dispusieron para el “Tranche 1″ y la inexperiencia de la empresa estatal manejando procedimientos de esta naturaleza, así como el persistente estado de quiebra.

El PIR disponía que la primera ronda debía resultar en la adquisición de 1,000 megavatios (MW) de producción solar y otros 500 MW en almacenamiento en baterías. En última instancia, tras múltiples enmiendas a los proyectos, se dio paso a 11 desarrollos fotovoltaicos totalizando 744 MW y cinco proyectos de baterías por 435 MW.

En el caso de LUMA, Flores subrayó que el operador implantó tres cambios en sus políticas que modificaron el trámite para la ejecución de las mejoras necesarias para que la red de transmisión pudiera acoger la generación adicional proveniente de los proyectos renovables. Mediante el primer cambio, LUMA asumió la responsabilidad de construir la infraestructura, mientras que, en el segundo, dio a los desarrolladores privados la opción de ejecutar esos trabajos. Finalmente, en un tercer ajuste, retomó la función de ejecutar las mejoras a la red.

“LUMA defendió estos cambios de política, aseverando que se alineaban con prácticas estándar de la industria en América del Norte y era necesarios para asegurar la estabilidad de la red, según se integraba la energía renovable. Sin embargo, estos cambios introdujeron incertidumbre al proceso. Según expresado por los licitadores, cada vez que LUMA actualizaba sus políticas, los desarrolladores tenían que ajustar sus planes, a menudo a un gran costo, y el NEPR tenía que recalibrar el proceso de RFP. Esto creó retrasos significativos y, en algunos casos, causó frustración entre los desarrolladores”, consignó Flores.

El informe de la investigación –que fue ordenada por el NEPR en abril de 2023– destacó que, mediante los retrasos, los ahorros que se anticipaba que los proyectos produjeran en las facturas de los clientes –ascendentes a sobre $500 millones para 2026– se evaporaron.

Según el PIR, la sexta y última licitación debió haber arrancado en verano de 2023, con miras a que los proyectos de esa ronda estuvieran en operación para 2025 y permitiendo que Puerto Rico alcanzara la meta de 40% de energía renovable para final de este año. Sin embargo, a partir de los retrasos que sufrieron los trámites desde un inicio, solo se han completado cuatro rondas y los proyectos del primer “tranche” deben comenzar a operar, en el mejor de los casos, entre finales de 2025 y 2026.

Aunque desde el segundo tramo el NEPR se hizo cargo de las licitaciones por medio del coordinador independiente, Flores señaló que, entre las “principales lecciones” del “Tranche 1″, estuvo la necesidad de “comunicación más clara y consistente entre la AEE, LUMA y los desarrolladores”.

“El NEPR, como organismo regulatorio supervisando el proceso, trabajó para proveer las guías necesarias y garantizar que la AEE se adhiriera a los plazos prescritos. Sin embargo, sus esfuerzos fueron a menudo malogrados por las ineficiencias organizacionales de la AEE y su falta de responsividad”, subraya el informe.