Desde este mismo miércoles, las personas inmigrantes sin estatus normalizado en Puerto Rico podrán recibir servicios de salud mediante telemedicina, como parte de una alianza entre el Colegio de Médicos Cirujanos y el capítulo local de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que persigue la protección de los servicios esenciales para esta población en la isla.

En ese contexto, la ACLU también anunció la radicación de un proyecto para que el acceso a servicios para el sector inmigrante esté garantizado por ley.

“Ante las redadas que han condenado al encierro a miles de inmigrantes, y ante la ausencia de muchos a citas programadas en la búsqueda de tratamientos, procedimientos, cirugías, medicamentos, laboratorios, el Colegio ha convocado a sus miembros a defender el derecho a la salud”, afirmó el presidente del Colegio, Carlos Díaz Vélez.

En conferencia de prensa, Díaz Vélez subrayó la importancia de “garantizar a cada persona, sea cual sea su situación migratoria, el acceso libre de interferencias con los derechos humanos y constitucionales a los servicios de salud y los lugares donde se brindan”. En esa línea, diversas organizaciones, incluyendo las que agrupan a laboratorios, técnicos de laboratorios y farmacias, así como la Sociedad Americana contra el Cáncer, reiteraron su compromiso con el servicio a los inmigrantes, e hicieron un llamado a no interrumpir sus citas y tratamientos.

Díaz Vélez detalló que más de 200 médicos –miembros del Colegio– se comprometieron con la atención a inmigrantes mediante telemedicina, en caso de que decidan no atenderse de manera presencial. Para coordinar servicios o recibir más información, deben llamar al (787) 751-5979.

Tras el primer operativo a gran escala del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Puerto Rico, el 26 de enero, tras la puesta en vigor de las nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump, el miedo ha arropado a la comunidad de inmigrantes, muchos de los cuales han optado por permanecer en sus hogares y no acudir a recibir servicios, incluyendo de salud. “Somos habitantes del planeta Tierra y ningún ser humano es ilegal”, reaccionó José Rodríguez, defensor de los derechos humanos y líder de la comunidad dominicana en Puerto Rico.

Sobre la medida legislativa, la ACLU anunció que se trata del Proyecto de la Cámara (PC) 331, que busca “establecer la política pública del gobierno de Puerto Rico de protección a lugares considerados como sensibles por su importancia en el ejercicio de derechos fundamentales”, incluyendo el acceso a tribunales, centros educativos, albergues y otros espacios.

“Esta es la primera vez que se va a plantear, en Puerto Rico, establecer una política pública de protección a la persona migrante y su familia. Esto quiere decir que todas las ramas de gobierno se tienen que comprometer a garantizar y desarrollar las medidas necesarias para proteger a las personas migrantes y sus familias”, explicó Annette Martínez Orabona, directora de la ACLU en Puerto Rico. El PC331 fue radicado el 13 de febrero por las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño y el Partido Popular Democrático.

“En conversaciones, hemos tenido el apoyo de miembros de la mayoría penepé (Partido Nuevo Progresista), y de Proyecto Dignidad también han avalado la aprobación del proyecto”, indicó, por su parte, la licenciada Lolimar Escudero, de la ACLU.

De aprobarse en la Cámara, el PC331 tendría que pasar el cedazo del Senado y, posteriormente, la firma de la gobernadora Jenniffer González, quien se ha limitado a pedir un trato humano en las intervenciones del ICE y validado las amenazas de Trump sobre la presunta eliminación de fondos federales si se incumple con alguna de sus órdenes ejecutivas sobre migración.

Ante el escenario actual, la ACLU también está desarrollando talleres para orientar no solo inmigrantes sin estatus migratorio normalizado, sino también a toda persona –en el sector público y privado– que ofrezca servicios a esta población.

“Los talleres son muy importantes. Vamos a ser víctimas de señalamientos, persecución, chantaje; ya escuchamos el primer chantaje, que es que se nos van a quitar fondos federales”, anotó Fermín Arraiza, abogado de la ACLU.

“Son tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de totalitarismo y, a esos efectos, tenemos el deber, la obligación, de prepararnos, no solamente para atender a una población vulnerable, necesitada, sino, además, tenemos que aprender a protegernos nosotros para poder seguir ayudándolos”, añadió.

Arraiza explicó, en tanto, que “ningún” agente del orden público –federal, estatal o municipal– “tiene la autoridad” de entrar a un establecimiento de servicios médicos para requerir información de los pacientes, a menos que tenga una orden judicial firmada. En ese caso, subrayó, es importante fijarse en la fecha y, si es una orden de registro, ver cuál es el lugar que el juez está autorizando inspeccionar, qué tipo de expediente y de qué persona en particular. “Si esto no existe, no tienen que permitir la entrada ni el acceso a dichos expedientes”, indicó.

“Levantamos la voz de alerta para que no caigamos en la trampa del discrimen y el rechazo, y tratemos de solidarizarnos con estos sectores que incluyen no solamente inmigrantes, sino, además, miembros de la comunidad LGBTQIA y de distintas otras comunidades y sectores que se van a ver afectados dramáticamente con estas prácticas”, sostuvo.