Portavoces de las miles de familias que han realizado reclamaciones en los tribunales estatales por daños relacionados con la falta de servicios adecuados de Educación Especial instaron este lunes a rechazar la oferta económica impulsada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para poner fin a sus litigios.

Al mismo tiempo, el Comité Timón de Madres y Padres del Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación y la Alianza de Autismo de Puerto Rico solicitaron una “reunión urgente” con la gobernadora Jenniffer González y el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, para discutir el asunto.

“Nos urge esa reunión, que fue un compromiso de ella (González) y del secretario de la Gobernación (Francisco Domenech). Yo no quiero pensar que a ella se le olvidó, quiero pensar que ella está buscando opciones y alternativas para atender esto de manera seria”, subrayó Carmen Warren, portavoz del Comité Timón, en declaraciones a El Nuevo Día.

“Esperamos que la gobernadora hoy (lunes) nos cite para esta reunión tan importante que estamos reclamando, porque es su responsabilidad. Ella es la gobernadora de Puerto Rico, y hoy es la persona responsable de los daños que han tenido las familias y la niñez de Puerto Rico, que han recibido servicios educativos inadecuados”, insistió Warren, quien comentó que hace unas semanas hubo una reunión con el secretario de la Gobernación, en la que se prometió un encuentro posterior con la mandataria.

El Nuevo Día solicitó comentarios de la gobernadora, pero al momento de esta publicación no había respuesta.

La JSF presentó, en noviembre, una moción como parte del pleito de quiebra del gobierno central que detalla que se haría una oferta de $25,000 por familia a cambio de que se desista de cualquier reclamación o demanda contra el gobierno, sus agencias, instrumentalidades, funcionarios, directivos o cualquier empleado relacionado al litigio de Educación Especial.

Tanto la representación legal de las familias como sus portavoces objetaron la moción, pero la jueza Laura Taylor Swain autorizó la semana pasada la creación de un procedimiento especial para notificar la propuesta con miras a un acuerdo.

No obstante, esa no sería la cantidad de dinero que las familias recibirían, pues, conforme al Plan de Ajuste, la oferta está sujeta a un descuento por considerarse una obligación no asegurada del gobierno central. El monto a recibir sería aproximadamente el 20.4% de la oferta, indica la notificación aprobada por la jueza Swain, lo que representaría $5,100.

“La propuesta es una falta de respeto y es vergonzosa”, afirmó el licenciado José Torres Valentín, uno de los abogados en el pleito.

En respuesta a los señalamientos, el secretario de Educación indicó a este medio que favorecía una nueva ronda de negociaciones entre la JSF y las familias demandantes, y enfatizó que esa agencia no participó en la propuesta presentada por el ente fiscal.

“Le deben dar el espacio a que las partes vuelvan a sentarse en la mesa y poder intentar llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes”, planteó el secretario Ramos Parés, al señalar, por un lado, que el Estado reconoció como parte del pleito la negligencia hacia las familias y considerar que $5,100 como compensación “es muy poco”.

La demanda por las fallas en los servicios educativos y los reclamos de indemnización se remontan al año 1980. Cerca de 6,100 familias habían presentado pleitos, antes de 2017, en las cortes estatales, como parte de la fase de compensación por daños, y son las que comenzarían a recibir la notificación de oferta de la JSF esta semana, mediante correo postal o electrónico. Las reclamaciones han estado paralizadas desde 2017, cuando se radicó el caso por la quiebra del gobierno central amparado en el Título III de la ley Promesa.

“La junta de control fiscal pretende, con $5,100, solapar todos los daños de 45 años de muchas familias”, sostuvo Warren.

Previo a que la jueza Swain autorizara la creación del procedimiento especial, los representantes legales de las familias habían solicitado ante el Tribunal Federal, a mediados de enero, la designación de un mediador o que se estableciera un proceso estructurado de negociación para adelantar las conversaciones con la Junta en torno a una propuesta oferta económica para poner fin a los pleitos legales.

Durante una conferencia de prensa este lunes, los representantes legales reiteraron dicha petición y anticiparon que, antes del 24 de febrero, presentarán una moción de reconsideración ante el Tribunal Federal.

En declaraciones escritas emitidas en noviembre, la JSF argumentó que “llegar a un acuerdo, en este momento, es en el mejor interés de las familias, pues las exime de probar su reclamación pendiente durante décadas en el tribunal y da fin a su espera de 40 años por obtener una compensación”.

“Una silla de rueda para un estudiante, un niño, un joven, un adulto con impedimentos, adaptada, les cuesta $5,900 (a las familias)”, dijo Warren, a manera de ejemplo, para subrayar la ínfima parte que representa el monto de la oferta en comparación a los daños sufridos y reclamados.

En 2002, se firmó una sentencia por estipulación bajo lo que se conoce como la fase de interdicto en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez por la falta de servicios adecuados de Educación Especial, y fijó 87 indicadores con los que el Departamento de Educación debe cumplir. Desde entonces, la agencia paga diariamente multas por concepto de incumplimiento. Dicha parte del pleito es separada a la reclamación por daños.