Vecinos de varias comunidades en Arecibo intensificaron su reclamo en contra de los planes de expansión de Central Waste Services (CWS), empresa que busca desarrollar una planta de manejo y trituración de materiales de construcción, como concreto y escombros, y que los residentes en la zona advierten sería nociva a su salud y el ambiente.

Los arecibeños, que el sábado realizaron una manifestación en contra del posible desarrollo, se mantienen atentos a la determinación que tome el Tribunal de Apelaciones en un caso de reconsideración que presentaron en octubre en busca de frenar la ampliación de la empresa.

La pugna inició cuando, el 30 de julio de 2024, la Junta Adjudicativa de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aprobó una consulta de ubicación que permitiría a la compañía enmendar su permiso para erigir una planta de desperdicios de construcción para su trituración y procesamiento en el municipio.

“Está pendiente que CWS responda a una solicitud de reconsideración que presentamos en el Tribunal de Apelaciones. Lo que está en juego, en ese caso, es si se aprobó arbitrariamente o no esa consulta de ubicación”, explicó el licenciado Omar Saadé Yordán, representante legal de las comunidades en el barrio Factor.

“Nosotros decimos que sí, por todos los elementos que se requieren en ley y que no se consideraron. Toda la amenaza es producto de la inobservancia, que no se aplica ni se cumple con los criterios legales que ya existen”, argumentó Saadé Yordán, en entrevista con este medio.

Tras no recibir respuesta de la División de Revisiones Administrativas de la OGPe, líderes comunitarios recurrieron al foro apelativo para que se revoque la consulta de ubicación aprobada a CWS.

Una consulta de ubicación es el procedimiento ante la OGPe y algunos municipios autónomos para que evalúen y decidan sobre propuestos usos de terreno que no son permitidos ministerialmente y no pueden atenderse mediante otro mecanismo.

El Nuevo Día intentó obtener declaraciones de CWS, pero no hubo respuesta. La compañía se dedica a la recolección y transportación de materiales y residuos de procesos de manufactura, asbesto y plomo, aceite usado, suelo contaminado, residuos de emergencias, escombros de construcción, productos expirados y desperdicios industriales, entre otros servicios.

Saadé Yordán, quien estuvo presente en la manifestación del sábado, ha argumentado que el proyecto propuesto es “incompatible” con el entorno residencial, que ya sufre las consecuencias de un vertedero y su impacto ambiental y a la salud.

“Lo pudiesen proponer en otro lugar, pero lo están proponiendo allí, y ese es el problema. Ellos (CWS) comenzaron a tramitar esto en el 2021, a escondidas, sin decirlo a nadie y sin poner el rótulo que se requiere en ley”, sostuvo.

“Cuando lo anuncian tarde en el 2024, no anuncian que es un proyecto especializado, y eso es importante porque, lo fundamental, el motivo para tener que solicitar eso es la trituradora de cemento, que es la mayor preocupación de la comunidad, junto a todo el aumento significativo de camiones”, relató.

La aprobación de la OGPe permitió reclasificar como distrito industrial especializado el predio de 12 cuerdas que ocupa CWS, lo que daría paso al desarrollo de la planta. Previamente, el predio estaba clasificado como comercial intermedio e industrial liviano.

Las comunidades aledañas –que por años han denunciado la contaminación de cuerpos de agua, polvo fugitivo, ruidos excesivos por la entrada y salida de camiones, pestes y enfermedades entre los vecinos producto de la operación del vertedero ubicado allí– están convencidas de que todo eso empeorará si CWS, una empresa distinta a la que opera el vertedero, logra expandir sus operaciones.

La expansión implica –entre otras cosas– la entrada y salida de unos 60 camiones, que totalizarían 120 viajes diarios.

Según los documentos analizados previamente por este medio, la compañía propone crear tres áreas de almacenamiento para las varillas y metales que se obtengan del proceso de trituración del concreto; la ubicación del material de concreto, vigas, y estructuras no demolidas previo a la trituración, y la ubicación del concreto demolido sin metales.

En el área sur del predio, se establecería una máquina con capacidad de triturar hasta 200 yardas cúbicas diarias de concreto. Dicha trituradora opera con un motor diésel de 375 caballos de fuerza.

“Es un problema de contaminación cerca de una comunidad residencial. Está cerca, demasiado cerca (de las residencias). Cuando (en OGPe) decidieron, no hicieron un análisis de distancia, de fuerza de viento, de dirección, de densidad poblacional, que eso aquí era crucial”, señaló Saadé Yordán.