Al son de expresiones como “basta ya” y “el dinero está”, jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) exigieron este miércoles a la gobernadora Jenniffer González y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una solución permanente a la crisis en el Sistema de Retiro de la corporación pública, que podría provocar un alza en las facturas de luz tan pronto como en junio.

“Nada nos satisface, compañeros. Y no es que somos intransigentes, es que tenemos propuestas que resolverían este problema de una vez y por todas”, dijo el presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, Johnny Rodríguez Ortiz, durante una manifestación, de poco más de 100 personas, frente a La Fortaleza.

El grupo divulgó a la prensa una carta, con fecha de este miércoles, exigiéndole a la gobernadora “una audiencia para plantearle la situación actual con relación al futuro de nuestras pensiones”.

A finales de marzo, expiran los $74 millones que financiaron el plan de pensiones desde enero, provenientes de un reembolso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

“Hasta el momento, no hemos logrado persuadir a alguien con autoridad y voluntad que atienda este asunto, dándole la importancia que merece. La propuesta presentada a través de los medios de comunicación no resuelve el problema de las pensiones de manera permanente”, lee la misiva, que se acompañó de otra carta enviada a la mandataria el 3 de febrero.

“Basta ya, señora gobernadora, demandamos su atención ahora mismo”, gritó Rodríguez Ortiz, quien, además, deploró que no lograron respuesta de la directora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata.

Precisamente, en momentos en que los jubilados realizaban su protesta, González comenzaba una reunión con el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

El martes, la gobernadora dijo que no apoyaba un aumento tarifario para cubrir el pago de las pensiones, como proponía la JSF. Aseguró, asimismo, que su administración había identificado $75 millones que serían reasignados para los jubilados.

Horas después, sin embargo, la JSF aprobó una reprogramación presupuestaria que destinaría $50 millones para cumplir con las pensiones en abril y mayo, aunque condicionada a que, en o antes de este viernes, la AEE someta al Negociado de Energía una petición para un ajuste tarifario de emergencia que permitiría que, en junio, los $25 millones que el Sistema de Retiro requiere salgan de las facturas.

Rodríguez Ortiz rechazó este último remedio, así como la opción –a largo plazo– de establecer nuevas tarifas, por tres años consecutivos, comenzando en julio de 2025. Sostuvo que “en lo único” que están de acuerdo con la gobernadora es que el pago de las pensiones no debe salir de las facturas.

A la manifestación, también llegaron el presidente interino de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo, y el presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE, José Rivera. Este último dijo que el gobierno “puede pagar” las pensiones “con el dinero que se tiene guardado” y que, en un momento dado, González, mientras era candidata a La Fortaleza, propuso para pagarle a los acreedores de la AEE.

“Para pagar nuestras pensiones, el dinero está. Tienen dinero de más”, apuntó Rivera, recordando que, en 2023, la JSF aprobó un préstamo de $300 millones del gobierno central que cubrió el pago de pensiones de la AEE hasta diciembre del año pasado.

Figueroa Jaramillo expresó, por su parte, que el Sistema de Retiro “nunca” ha estado en quiebra, sino que fue descapitalizado por el gobierno. Además, argumentó que LUMA Energy y Genera PR, empresas privadas a cargo del sistema energético, “se están quedando con dinero” que viene de la tarifa básica y que debía ser destinado a las pensiones.

“¿Dónde está ese dinero? En la tarifa básica porque, en 2017, el Negociado aprobó un aumento de un centavo que cubría las necesidades del Sistema de Retiro, porque es un gasto operacional”, dijo Figueroa Jaramillo. “(Pero) el 97% de la tarifa básica va a los dos operadores privados”, agregó.