El presidente universitario, Luis A. Ferrao Delgado, avaló el proyecto de ley presentado por el senador Thomas Rivera Schatz
El presidente universitario, Luis A. Ferrao Delgado, avaló el proyecto de ley presentado por el senador Thomas Rivera Schatz
10 de enero de 2025 - 10:00 AM
Actualizado el 10 de enero de 2025 - 12:22 PM
Una propuesta legislativa para establecer un mecanismo de admisión automática a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para ciertos alumnos de escuelas superiores públicas y privadas revivió el debate sobre las alternativas para atender el descenso en la matrícula estudiantil en el sistema universitario.
El presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, apoyó la medida del senador Thomas Rivera Schatz, que dispone que la universidad del Estado admitirá a todo estudiante que, “al finalizar su undécimo grado, se encuentre en el 10% de su clase de escuela superior”. Asimismo, ordena a la UPR a adoptar políticas que permitan admitir a los alumnos si están “en el 25% de su clase”.
Ferrao Delgado destacó que el sistema universitario ha perdido un tercio de su matrícula estudiantil entre los años académicos 2016-2017 y 2023-2024.
“La medida senatorial debe ayudar a revertir la drástica caída en la matrícula experimentada durante los últimos lustros, a la vez que refuerza la posición de la UPR como la principal institución de educación superior a la cual deben acceder los mejores estudiantes de nuestro sistema de educación pública”, expresó Ferrao Delgado, mediante un comunicado de prensa.
Sostuvo que estudiarán el Proyecto del Senado 5, pero vaticinó que tendrá “gran impacto al fortalecer la confianza del público en la UPR como motor de movilidad social y excelencia académica”.
Por su parte, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios estableció que, en principio, favorece el fin de la medida. Sin embargo, la presidenta de la organización, María del Mar Rosa Rodríguez, señaló que hay lagunas en el proyecto de ley y será necesario introducir enmiendas para ponerlo en vigor.
Como está redactada, la medida no detalla a qué se refiere cuando menciona el 10% de una clase, aunque se puede inferir que se trata de los alumnos con los niveles más altos de aprovechamiento académico, apuntó la profesora.
“Si es aprovechamiento académico, pues, ¿cómo se define? No sabemos si es por notas, si es por College Board. Las escuelas hacen ese ‘ranking’ de diferentes formas, si es que lo hacen, porque hay escuelas que no tienen ese ‘ranking’”, expresó Rosa Rodríguez.
Tanto Rosa Rodríguez como uno de los representantes estudiantiles ante la Junta de Gobierno de la UPR, Simonely Hidalgo, señalaron que la medida no atiende la falta de recursos económicos de la UPR, por lo cual quedan interrogantes sobre cómo la institución manejará lo que podría ser un aumento en alumnos sin el presupuesto necesario.
Tampoco se toma en cuenta el aumento en los costos de estudio que se han impuesto, desde 2016, a través de los planes fiscales certificados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“El proyecto de ley parecería partir de la premisa de que la reducción estudiantil se relaciona con los procesos de solicitar admisión a la UPR y con la reducción demográfica. Sin embargo, la razón principal de la baja estudiantil es el costo de estudio”, estableció la APPU, en un boletín circulado el jueves entre sus miembros.
Rosa Rodríguez sostuvo, además, que hay una desconexión entre la medida y el funcionamiento actual de la UPR, pues se ordenaría a la institución académica informar a los estudiantes todos los programas en los cuales se pueden matricular. “La UPR tiene miles de programas. ¿Cómo se hace eso? “, cuestionó, al argumentar que una opción sería seguir el modelo de instituciones francesas bajo el cual todos los alumnos de primer año son admitidos a un programa general y, luego, seleccionan sus concentraciones.
“Si es aprovechamiento académico, pues, ¿cómo se define? No sabemos si es por notas, si es por College Board. Las escuelas hacen ese ‘ranking’ de diferentes formas, si es que lo hacen ”María del Mar Rosa Rodríguez, presidenta de la APPU
“Es loable. Evidentemente, no es sorpresa para nadie que la universidad ha perdido sobre 20,000 estudiantes, y todo este tipo de iniciativas son bien recibidas. Sin embargo, tampoco podemos dejar pasar que hay que hacer ajustes en el texto del proyecto y, administrativamente, en la UPR para asegurar que, de aprobarse y convertirse en ley, no tenga repercusiones negativas”, expresó Hidalgo.
Además, el líder estudiantil hizo un llamado a que esta apertura para discutir las necesidades de la UPR a nivel legislativo se mantenga con otras propuestas que la comunidad universitaria ha reclamado, como la creación de la llamada Ley de Reforma Universitaria.
Desde que asumió la presidencia de la UPR, Ferrao Delgado ha propuesto cambios a las políticas de admisión, en aras de aumentar la cantidad de alumnos que escogen a la universidad del Estado como opción de estudio.
En septiembre de 2022, por ejemplo, propuso dejar de utilizar la prueba de admisión universitaria, conocida como PAA, que administra el College Board como un requisito de admisión. En vez, cada recinto crearía su propia prueba estandarizada para medir la aptitud de los estudiantes que soliciten admisión. La medida no fue adoptada por la Junta de Gobierno de la UPR, aunque sí se flexibilizaron los criterios de admisión para dar menos peso a los resultados de la prueba estandarizada.
De otro lado, la vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles de la UPR, Mayra Charriez Cordero, señaló que la medida legislativa atiende “principios” que están ya contenidos en la Política de Normas de Admisión de la UPR, que establece una ruta de admisión no tradicional para diversas categorías de estudiantes, entre ellos, talentosos, provenientes de escuelas especializadas y participantes de programas de articulación universitaria.
“Es importante que este proyecto se estudie en su implementación para que se complemente con la certificación (de la política de admisión)”, apuntó Charriez Cordero, en declaraciones escritas.
La Ley de la Universidad de Puerto Rico de 1966 dicta que es responsabilidad de los senados académicos “establecer los requisitos generales de admisión, promoción y graduación de los estudiantes”. A su vez, es la Junta de Gobierno de la UPR el ente que otorga aprobación final a las normativas del sistema universitario y que, por ley, debe “elaborar mecanismos que conduzcan a la mejor transición entre los programas de las escuelas superiores del país, especialmente las públicas, y los programas de la universidad, de manera que los alumnos y las alumnas del país se formen en un ambiente conducente a la formación universitaria”.
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