En respuesta al requerimiento del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que inquirió sobre las medidas que LUMA Energy implantará para revertir los indicadores de servicio negativos que se registraron en el año fiscal 2023-2024, el consorcio advirtió que gran parte de los proyectos de mejoras necesarios carecen de fuentes de fondos identificadas para su ejecución, abriendo la puerta a un deterioro aún mayor del sistema eléctrico.

“Aunque ha habido progreso en iniciativas de mejoras al sistema, estos retos resaltan la necesidad urgente de inversión mejoras en infraestructura y modernización. A la fecha, gran parte de la inversión necesaria se encuentra no financiada o subfinanciada debido a restricciones presupuestarias y limitaciones en el diseño del proceso de obligaciones. Sin estas inversiones críticas, la envejecida red continuará deteriorándose, incrementando el riesgo de fallas sistémicas y comprometiendo aún más la confiabilidad”, sostuvo LUMA, como parte de las explicaciones ofrecidas al organismo regulador.

La advertencia de la empresa –sometida el miércoles– se incluyó específicamente en las respuestas asociadas al cuestionamiento del NEPR por los aumentos en los índices de interrupciones de servicio vinculados a fallas del sistema de transmisión y distribución. Los datos provistos por LUMA reflejaron, en términos generales, un alza de 18% en el tiempo que los clientes permanecieron sin luz en el último año fiscal, en comparación con el 2022-2023.

Asimismo, el NEPR pidió respuestas en torno a los incrementos de frecuencia y duración de interrupciones a nivel regional. La frecuencia de los apagones reflejó un alza en 12 de los 15 distritos operacionales de LUMA, al tiempo que la duración hizo lo propio en cinco.

Genera PR, a cargo de la flota de generación, igualmente debía presentar sus respuestas el miércoles, pero pidió al NEPR una prórroga de siete días laborables.

En los cinco distritos –Arecibo, Canóvanas, Mayagüez, Ponce y San Juan– donde hubo aumentos en la duración total de las interrupciones, LUMA aludió a incrementos interanuales en los eventos de apagones asociados al contacto de la vegetación con líneas eléctricas, que fluctuaron entre el 22% y 49% por región. Con la excepción de Mayagüez, en el resto de los distritos, LUMA también informó aumentos en fallas “relacionadas a equipo”, de entre 11% y 56%.

En la moción, de 51 páginas, la empresa a cargo del sistema de transmisión y distribución subrayó, sin entrar en mayores detalles, que, en el año fiscal 2024-2025, anticipa continuar desarrollando personal para labores en líneas eléctricas y subestaciones, realizar inversiones en tecnología automatizada para identificar, prevenir y responder más ágilmente a potenciales averías y reemplazar equipo crítico, como interruptores.

Como parte de la discusión del presupuesto para el presente año fiscal, LUMA estimó que había iniciativas, con un costo ascendente a $65 millones, que no podría ejecutar debido a la falta de fondos, al tiempo que otras estrategias en curso se quedarían cortas por $45 millones para poder completarse. Entre esas tareas, LUMA mencionó el mantenimiento de luminarias instaladas recientemente, así como medidas para la prevención de fuegos.

En su escrito de esta semana al NEPR, LUMA precisó que, el pasado año fiscal, emitió 46 “órdenes de trabajo” asociadas a incendios.

Actualmente, el NEPR encamina el proceso periódico de revisión tarifaria, que incluye un análisis de los fondos operacionales que LUMA necesitará para los años fiscales 2026, 2027 y 2028, y que se anticipa resulte en un aumento sustancial en las facturas que reciben los consumidores. En este año fiscal, el consorcio cuenta con un presupuesto operacional de casi $693 millones, que se suman a los $135 millones que cobra al gobierno como compensación contractual.

La tarifa base del consumo energético –de donde provienen los fondos que LUMA utiliza para el mantenimiento y operación de la red– no se revisa desde 2017, toda vez que los ajustes trimestrales que aplica el NEPR atienden únicamente las fluctuaciones en los costos de combustible y compra de energía.

El requerimiento de información que el NEPR emitió a finales de diciembre –cuando por primera vez afirmó que considera expedir multas por desempeño– abordó otras facetas en las que, a juicio del organismo, se registró un deterioro en el año fiscal 2023-2024, como el manejo presupuestario, la tasa de fatalidades, la cifra de facturas estimadas, las reclamaciones abiertas por clientes y los pronósticos de gastos de combustible.

En el tema presupuestario, LUMA planteó que el NEPR hacía un análisis incorrecto al fundamentarlo en un “promedio de los valores mensuales”, en lugar de considerar que, al final del año fiscal, el consorcio permaneció dentro de los parámetros aprobados, al tiempo que, en relación a las dos fatalidades, sostuvo que no respondían a protocolos negligentes ni a falta de implantación.

“Aunque sumamente lamentables, estos eventos no reflejan la mejoría general en la organización. Sin embargo, subrayan la necesidad de vigilancia continua y mejores medidas de prevención”, indicó la empresa.