Para la gerencia de LUMA Energy, los señalamientos realizados recientemente por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en torno a la aparente incapacidad del consorcio de obtener cientos de millones de dólares en reembolsos del gobierno federal para garantizar suficiente liquidez para sus operaciones son el reflejo de una relación “politizada” en medio de otra disputa sobre las transferencias que la corporación pública debe remitir conforme al contrato de privatización.

Junto al señalamiento por la presunta insuficiencia en los reembolsos, la AEE también consignó, en una moción radicada ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), supuestos gastos excesivos de LUMA que igualmente reducen el capital disponible para llevar a cabo sus funciones ordinarias.

“Se puede ver a través de los informes (financieros) y lo que hemos reportado que hemos hecho una inversión de más de $1,000 millones con fondos federales. Ese proceso es mediante reembolso. No es que haya una ATH de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y nosotros vamos y sacamos el dinero y, con eso, invertimos. Tenemos que invertir primero, y hemos priorizado el trabajo que tenga el mayor efecto, de manera más rápida, para los clientes, y después tenemos que hacer el proceso de reembolso con FEMA y COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia)”, expresó Mario Hurtado, principal oficial regulatorio de LUMA.

Entre los planteamientos que la AEE expuso al NEPR el 25 de octubre, sin embargo, estuvo precisamente que, de los gastos de más de $1,100 millones realizados por LUMA para proyectos federales, solo se han recibido reembolsos cercanos a los $550 millones, o aproximadamente la mitad. De ese monto, unos $400 millones corresponden a adelantos de FEMA producto del programa de Working Capital Advance –instituido para proveer liquidez para iniciar las obras federales–, por lo que solo la diferencia representaría propiamente reembolsos por trabajos completados.

Según la AEE, si LUMA hubiera logrado recibir los reembolsos acorde a las obras ejecutadas, la corporación hubiera tenido la liquidez suficiente para transferir a las cuentas del operador privado, a lo largo de los pasados meses, las cuantías completas que requiere el contrato.

Ante esas deficiencias, la AEE indicó que se ha tenido que limitar a transferir no más de dos terceras partes del monto máximo, un mecanismo también contemplado en el acuerdo de privatización.

“Las obligaciones (de transferir fondos) no son absolutas ni incondicionales. Más bien, son contingentes a la disponibilidad de liquidez, que depende de una generación de ingresos efectiva y de los procesos de reembolsos federales que ahora maneja LUMA”, puntualizó la AEE, que contrastó cómo la propia corporación pública ha podido recibir $1,200 millones en reembolsos federales para sus proyectos, a pesar de contar con menos recursos.

“Es un proceso largo y complicado, y no es un secreto para nadie que sea así. Incluso, individuos han pasado por eso y lo conocen de primera mano, pero hemos trabajado muy de cerca con FEMA y COR3, de manera cooperativa, para acelerar ese proceso y hemos avanzado bastante con esa medida. Es muy desafortunado que estamos en un periodo (en) que se politiza el trabajo que es esencial para el pueblo de Puerto Rico, que estamos haciendo en LUMA, y ojalá fuera más cooperativo y menos politizada esa relación con la AEE”, señaló Hurtado, en entrevista telefónica.

El escrito sometido por los abogados de la AEE al NEPR también apunta a que LUMA, supuestamente, ha incurrido en “gastos innecesarios y/o irrazonables”, tales como los “sobre $200 millones” destinados a trabajadores importados desde otras empresas afiliadas a las matrices del consorcio, cuyos beneficios exceden los que reciben los trabajadores locales al incluir costos como boletos de avión, alquiler de vehículos y estadías en hoteles.

Hurtado replicó que, contrario a las afirmaciones de la AEE, LUMA se ha mantenido dentro de los presupuestos aprobados por el NEPR y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

“Hay un intento para confundir muchas cosas”, sostuvo el ejecutivo. “Escuchar esas críticas de la entidad que quebró todo el sistema eléctrico hace más de siete años, y todavía no ha podido salir de (el proceso de bancarrota bajo el) Título III por falta de buen manejo financiero y buena gerencia, creo que hay que considerar de dónde vienen esas críticas”.

Más temprano en octubre, como parte del expediente asociado a las tarifas eléctricas bajo el NEPR, LUMA indicó que, presuntamente, mantiene una crisis de liquidez debido a que la AEE, supuestamente, no ha financiado adecuadamente las distintas “cuentas de servicio”, incluyendo las utilizadas para cubrir necesidades operacionales, la compra de combustible y de respuesta a eventos de emergencia.