El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, expresó serias dudas con la posibilidad de que se materialice la compra de las tres unidades de generación cuya subasta la corporación pública tiene pendiente adjudicar desde julio, debido a la falta de garantías para el financiamiento de equipos de control de emisiones tóxicas.

Según Colón, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) rechazó autorizar fondos para la adquisición del equipo de control de emisiones, cuyo costo GeneraPR –administrador de la flota de generación– estimó en $150 millones. El equipo se utilizaría no solo para regular las emisiones de las tres unidades que la AEE tiene previsto adquirir próximamente, sino también de los 14 generadores que compró en marzo y han estado en servicio desde entonces en las centrales San Juan y Palo Seco.

Para la compra de los tres generadores portátiles –que producirían cerca de 100 megavatios (MW)–, la AEE tiene disponible $65.7 millones asignados por FEMA desde marzo pasado, un monto que Colón aseguró que es suficiente para concretar la transacción. No obstante, de acuerdo con el funcionario, FEMA revirtió su compromiso inicial de financiar igualmente la adquisición de los controles de emisiones.

“Recientemente, ellos modificaron ese lenguaje y dijeron que no existe la posibilidad de fondos adicionales al PW (hoja de proyecto) para cubrir esas necesidades, y eso ha hecho que nosotros no adjudiquemos el RFP (requerimiento de propuestas), que ya está listo para adjudicar”, dijo Colón, en conferencia de prensa, el miércoles.

De inmediato, no fue posible obtener una reacción de FEMA a los señalamientos de Colón.

Entre el verano de 2023 y marzo de este año, la flota de generación tuvo disponible 17 generadores portátiles que agregaron hasta 350 MW de capacidad al sistema. Sin embargo, en marzo, solo se pudo concretar la compra de 14 de las máquinas, por lo que han proseguido las gestiones para adquirir otras tres.

En momentos en que el país está inmerso en una extensa racha de apagones por deficiencias de generación eléctrica, Colón sostuvo que FEMA debe extender por, al menos, cinco años la autorización al uso de las unidades de emergencia. Al asignar los fondos para la compra de los 17 generadores, FEMA incluyó como condición que no se utilizaran después del 31 de diciembre de 2025.

Para Colón, esa condición es incompatible con el requerimiento de implantar los controles ambientales por el tiempo que se requiere para instalar estos equipos.

“Los fabricantes (del equipo de control de emisiones) han dicho que fabricarlas y ponerlas en Puerto Rico tomaría entre un año a 18 meses, como mínimo. Por lo tanto, si ese acuerdo llegara hoy, y esas órdenes (de compra) se pusieran, esos equipos llegarían a final de la misión, que es en diciembre de 2025. Eso haría el esfuerzo irrazonable desde el punto de vista del retorno de inversión que se está haciendo. Son asuntos que se tienen que atender. Nosotros lo que queremos es que la misión se extienda, (porque) entendemos que la misión de las unidades continúa siendo tan necesaria como era en su origen, y que se debe extender cinco años adicionales”, puntualizó Colón, quien subrayó que las unidades de generación podrían entrar en servicio a dos meses de su compra.

De acuerdo con el ingeniero, la Agencia federal de Protección Ambiental ha indicado que, antes que finalice el año, notificará los estándares de emisiones que aplicarán a los generadores portátiles. Desde la pasada década, la cuenca aérea de las centrales de Palo Seco y San Juan está designada como una zona de incumplimiento por la calidad del aire.