LUMA Energy obtuvo una prórroga de 24 horas para presentar al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) los factores para el ajuste trimestral en la factura que entrarán en vigor en enero, pero, en el camino, recibió la reprimenda del presidente del organismo, Edison Avilés Deliz, quien criticó las reiteradas peticiones del consorcio a esos efectos a lo largo de los pasados tres años y medio.

Cuatro de los cinco comisionados que intervinieron en la resolución emitida ayer, miércoles, acogieron la petición para posponer del 16 al 17 de diciembre el plazo para someter la petición, luego de que el operador de la red eléctrica argumentó que Genera PR –encargado de la flota generatriz– se había demorado en entregarle la información necesaria para calcular los ajustes que se incorporarán a las cláusulas de compra de combustible y energía que, a su vez, se financian mediante la tarifa.

“El Negociado de Energía advierte a LUMA que no se otorgará ninguna prórroga adicional para someter estos factores ya que (incide sobre) el tiempo del Negociado de Energía de revisar los sometimientos de LUMA”, precisó la resolución, que igualmente ordenó a la empresa incorporar los costos que tuvieron los apagones masivos del 2 y 12 de junio.

Los apagones tuvieron como resultado una reducción en los ingresos por venta de energía y, paralelamente, un aumento en los costos de producción eléctrica, al tener que recurrir a las unidades de generación más caras de la flota ante la indisponibilidad de varias plantas.

“El Negociado de Energía apercibió a LUMA que, debido a la proximidad de la aprobación trimestral de factores, de no presentar la información requerida y responsiva dentro del término establecido, el Negociado de Energía establecerá un estimado razonable de los costos asociados a los apagones, la cual será diferida hasta tanto concluyan las investigaciones de rigor relacionadas a los apagones y haya una determinación sobre la existencia, o no, de negligencia”, agrega el documento.

Previamente, el NEPR ha indicado que, de concluirse que los apagones fueron producto de actos negligentes de LUMA o Genera PR, el costo derivado de los eventos no se traspasará a los clientes, como ocurre de ordinario con los gastos de mantenimiento y operación del sistema, pero, al momento, el ente regulador no ha completado su investigación.

Avilés Deliz, sin embargo, consignó en una opinión disidente, en parte, que el aplazamiento del término no debió autorizarse debido que LUMA debió “prever” ese tipo de situación.

“La justificación de LUMA es insuficiente. Aunque pueden ocurrir circunstancias como la descrita, LUMA tiene la obligación de prever este tipo de situación y contar con los recursos suficientes y adecuados para manejarla sin comprometer los plazos regulatorios establecidos. Cualquier retraso en la entrega de información por parte de terceros no puede servir de excusa para reducir el tiempo que el Negociado de Energía requiere para realizar un análisis riguroso y emitir una resolución fundamentada”, indicó el presidente del organismo, quien subrayó que, en los 15 procesos de revisión trimestral desde junio de 2021 –cuando LUMA entró en funciones–, el consorcio ha solicitado prórrogas en nueve.

A su vez, subrayó que LUMA tiene la responsabilidad de notificar de forma “oportuna” al NEPR si Genera PR incumple con las entregas de información requeridas para proponer el ajuste: “En este caso, LUMA no realizó una notificación oportuna, demostrando una falta de previsión y diligencia”.

“A más de tres años desde el inicio de sus operaciones, LUMA debe haber desarrollado la capacidad operativa para cumplir con sus obligaciones regulatorias de manera diligente y puntual. Este patrón de solicitudes recurrentes evidencia una gestión inadecuada que debe ser corregida inmediatamente. Si LUMA enfrenta limitaciones operativas y/o falta de personal, corresponde a dicha entidad tomar las medidas necesarias para subsanarlas, asegurando que sus responsabilidades regulatorias no se vean comprometidas”, acentuó Avilés Deliz, quien, a pesar de las determinaciones del NEPR dando paso a las repetidas extensiones de términos, expresó que dicha “flexibilidad (…) no debe ser interpretada como una práctica habitual ni como una tolerancia hacia incumplimientos sistemáticos de los términos regulatorios”.