La Comisión de Derechos Civiles (CDC) publicó un informe que revela, entre otras cosas, un aumento en las muertes de confinados en las cárceles de Puerto Rico durante los pasados años.

La entidad catalogó de “alarmante” las conclusiones de la investigación, tras revisar estadísticas del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), entre otros.

Señaló que en el período estudiado, entre el año fiscal 2011-2012 y el 2023-2024 falleció un total de 726 personas al estar bajo custodia del DCR.

De acuerdo con las estadísticas recopiladas por la CDC, desde el año 2016-2017 comenzó un aumento sostenido de varios años, hasta que solo hubo una leve pausa en el 2023-2024. Precisó que 38 reos murieron en el 2016-2017, seguidos por una tendencia en aumento de fallecimientos anuales de 45, 47, 59, 80, 80 y 80 hasta el 2022-2023. El pasado año terminó en 62.

La organización de derechos civiles destacó que el informe contrasta que el incremento coincide con años en que se redujo la población penal.

Asimismo, apuntó que, de forma sostenida, se ha mantenido una baja en la cantidad de confinados desde el 2015, cuando la población era de 12,381, hasta el pasado año 2024 cuando cerró en 7,374.

Según el informe, “muchas de esas muertes pudieron haberse evitado”. Denunció, además, que, de los análisis de datos, se desprende que “la principal causa de muerte fue la sobredosis de drogas destacándose el fentanilo, la xilacina y la cocaína”.

“Esto contrasta con el deber del DCR de promover la rehabilitación y mantener lugares seguros para todas las personas bajo su custodia”, apuntó la CDC, en un comunicado de prensa.

La segunda causa de muerte fue por sepsis, que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es una afección grave que se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo responde de manera extrema a una infección”. Esto puede ser desarrollado por la ineficacia o insuficiencia de los servicios médicos. Otras causas de muerte fueron homicidios, enfermedades infecciosas y síndrome de retirada, entre algunas otra.

Por otro lado, la CDC destacó una preocupación particular por el aumento de muertes de la población sumariada.

“Estas muertes implican que personas murieron sin que el Estado hubiese probado su culpabilidad más allá de duda razonable y sin mediar un fallo condenatorio. Esto pone de manifiesto la necesidad de reconceptualizar el sistema de justicia criminal”, planteó la entidad.

De igual forma, el informe incluye un análisis comparado con las muertes en instituciones de otras jurisdicciones. Sostuvo que Puerto Rico ocupa la posición número 35 en comparación con la población correccional entre los demás estados y territorios, mientras que la isla ocupa la posición número 25 en cantidad de muertes en las cárceles.

El informe también analiza el uso de Narcan en las cárceles, identificando las instituciones donde se presentaron la mayor cantidad de incidentes. Se demostró que una cárcel de máxima seguridad fue la institución en la que se reportó mayor utilización, lo que pone en evidencia el problema de trasiego de drogas al interior del sistema en instituciones que deberían tener los sistemas de seguridad más robustos.

De otra parte, el acceso a servicios médicos y de salud también fue analizado, denunciando “la pobre calidad” o “la falta de acceso a ellos, en el momento oportuno, pudo contribuir a muchas de las muertes”.

Asimismo, el informe expuso la falta de supervisión adecuada a personas confinadas con condiciones de salud mental.

“Con un presupuesto en promedio, de casi $13 millones, es increíble que se documente la falta de acceso a servicios médicos adecuados y oportunos para esta población”, denunció el director de la CDC, Ever Padilla Ruiz.

También recordó que las personas privadas de la libertad no están exentas de las protecciones constitucionales, por lo que un encarcelamiento no implica la suspensión de sus derechos y la agencia con la responsabilidad de su custodia tiene el deber de hacer valer las garantías constitucionales vigentes.

Destacó que, “por la incongruencia en los datos estadísticos entre las agencias de seguridad pública, recomendamos establecer comités interagenciales entre el DCR, el ICF, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico para crear mecanismos de comunicación periódica y normas uniformes para la recopilación de la información”.

Además, se recomendó la creación de programas para atender las adicciones como un asunto de salud pública y no con medidas penales exclusivamente.

“Queda meridianamente claro que, en Puerto Rico, aunque el mandato constitucional y la ley propenden para la rehabilitación de las personas en confinamiento, las condiciones carcelarias se apartan de esa responsabilidad. Es urgente que se tomen medidas que sean cónsonas con nuestros principios constitucionales”, concluyó Padilla Ruiz.