Sosteniendo carteles que leían “Ningún ser humano es ilegal” y “La humanidad no tiene fronteras”, portavoces de más de 50 organizaciones de la sociedad civil se unieron este miércoles para exigir al gobierno local protecciones a la comunidad inmigrante en Puerto Rico, ante las medidas contra esta población establecidas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Sus reclamos al Estado se centran en la transparencia, los protocolos y las redadas. También, piden que se establezca una política de no colaboración para la implantación de la políticas migratorias y protección de los derechos humanos de todas las personas en Puerto Rico, lo que incluye la garantía del acceso a servicios gubernamentales, indistintamente de su estatus migratorio.

“Repudiamos las órdenes de migración porque son racistas, selectivas, xenófobas y claramente inhumanas. Estas órdenes ejecutivas para nada resuelven el problema de migración que se supone que atienda el gobierno federal. Por el contrario, están provocando un ambiente de miedo en la población y producen un daño irreparable a las familias”, expresó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en Puerto Rico.

El frente rechazó que las redadas sean dirigidas a arrestar personas con historial criminal –como han dicho las autoridades federales– y, más bien, apuntan a una idea racista y estereotipada de la comunidad inmigrante en Puerto Rico.

Las organizaciones también hicieron disponibles sus recursos para ofrecer tanto servicios legales como desarrollo de protocolos para que las comunidades, personal escolar y las familias sepan cómo reaccionar ante la ofensiva antiinmigrante.

Por ejemplo, la organización Ayuda Legal estrenó una línea de asistencia (939-545-3030) con abogados admitidos para su práctica en la corte de inmigración para orientar a las personas. La línea, mientras se consiguen más licenciados, operará de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

La licenciada Mariela García, presidenta del Capítulo de Puerto Rico de la American Immigration Lawyers Association (AILA), subrayó, por su parte, que los gobiernos estatales y municipales pueden determinar voluntariamente si emplean recursos de agencias estatales para colaborar con las gestiones del Ejecutivo federal.

“El gobierno federal no puede obligar, en estos momentos, a agencias estatales a que lleven a cabo la gestión que solo le corresponde al gobierno federal. Para que el gobierno estatal participe, tiene que participar libre y voluntariamente, y unirse libre y voluntariamente a emplear las fuerzas estatales a asistir. En la medida que el gobierno local no asista al gobierno federal, se pueden atrasar ciertas gestiones en lo que viene siendo la ejecución de la orden ejecutiva”, aseguró García.

En ese sentido, las organizaciones condenaron la directriz de la designada secretaria de Justicia, Janet Parra, para que se realicen listas de las víctimas y testigos indocumentados, supuestamente, para que estén protegidos y que “nadie tenga temor en denunciar los delitos que se cometan en su contra ni en colaborar con el esclarecimiento de los casos”.

No obstante, para el frente, el proceder de Parra es “sospechoso” y “preocupante”, además de “chocar” con la política migratoria que tiene visas para víctimas de delito y para personas que colaboran como testigos del Ministerio Público.

A preguntas de El Nuevo Día, la ACLU informó que no descartan incoar pleitos para impugnar las órdenes ejecutivas de Trump, pero, de momento, se han limitado a colaborar con las demandas que la organización ha presentado en otros estados.

Asimismo, Martínez Orabona indicó que se aprestaban a presentar un proyecto de ley para que se establezca “una política pública de protección a la comunidad migrante en Puerto Rico”.

También, se convocó una manifestación para este jueves, a las 4:00 p.m., frente al Tribunal Federal, en la avenida Chardón, en Hato Rey.

En ese sentido, el frente instó a que los municipios se conviertan en ciudades santuario, así como iglesias solidarias con la población migrante. Para ello, la Liga de Ciudades estará disponible para asesorar a las administraciones municipales y la ACLU, a las iglesias. De hecho, este sábado, a las 10:00 a.m., habrá un taller abierto a las iglesias interesadas, en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas, en Miramar.

“La Iglesia es uno de los lugares que se ve afectado, que estaba protegido, que podía servir de santuario para las personas migrantes. Al ser desprotegido, estamos en el proceso de desarrollar protocolos. La misión de la Iglesia es proteger y amar. Mateo 23 dice que el mayor peso de la ley está en la justicia, la misericordia y la fe. Jesús, que es nuestro modelo, fue un migrante. Hay que protegerlos, mostrar hospitalidad. Lo seguiremos haciendo, con la frente en alto”, dijo el reverendo Ricky Rivera, de la Mesa de Diálogo Martin Luther King.

En la conferencia de prensa, también estuvo José Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos, quien informó que esta tarde se reuniría con el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, para pedirle que los 41 municipios con alcalde del Partido Popular Democrático sean ciudades santuario para la población inmigrante.

Igualmente, informó que no se descarta convocar “dos días sin inmigrantes”, lo que quiere decir que esta población se quede en sus casas para evidenciar el impacto que tendría que no sean parte de la sociedad.

El frente tiene un especial énfasis en la vigilancia para que no se limite el acceso a la educación pública, que es un derecho constitucional en Puerto Rico.

“El que funcionario del Estado y funcionario escolares sigan directrices que limitan que esos niños y niñas puedan recibir educación pública, de una manera segura, pudiese ser una violación de su derecho constitucional. Así que ningún funcionario o funcionaria del Estado debería acatar órdenes que claramente pongan en riesgo los derechos fundamentales, como el derecho a la educación”, indicó Martínez Orabona.

En tanto, Marcos Andújar, de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, aseguró que conoce de estudiantes que se ausentaron a las escuelas después de las redadas del domingo en diversas áreas de la zona metropolitana, como Barrio Obrero. Lo mismo dijo de los centros de cuido de niños.

“Ya está teniendo un impacto sobre el acceso al derecho a la educación que deben tener nuestros niños y niñas”, aseguró.

Junto a la Federación de Maestros, están trabajando en protocolos y talleres para los diferentes componentes de las comunidades escolares. Además, con organizaciones comunitarias, están creando “escoltas” para que los niños puedan continuar recibiendo clases, aun cuando sus padres, por la ofensiva antiinmigrante, no puedan acompañarles.