Ante el rechazo expresado por padres y madres al acuerdo económico propuesto para poner fin a un pleito de más de 40 años, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aseguró que lograr un pacto “es en el mejor interés de las familias” involucradas en el caso por la falta de servicios adecuados de Educación Especial.

“La Junta de Supervisión cree firmemente que llegar a un acuerdo en este momento es en el mejor interés de las familias, pues las exime de probar su reclamación pendiente durante décadas en el tribunal y da fin a su espera de 40 años por obtener una compensación”, sostuvo el ente a cargo de las finanzas del país, en declaraciones escritas compartidas con El Nuevo Día.

El martes, este diario publicó que la JSF propuso hacer una oferta de $25,000 por familia a cambio de que se desista de cualquier reclamación o demanda contra el gobierno central, sus agencias, instrumentalidades, funcionarios, directivos o cualquier empleado relacionado con el pleito de clase del caso Rosa Lydia Vélez, contra el Departamento de Educación, presentado en 1980.

Sin embargo, esa no sería la cantidad que recibiría cada familia. El monto final sería $5,100, equivalente al 20.4% de la oferta, pues está sujeta a un descuento por considerarse una obligación no asegurada del gobierno central, conforme al Plan de Ajuste.

El Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, y la Alianza de Autismo de Puerto Rico informaron ayer, miércoles, que el martes se presentó ante la jueza Laura Taylor Swain –a cargo del proceso judicial de quiebra de Puerto Rico– una moción solicitando que deniegue y descarte la moción del organismo rector que contiene la propuesta.

Según la JSF, el pacto propuesto el pasado 6 de noviembre –un día después de las elecciones generales– “resolvería los daños económicos contra el gobierno de Puerto Rico que, pese al tiempo transcurrido, las partes involucradas no pudieron resolver antes de que el gobierno se tornara insolvente y solicitara reestructurar todas las reclamaciones contra el Estado Libre Asociado en el proceso similar a una quiebra bajo el Título III de (la ley) Promesa”.

“A pesar de los mejores esfuerzos de la Junta de Supervisión, la postura de los abogados de la parte demandante distaba demasiado de un acuerdo realista y no se pudo alcanzar acuerdo alguno”, agregó el organismo.

Por otro lado, reiteró que las familias que hacen la reclamación –que la JSF estima en 6,500– son, “desafortunadamente, acreedores no garantizados, como miles de otros puertorriqueños que presentaron reclamaciones contra el gobierno cuando este no pudo pagar”.

Los daños reclamados en el pleito por las miles de familias de niños con impedimentos y condiciones de salud ascienden al máximo que reconoce la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, que es $75,000 por persona o $150,000 por familia, cuando existe más de un reclamante.