La presencia de una casa de cemento –pintada de verde y rodeada de plantas– en medio del recién inaugurado Parque Santurce, a primera vista, puede parecer curiosa. Luego, la historia sobre la transformación reciente de la zona obliga a una reflexión sobre qué fue el predio en el pasado y, sobre todo, cómo esa singular estructura terrera permanece allí en pie.

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La única que vive para responder estas interrogantes es Laura Lasanta Rivera, la última residente en la calle Iglesias, cuyo hogar familiar da cuenta de la lucha por permanecer que dio parte de la comunidad de San Mateo de Cangrejos, que fue expropiada forzosamente a principios de siglo para dar paso a nuevos desarrollos.

Permanecer también ha significado ver la transformación urbana de la zona de Santurce. Pero, para Laura, más que una evolución, se trata de “una nueva comunidad, con nuevas personas”.

“La mayoría de las personas desconocen qué pasó aquí. Piensan que esto siempre fue un solar yermo, que no había nada. Por eso es que les extraña ver una ‘casa dentro del parque’, como dicen”, destacó Lasanta Rivera, quien abundó que le alegra ver a adultos mayores frecuentar el parque. Esa población, de hecho, componía gran parte de la comunidad anterior.

Laura –una maestra retirada de 65 años– es inteligente y sosegada. Su elocuencia al hablar permanece prácticamente incólume cuando relata los duros momentos que atravesó para seguir allí. Su rutina, en esta nueva comunidad, incluye caminar por el espacio verde que ahora rodea su residencia.

“Camino por el parque pero, cuando estoy pisando las áreas, yo sé a quién pertenecían. Así que camino a dos tiempos”, dijo, con voz quebrada, en referencia a sus antiguos vecinos, con quienes no tuvo mayor contacto desde 2005, cuando la última de las familias se fue de la comunidad.

A principios del milenio, San Mateo de Cangrejos –un pueblo fundado por personas negras libres en el siglo 17– era una comunidad diversa. En ella, habitaban familias, personas trabajadoras, migrantes, profesionales y adultos mayores, por mencionar algunos.

En ese momento, ya rondaban los rumores del desplazamiento, avivados por las tarjetas en los buzones que indicaban interés en comprar sus casas. En 2001, Laura recibió una visita en su hogar, a su regreso del trabajo, en la escuela Padre Rufo. Allí, un trabajador de una empresa subcontratada por el Departamento de la Vivienda le dijo que tenía “seis meses para abandonar su propiedad” o sería expropiada.

Laura llamó a sus vecinos e hizo pasar a la persona, quien les habló, dijo la mujer, sobre el plan para “rehabilitar Santurce” con “un inmenso plano de todos los proyectos que venían”. “Y eran proyectos donde –yo ahí me empiezo a percatar– no están contando con la gente que está”, sostuvo.

Poco después, Mary Anne Hopgood Santaella se unió a la lucha contra las expropiaciones. Junto a otras organizaciones, gestó la campaña “Santurce no se vende”, que buscó plasmar las historias de las personas que se resistían a ser desplazadas, empezando con un censo. Además, hicieron protestas, reuniones comunitarias y hasta el Museo del Barrio, que recolectaba y exponía los objetos que quedaban en las casas cuando los residentes se iban.

“Santurce es gente. Esto no puede ser estructura... Esto tiene que ser una ciudad diversa, multirracial, multisectorial. Tiene que haber casa, techo y calidad de vida para toda la gente. No importa tu clase social. Eso era lo que esta comunidad tuvo. Era una de las comunidades más hermosas que puedas imaginar”, abundó Hopgood Santaella sobre el mensaje que intentaron llevar.

En la entrevista junto a Lasanta Rivera, Hopgood Santaella, quien se ha dedicado a documentar el proceso, explicó que –en 2002– se aprobó la Ley 201 que “facultó al Departamento de la Vivienda a expropiar para revender”. En 2003, empezaron a llegar las cartas de expropiación.

Según sus cálculos, las personas desplazadas de esta parte de San Mateo suman casi 440, además de decenas de comercios expropiados. El dinero que dieron a los propietarios por sus hogares no les alcanzó para adquirir un inmueble cercano, y muchos migraron a otros barrios o municipios, como Aguas Buenas y San Sebastián. Fueron pocos los que se pudieron quedar en Santurce.

Los planes de desarrollo, sin embargo, nunca se concretaron según fueron conceptualizados originalmente.

La casa de cuatro cuartos y dos baños que permanece en la calle Iglesias representa mucho más que un aspecto curioso en el nuevo parque. Para Laura, es el legado que su padre, Juan Lasanta, dejó para su prole y la única oportunidad que tuvo para comprar una vivienda.

“Mi papá siempre dijo: ‘lo que yo tengo para dejarte son mi apellido, tus estudios y, ahora, a mis 65 años de edad, esta casa para ustedes dos (Laura y su hermana, Amárilys) para cuando tu mamá y yo no estemos’”, relató la maestra retirada, quien también participó de la compra del hogar, pues la transacción no era aprobada únicamente con el sueldo de su padre.

