El doctor Rafael A. Pichardo rechazó bajo juramento que fuera la persona que presuntamente le inyectaba una sustancia al convicto Hermes Ávila Vázquez para que perdiera movilidad en la parte inferior de su cuerpo mientras era sometido a exámenes médicos en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y el Centro Médico.

“Es totalmente falso y difamatorio que yo le haya inyectado al confinado Hermes Ávila Vázquez un medicamento para adormecer sus extremidades inferiores y simular condiciones de salud que no padecía en los exámenes y estudios en el Fondo del Seguro del Estado ni para ningún otro propósito”, lee la declaración jurada con fecha del jueves, que el médico haría llegar al Departamento de Justicia.

Durante una vista pública el miércoles en el Senado, el gerente de Investigaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Alexis Rodríguez Rivera, presentó los hallazgos de una pesquisa interna sobre los hechos que rodearon la liberación de Ávila Vázquez al amparo de la Ley 25-1992, que permite el egreso de pacientes de sida y otras enfermedades terminales. Ávila Vázquez, de 53 años, alegó paraplejia.

Entre las alegaciones que hizo el convicto –y que fueron referidas al Departamento de Justicia–, estaba también una supuesta promesa de excarcelación si retiraba unas demandas que mantenía contra la empresa Physician Correctional, que administra el sistema de salud carcelario.

“Es muy doloroso que mi reputación, que es testimonio de mi compromiso con el bienestar de mis pacientes y con los más altos estándares éticos de la profesión, se vea manchada”, dijo Pichardo a este medio, en declaraciones escritas.

En la vista pública del Senado, no se mencionaron nombres completos, pero sí se hizo referencia a los apellidos de los médicos que estuvieron involucrados en el supuesto esquema, que incluyó también, según las alegaciones de Ávila Vázquez, a la supervisora de Enfermería del DCR y a un oficial correccional que supuestamente lo bajaba del dormitorio hasta la oficina del doctor Pichardo para ser inyectado.

El Nuevo Día ha intentado obtener declaraciones de Physician Correctional, vía teléfono y correo electrónico, pero no ha sido posible.

Pichardo, quien se encuentra retirado de la práctica médica, trabajó alrededor de 30 años en el Programa de Salud Correccional. “Los comentarios de Ávila Vázquez son claramente un intento desesperado por desviar la atención de su propia conducta y carecen de fundamentos creíbles”, expuso el galeno, quien cuestionó algunas expresiones del presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, por supuestamente “dar credibilidad a las acusaciones de un recluso”.

Díaz, por su parte, abogó por que se le conceda a las autoridades el espacio necesario para concluir las investigaciones que se llevan a cabo antes de llegar a conclusiones sobre la conducta de los médicos identificados por Ávila Vázquez.

“Aunque no es creíble lo que dice este individuo (Ávila Vázquez), lo mejor es que el Departamento de Justicia investigue el asunto, ya que se presentaron los nombres de unos médicos durante la vista pública, y que, si se encontrase algo, que se tramite a través de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica para adjudicar cualquier penalidad”, expuso Díaz.

El Colegio, explicó, no está facultado en ley a recibir querellas. “Estaremos apoyando a los médicos 100% en la medida que hayan hecho lo correcto y lo ético. Si se salieron de la ética, que les caiga el peso de la ley. Pero, lo más objetivo y responsable, en estos momentos, con nuestros compañeros es que se haga una investigación, que se presenten los detalles... y que no se siga especulando”, expuso el líder de la clase médica.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en tanto, indicó que la investigación que realiza la agencia sobre la excarcelación de Ávila Vázquez se encuentra “bien encaminada”.

“Fiscales de la División de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos del Contralor han estado entrevistando a todas las personas que pueden brindar información o evidencia que contribuya al descubrimiento de la verdad sobre este caso que nos ha conmocionado a todos. Esto incluye a todas las personas entrevistadas durante las vistas públicas en el Senado, así como muchas otras”, dijo el secretario por escrito.

Subrayó que la pesquisa, por ser de naturaleza penal, se realiza “de forma abarcadora y meticulosa, dirigida a determinar si hubo o no comisión de delito, para que quien haya fallado asuma las consecuencias de sus actos y esta situación no se repita”.

“En Puerto Rico, tanto en la jurisdicción estatal como federal, las investigaciones criminales se realizan de manera confidencial para evitar que aspectos externos afecten su resultado. Una vez concluya, tomaremos todas las acciones que procedan en derecho y las informaremos públicamente”, aseguró Emanuelli.

Ávila Vázquez fue excarcelado indebidamente, en 2023, mientras cumplía una condena por el asesinato de una mujer en Caguas, ocurrido en 2005. Tras su salida, acabó con la vida de Ivette Joan Meléndez Vega, en abril pasado en Manatí, hechos por los que se declaró culpable y fue sentenciado el lunes a 102 años de cárcel.