Líderes feministas reprocharon este jueves las fallas del Departamento de Justicia en la otorgación de fondos del disuelto Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) a entidades sin fines de lucro, a raíz de las recientes denuncias de deficiencias por parte de la Oficina del Contralor, mientras la agencia afirmó que encaminó “acciones correctivas” para atender los señalamientos.

Para Vilma González Castro, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres –que fue integrante del Comité PARE–, los comentarios de la Contraloría no son una sorpresa, pues indicó que “ha habido varias situaciones” a lo largo de los años relacionadas con el cambio y la reducción en el personal de monitoreo de Justicia “y cómo se dan instrucciones que no quedan claras para las organizaciones”.

“Las organizaciones que fuimos parte del Comité PARE solicitamos que se movieran los fondos a OPM (Oficina de la Procuradora de las Mujeres), precisamente, para evitar esta situación en el Departamento de Justicia, porque ya las organizaciones habían identificado tardanza y problemas en la distribución de los fondos”, comentó González Castro.

El miércoles, la Contraloría reveló que los analistas de Justicia, a cargo de la evaluación y el monitoreo de los fondos del Comité PARE, “no verificaron el cumplimiento de las entidades receptoras con las guías establecidas para el desembolso y supervisión de los fondos”. El período auditado fue del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024, según el informe firmado por la contralora Yesmín Valdivieso.

“De una muestra de los $2 millones asignados para apoyar a las entidades sin fines de lucro, se evidencia que los analistas no se aseguraron de que los expedientes estuvieran completos, validaron la evidencia de cuatro profesionales sin contrato formalizado, o aceptaron informes de asistencia sin firmar ni certificados por la entidad, entre otros hallazgos”, reza el informe.

Por otro lado, expone que los analistas “aceptaron la evidencia de pagos de una entidad por gastos inelegibles, como servicios sufragados por otra subvención, servicios de psicología facturados dos veces y pagados con fondos PARE y con otra subvención, o el pago doble a una cocinera”.

Por su parte, la licenciada Amárilis Pagán sostuvo que las subvenciones a las que el informe hace referencia se dieron en el contexto del “recorte sustancial de fondos federales destinados a servicios de víctimas del crimen” que Justicia sufrió, en 2021, y que afectó los donativos que la agencia hacía a organizaciones que atendían a víctimas de violencia de género.

“La designación de los $2 millones que hizo PARE tenía el objetivo de subsanar esa pérdida de fondos para que los servicios pudieran seguir ofreciéndose. Sin embargo, la experiencia con el Departamento de Justicia fue muy atropellada desde el principio. De hecho, las organizaciones tuvieron que esperar meses para la otorgación y desembolso de fondos. Lo que muchas de nosotras percibimos en ese momento fue que el Departamento de Justicia no tenía la infraestructura administrativa para manejar efectivamente los fondos”, manifestó Pagán.

La secretaria designada de Justicia, Janet Parra Mercado, informó, en declaraciones escritas, que la agencia tomó “acciones correctivas” para atender los señalamientos de la Contralora.

“Tan pronto tuve conocimiento, me reuní con el equipo de trabajo para atender de inmediato los señalamientos. Por esto, en el Departamento de Justicia se implementarán las acciones correctivas que correspondan para subsanar las deficiencias señaladas, con el fin de asegurar que la otorgación y monitoreo de los fondos se alineen con los más altos estándares de eficiencia”, planteó la funcionaria.

El Nuevo Día solicitó detalles de cuáles serían las acciones correctivas, pero no obtuvo respuesta.

Por su parte, González Castro urgió a la agencia a implantar “medidas concretas e inmediatas” para corregir las fallas planteadas por la Contraloría. “No basta con reconocer el problema, se necesitan acciones claras que garanticen transparencia y eficiencia en la administración de los fondos”, esbozó.

“Nuestro llamado es a que, dentro del mismo Departamento de Justicia, se refuerce la supervisión de los analistas, se actualicen sus reglamentos, implementen sistemas de monitoreo eficientes, capaciten adecuadamente a su personal y garantice que las entidades cumplan con los requisitos. No podemos permitir que fallas administrativas pongan en riesgo la seguridad y el bienestar de las víctimas que dependen de estos servicios”, puntualizó.

El Comité PARE cesó sus funciones como consejo asesor del exgobernador Pedro Pierluisi en agosto de 2022. La oficial de cumplimiento Ileana Espada culminó sus funciones en diciembre, cuando también llegó a su fin el estado de emergencia por violencia de género que se declaró en 2021.

La fiscal Espada declinó comentar sobre los señalamientos de la Contraloría.

Mientras, tanto Pagán como González Castro enfatizaron que los señalamientos no deben interpretarse como que las organizaciones que brindan servicios a víctimas y sobrevivientes de la violencia machista “no hacen su trabajo”. Además, González Castro estableció que “las organizaciones están abiertas a ser fiscalizadas y hay una responsabilidad de las agencias pertinentes a orientar a estas organizaciones sobre la reglamentación y el cumplimiento”, al tiempo que aseguró que las entidades cuentan con protocolos y políticas internas fiscales para cumplir con los requisitos de sus fuentes de fondos.

“No quisiera que bajo ningún concepto se piense que las organizaciones no hacen su trabajo. Muy al contrario, lo hacen a pesar de las limitaciones que les imponen los procesos atropellados en las agencias que les dan los fondos y que no comprenden la urgencia y la importancia de mantener apoyo económico consistente”, argumentó Pagán.