Organizaciones de bienestar animal, residentes del Viejo San Juan y ciudadanos privados se manifestaron este sábado en la ciudad amurallada en defensa de los gatos del Paseo del Morro, en momentos en que Alley Cat Allies espera, “en los próximos días”, una determinación en la demanda que busca frenar el plan del Servicio de Parques Nacionales (NPS, en inglés) para la remoción de los felinos.

“Hemos tenido una manifestación que ha ayudado a diseminar información y que esperamos que sirva para comenzar una cadena de manifestaciones en otros lugares del mundo que están muy pendientes a la controversia que se está llevando a cabo aquí, y eso tiene que nacer desde Puerto Rico, porque son nuestros gatos los que queremos proteger”, expresó a El Nuevo Día la licenciada Ana María Salicrup, representante legal de Save a Gato.

En abril del año pasado, Alley Cat Allies –que aboga por la protección de colonias comunitarias de gatos– demandó al NPS con el fin de detener su plan para remover más de 200 gatos que habitan en el Paseo del Morro. En agosto, la organización sometió una moción ante el Tribunal Federal en Washington D.C. –donde se ve el caso– para evitar que el NPS prosiguiera con el proceso de licitación para la remoción de los felinos, lo que se le concedió unas semanas luego, en septiembre.

Según Salicrup, el caso está sometido y “la información que hemos tenido es que una decisión puede estar pronto a publicarse en estos próximos días y, por eso, la importancia de hacer saber el sentir de los puertorriqueños en cuanto a este plan del gobierno federal con nuestros gatos”.

La abogada aseguró que se sienten esperanzados de que el Tribunal Federal en Washington D.C. se alinee con los planteamientos de Alley Cat Allies, que incluyen, entre otras cosas, que el proceso del NPS ha sido atropellado y que no ha cumplido con los requisitos dispuestos por ley en estos casos.

“Estamos muy esperanzados en que se haga justicia en ese sentido, pero eso no va a quitar que sigamos luchando por el bienestar del resto de los gatos, porque estos gatos solamente se circunscriben al área del Paseo del Morro y tenemos muchas otras colonias de gatos, tanto en el Viejo San Juan como en el resto de Puerto Rico. Lo que nosotros decimos es que esto es simplemente un síntoma de un problema más profundo que afecta a nuestra isla en cuanto al acceso a esterilización y cuidado veterinario a precios razonables, y también que el gobierno y las autoridades se involucren en atender lo que es una situación a nivel de país”, indicó.

Uno de los señalamientos del NPS para defender su plan es que estos animales pueden ser un “vector de enfermedades”. Sin embargo, la representante legal de Save a Gato –que lleva más de 20 años cuidando de felinos en el Viejo San Juan– argumentó que la agencia federal ha sido incapaz de mostrar evidencia que sustente ese planteamiento.

“De hecho, hemos hecho las gestiones con el Departamento de Salud también, para pedir los datos sobre las instancias de rabia, porque esa es una de las razones que ellos (NPS) mencionan en sus informes, y no hay estadísticas sobre casos de rabia en gatos, mucho menos en el Viejo San Juan ni en el Paseo del Morro”, dijo.

Agregó que la remoción de los gatos redundaría en un problema de salud pública, pues su ausencia podría provocar que se descontrole la cantidad de roedores en el Viejo San Juan.

Por otro lado, lamentó que la administración de la gobernadora Jenniffer González no se ha expresado sobre la controversia, y aseguró que los defensores de los felinos tienen interés en colaborar con el nuevo gobierno en un plan para la defensa de los gatos.

“Nos reunimos en algún momento con la administración anterior, con un comité que habían nombrado de bienestar animal, porque había una intención de revisar un plan en conjunto, con fondos ya asignados, que no le costaría nada al gobierno de Puerto Rico, y eso nunca se ejerció. Así que lo intentaremos de nuevo con esta administración y esperamos que sean receptivos a las soluciones que les vamos a proponer, porque definitivamente requiere de una colaboración entre el gobierno y las organizaciones sin fines de lucro”, esbozó Salicrup.