Cuando compraron la casa, en 1995, a sus vecinos contiguos, les informaron que era una construcción del ingeniero Iglesias, pariente de la cantante soprano Olga Iglesias, a cuyo apellido hace homenaje la calle. La fuerte estructura también habría servido de refugio para los damnificados por el huracán Hugo, en 1989.

Esta residencia también fue el espacio en que –hasta el pasado año– Laura cuidó de su hermana, quien nació con distrofia muscular, y de su madre, Juana Laura, quien quedó catatónica en 2006, al ver lo que ocurría en su comunidad y escuchar el ruido de las máquinas que demolían las casas de sus vecinos.

Laura no olvida las últimas palabras que escuchó decir a su mamá: “‘Tengo miedo, por ahí vienen las máquinas’. [...] Sus últimas palabras fueron esas. Se agarró de la cama de mi hermana, se fue agachando y se ‘desconectó'”.

“Se ‘desconectó' en negación de las amenazas, del ruido, al ver ya en progreso que ya las máquinas estaban llegando (a la calle Iglesias)”, explicó.

Oficialmente, la residencia de la familia Lasanta Rivera aparece como expropiada desde 2003, pero Laura –por su convicción de permanecer– nunca fue al tribunal a reclamar el dinero que el gobierno depositó por su vivienda.

Los trámites judiciales de la expropiación se dilataron por años: hubo enmiendas a la demanda, las vistas eran cada vez más esporádicas y la familia Lasanta Rivera hasta contrademandó al gobierno. En ese prolongado proceso, llegó la ley PROMESA y la quiebra del gobierno, lo que provocó una suerte de “limbo” en el que el caso quedó paralizado, sostuvo la residente.

Aunque técnicamente la casa está en terreno del Estado, ahora el predio está dedicado a un parque para el cual la empresa Putnam Bridge tiene un contrato de administración por 30 años. Esta empresa fue la que terminó de desarrollar el complejo residencial-comercial Ciudadela, pues los desarrolladores originales nunca completaron el proceso.

El predio –que llevaba años vacío al momento de ser alquilado por la empresa de Nicholas Prouty– se destinó a un área verde por los beneficios ecológicos y sociales que tiene un espacio como este en un centro urbano como Santurce.

“Toda gran ciudad merece un buen parque. [...] Los beneficios que tienen los parques en áreas residenciales es inmenso. A nivel de comunidad, es algo beneficioso. Y, más que todo, es reconocer que, en el tren de vida que llevamos diariamente, hacer una pausa para poder reflexionar, las áreas verdes, las áreas naturales son esenciales. No es nada más desarrollar y desarrollar, si no hay un estilo de vida”, expresó Joel Peña, jefe de operaciones de Putnam Bridge.

Al preguntársele por qué no buscaron remover la residencia de Laura como parte del desarrollo, respondió que esa no era una gestión que les correspondía.

“Lo que hay que reconocer es que tenemos a una persona que ha prevalecido en su postura y por qué nosotros, un ente privado, nos vamos a meter con eso. A nosotros, no nos corresponde. Nosotros hemos trabajado en ese proyecto, hemos apoyado a Laura porque vive ahí en su casa. ¿Por qué vamos a hacerle la vida difícil? No, es una persona que hay que asistirla en lo que podamos hacer”, estableció.

Lasanta Rivera reconoció que tiene buena comunicación con la administración de Ciudadela, pues ahora ellos son sus vecinos. Asimismo, destacó que asfaltaron la calle, pintaron su hogar y le recogen la basura, pues dijo que el Municipio de San Juan no lo hacía.

“Me alegro que no se construyó lo que (originalmente) se quería construir porque eso iba a ser para unas personas en específico, no para todo el mundo”, sostuvo Lasanta Rivera, a quien todavía le afecta hablar del proceso de expropiación, pero le consuela saber que, al menos, el terreno se destinó para un fin público.

El Nuevo Día preguntó a Peña si se buscaría que el parque diera cuenta de la comunidad que, por generaciones hizo vida en el espacio convertido hoy en un área de esparcimiento. Ante ello, respondió que le gustaría grabar, en los ladrillos de la entrada al parque, los nombres de las familias desplazadas “como un acto de recordatorio”.

Hopgood Santaella, por su parte, expresó que le alegra que Laura esté bien, y que aún haya un rótulo –el de la calle Iglesias– que consigne que allí existía una comunidad.

Lasanta Rivera quisiera que su legado sea de lucha. “No podemos seguir permitiendo que vengan unas personas o unos intereses (diciendo): ‘tienes que irte porque yo quiero esto’, sin ninguna razón. El ‘tienes que irte porque no caes en el prototipo que queremos’. Eso es injusto. Entonces, ¿a dónde vamos a terminar, en el Atlántico y en el Caribe, si siguen empujando?“.