La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) confirmó, en una carta, que la última auditoría del año fiscal 2022 muestra un déficit del fondo general de $3,300 millones en el Gobierno de Puerto Rico, lo que significa que la administración gubernamental no logró ese año el primero de los cuatro presupuestos equilibrados consecutivos requeridos por la Ley Promesa para que el ente federal salga del país.

“La sección 209 (de Promesa) exige que los gastos realizados por el gobierno territorial durante al menos cuatro años fiscales consecutivos no excedan los ingresos del gobierno territorial durante ese año”, subrayó el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en la comunicación que dirigió el jueves al secretario interino del Departamento de Hacienda, Nelson Pérez Méndez.

Mujica anotó que para el análisis se aplicaron los estándares modificados de contabilidad acumulada, un mecanismo que excluye de los ingresos disponibles los fondos que hayan estado guardados en reservas fiscales y que, un día antes en reunión pública, el director ejecutivo advirtió que era el sistema bajo el que debían regirse los estados financieros auditados.

“Como se informa en los estados financieros básicos auditados del Estado Libre Asociado para el año fiscal 2022, los gastos totales del Fondo General del año fiscal 2022, de $22.9 mil millones, excedieron los ingresos totales del Fondo General, de $12.8 mil millones”, precisó el director ejecutivo en la misiva.

Mujica apuntó que la Junta de Supervisión “sigue preocupada por la existencia continua de deficiencias en los controles internos” que han sido identificadas por los auditores y aún no han sido abordadas por el gobierno. Asimismo, señaló la fecha de la emisión de los estados financieros auditados sigue retrasándose significativamente en comparación con las mejores prácticas.

Los estados financieros básicos auditados para el año fiscal 2022 se publicaron en abril de 2024, más de 21 meses después del cierre del año fiscal 2022 y 10 meses después de la emisión de los estados financieros básicos auditados para el año que finalizó el 30 de junio de 2021, señaló Mujica.

“Las mejores prácticas de presentación de informes financieros de la Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno (GFOA, en inglés) son publicar estados financieros anuales auditados dentro de los 180 días posteriores al final del año fiscal”, precisó el director ejecutivo.

El retraso en la emisión de estados financieros auditados, lee la carta, afecta negativamente la confiabilidad de la información financiera utilizada para pronosticar ingresos y gastos y garantizar un equilibrio en los presupuestos.

“La administración del ELA, los tenedores de bonos, los electores y otras partes interesadas no pueden confiar en los estados financieros auditados si no se emiten oportunamente para comprender la asignación de recursos, tomar decisiones de inversión a corto y largo plazo y evaluar la solvencia”, advirtió Mujica.

El Nuevo Día solicitó una reacción del gobernador Pedro Pierluisi a la carta de la Junta. En declaraciones escritas, la secretaria de Prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, sostuvo que el estado financiero auditado del año fiscal 2022 refleja, a nivel contable, la transacción que puso fin a la quiebra del gobierno central y varias entidades gubernamentales.

Asimismo, la portavoz indicó que, a nivel operacional, el gasto del Gobierno estuvo dentro de los ingresos generados para ese año, así como dentro del presupuesto certificado por la Junta de Supervisión para ese año fiscal.

“Tan pronto comenzó su administración, el gobernador Pierluisi dio prioridad a organizar las finanzas, asegurar que hubiera transparencia y cumplir con los pasos y procesos necesarios para encaminar ya la salida de la Junta de Supervisión. Esta administración ha hecho un trabajo monumental y sin precedente para poner los estados financieros auditados al día”, sostuvo.

Pese a lo que señala Mujica en la carta, La Fortaleza defendió que en tres años y medio la administración de Pierluisi ha publicado los estados financieros auditados correspondientes a los años fiscales 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

“Antes de que culmine el año natural 2024, el equipo fiscal del Gobierno estará publicando el estado correspondiente al año fiscal 2023, dejando así el camino para que el estado del año fiscal 2024 sea publicado oportunamente. Esa gestión de responsabilidad y transparencia fiscal es parte del legado de la administración del gobernador Pierluisi”, expuso Angleró.

La carta de Mujica fue enviada un día después de que la Junta certificara la revisión del plan fiscal del gobierno central y aprobara el presupuesto del año fiscal 2024-2025, que sería sometido para evaluación de la Legislatura. En dicha reunión pública, de hecho, quedaron plasmadas las diferencias con la administración del gobernador sobre las condiciones requeridas para la salida del organismo.

Según el director ejecutivo de la JSF, en el escenario más optimista, el primero de cuatro presupuestos balanceados consecutivos que la ley Promesa requiere podría certificarse al concluir este año fiscal -que acaba el 30 de junio-, lo que choca con la interpretación del gobernador.

El director ejecutivo indicó el miércoles que la interpretación del organismo es que los cuatro presupuestos balanceados consecutivos que Promesa requiere para su disolución deben ser aprobados por la Legislatura y firmados por el gobernador, lo que eliminaría de la ecuación el presupuesto del año fiscal 2022-2023, que fue certificado unilateralmente por la JSF, luego que la Legislatura no llegara a un acuerdo.

Previamente, al asumir su turno durante la reunión, Pierluisi había planteado que el presupuesto que se certificará en las próximas semanas, para el 2024-2025, se convertiría en el cuarto balanceado consecutivo.