La reparación de una tubería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) perforada por el contratista que realizó la excavación de tierra para la instalación del poste para la controversial valla publicitaria frente a una residencia de la urbanización Puerto Nuevo, tuvo un costo que ascendió a $16,430.

Ahora, la AAA se encuentra preparando la factura que enviará a la compañía CM Group LLC, dueña de la instalación, tras confirmar que la entidad privada no solicitó autorización a la AAA para realizar dicha excavación, un proceso indispensable, pues le permite a la AAA evaluar y notificar al proponente sobre las tuberías en la zona y evitar, precisamente, las roturas.

“Se realizó la investigación por parte de nuestro Centro de Excavaciones y no se encontró ninguna solicitud, con relación a los trabajos”, sostuvo este domingo el director de la región metro de la AAA, el ingeniero Roberto Martínez, en declaraciones escritas en respuesta a una petición de información de este medio.

La rotura de la tubería de agua potable, que mide seis pulgadas de diámetro, fue reportada el pasado martes, el mismo día que Pro-Steel Services Corp. inició los trabajos de excavación para la instalación. La situación provocó la interrupción en el servicio de agua potable de 50 familias. Martínez indicó que no se pudo medir la cantidad de agua perdida por causa de la rotura.

Aunque no fue hasta la pasada semana que el caso trascendió públicamente, la saga de la controvertible valla publicitaria tiene su origen hace cuatro años, cuando CM Group LLC comenzó los trámites ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Municipio de San Juan para rehabilitar la vivienda, con el propósito de convertirla en un “hospedaje especializado”, como se denomina a los espacios que alojan a personas con alguna discapacidad física, emocional o mental mientras reciben tratamiento.

Luego de obtener el permiso de uso con ese propósito, se presentó ante el Municipio la solicitud para construir el “billboard”, frente a la residencia, propiedad de Héctor Morales Vargas, exsecretario general y comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, y expresidente de la Junta de Planificación.

En medio de dos procesos de permisos que corrían al mismo tiempo, la OGPe archivó, el 25 de noviembre de 2021, el permiso de uso del hospedaje tras incumplir con la subsanación de la certificación de prevención de incendios, y autorizó, el 15 de noviembre de 2022, un permiso enmendado de construcción con una vigencia de dos años para la instalación de la valla publicitaria. La residencia, mientras tanto, se ha mercadeado en la plataforma Airbnb como una propiedad disponible para alquiler a corto plazo, bajo el nombre “Casa Florecer”.

El martes, mismo día en que se reportó la avería en la AAA, el Municipio de San Juan multó por una suma de $13,000 a la empresa Pro-Steel Services Corp. por no contar con los permisos requeridos para cerrar las calles y dar paso a la construcción, confirmó la alcaldía. Sin embargo, el mismo día, la administración municipal permitió al contratista continuar con las labores. Al ser cuestionado por este medio, el alcalde Miguel Romero indicó que la empresa estaba operando con un “permiso válido (de construcción)”.

El permiso para el cierre de la calle se emitió el pasado martes y dispone que CM Group solo podría extender los trabajos de construcción hasta mañana, lunes. Al mismo tiempo, el Municipio de San Juan recurrió, el viernes, al Tribunal de Primera Instancia con un recurso para revocar el permiso de construcción y ordenar la demolición de la estructura en medio de una zona residencial.

Luego de la excavación y tras haber roto la tubería de la AAA, la acera que ubica frente al poste lucía este domingo con cemento recién colocado. Vecinos del lugar también denunciaron que la compañía a cargo del proyecto ha impactado la carretera con el paso de la maquinaria pesada. En la calle 18 de la urbanización, vecinos realizaban este domingo una manifestación pacífica y reiteraron su petición de que el proyecto sea detenido y demolido.

“Entendemos que, viendo toda la permisología, todas las partes son culpables”, denunció la líder comunitaria Susanna Kinard, al subrayar que las autoridades gubernamentales pudieron haber evitado esta situación que ahora intentan frenar en los tribunales. “Creo que se pudo haber hecho mucho más para paralizar”, sostuvo.

A modo de protesta, los vecinos colocaron un letrero que leía “bienvenidos al monumento de la corrupción y el desplazamiento ‘El Adefecio’ (sic)”, con el que invitaban a las personas a pasar por la zona, tomarse una foto y subirla en las redes sociales utilizando los hashtags #elderechoapermanecer y #amigosdepuertonuevo.

“Vamos a viralizar esta pieza de arte que nos han dejado aquí y que le hemos dado el nombre del ’adefesio’, y que significa una cosa extravagante, fea y sin propósito”, señaló Kinard, al sostener que Puerto Nuevo está experimentado “una ola de desplazamiento”.

“Esto es una zona residencial, esto trae contaminación lumínica, ya lo estamos experimentando con los otros dos billboards que hay en esta área, no se puede descansar, no se puede dormir de noche, tenemos la luz entrando constantemente”, denunció.

“No creo que sea prudente un proyecto como este, que puede causar problemas a las personas aquí al frente, a mí, a la comunidad completa”, añadió Adalberto Sánchez, de 61 años.

Por su parte, Yadira Rodríguez, de 47 años y vecina del frente de la residencia donde se instaló el poste para la valla publicitaria, sostuvo que “esta construcción no se debe hacer aquí, esto no es una zona comercial, lo que quieren es crear de Puerto Nuevo una zona comercial, afectando los residentes que llevan tantos taños aquí”.