Los confinados recluidos en la institución carcelaria Ponce Principal volvieron a recibir servicios este miércoles, luego que se levantara el “lockdown” instaurado desde mediados de diciembre, confirmó Dallie Cruz Ruiz, presidenta de la organización Defensoría de los Derechos Carcelarios.

“Según me informó un familiar, ya el ‘lockdown’ fue retirado, gracias a Dios. Se supone que todo vuelva a la normalidad. Los que están en Regla 9 continúan, alegadamente, hasta el 25 de enero del 2025, sin los servicios correspondientes, a lo que terminan la supuesta medida impuesta por el contrabando incautado”, expresó la criminóloga, quien alertó que la suspensión de servicios podría impactar la rehabilitación de los confinados, pues, con un “lockdown”, se ponen en pausa todos los programas que no sean de alimentos o de salud.

La administración del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) instauró la medida de seguridad, luego que el confinado Ángel Joel Badillo Vargas, de 37 años, se fugara de la prisión, el 16 de diciembre. El reo no ha sido detenido.

El DCR estuvo acéfalo hasta este miércoles, cuando la gobernadora Jenniffer González nombró como secretario a Francisco Quiñones Rivera, quien dio la orden para que se dejara sin efecto la medida, según una portavoz de la agencia.

Pese a que la institución que alberga a los reos de mínima y mediana seguridad en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, ya no está en “lockdown”, aún hay dos áreas de la prisión que están bajo la Regla 9 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Población Correccional, correspondiente a la “suspensión de privilegios por medida de seguridad”, debido a que se detectó contrabando en ambas.

“Es muy importante que las personas entiendan que, a lo mejor, puede parecer un capricho el hecho de que uno se queja y, pues, es la población correccional, ‘que no merece absolutamente nada’, pero si nosotros no hacemos valer nuestros derechos y lo que está establecido en reglamentos, jamás vamos a llegar a ningún lado. Lo que queremos es un trato digno y que se cumpla lo que está reglamentado”, sostuvo Cruz Ruiz.

Aunque el “lockdown” se dejó sin efecto, Cruz Ruiz recalcó que el DCR utiliza estas medidas sin que, supuestamente, estén reguladas para, por ejemplo, definir las razones por las que se pueden activar los parámetros de investigación o el tiempo de vigencia.

“Si este tipo de práctica se seguirá imponiendo en las poblaciones correccionales, pues, que la misma sea una que esté regulada y que esté contemplado en reglamento la manera en la que se debe proveer la información, cuáles son las circunstancias en las que se dan y, sobre todo, los términos de investigación, cuál es el procedimiento a seguir, así como están establecidas todas las reglas de procesamiento de cualquier confinado o a nivel colectivo. Mientras no esté regulada, no debería ser impuesta en ninguna población hasta que no suceda lo contrario”, acotó.