El Municipio de San Juan recurrió en la tarde de este viernes al Tribunal de Primera Instancia con un recurso que busca paralizar, de forma inmediata, la construcción de la valla publicitaria en una calle de la urbanización Puerto Nuevo, proyecto que desde inicios de la semana ha desatado la censura de los vecinos, mientras el proponente y el contratista han insistido en su legalidad.

“No cabe duda que el Permiso de Construcción 2021-379838-PCOC-019773, según enmendado, es nulo y contrario a derecho”, sostiene el recurso de “injunction” estatutario sometido a la corte, que pide que, además de paralizar el proyecto, se cite a una vista dentro de un término de 10 días y se ordene la demolición en los 20 días subsiguientes.

Entre otros argumentos, la representación legal del alcalde Miguel Romero reclamó que la propiedad –perteneciente a una corporación del ex secretario general del Partido Nuevo Progresista Héctor Morales Vargas– no cuenta con un permiso de uso vigente, toda vez que, desde 2021, se denegó la certificación de prevención de incendios.

Formalmente, el recurso incluye como demandados a CM Group, LLC, la empresa de Morales Vargas, y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), que, en noviembre de 2022, expidió el permiso para levantar el “billboard”, autorización que expira el mes entrante. La residencia, como se ha reportado en pasados días, se utiliza como propiedad de alquiler a corto plazo y se mercadea en la plataforma Airbnb bajo el nombre “Casa Florecer”.

Pese a las críticas y la oposición comunitaria recibida desde inicios de semana, el inspector de la obra, Manuel Rolón, justificó más temprano este viernes la legitimidad de los trabajos, y aseguró que continuarían hasta la culminación da la primera fase, que concluiría la próxima semana.

En esta etapa, terminaría la construcción de la base sobre la que, posteriormente, se instalaría la pantalla.

“Cualquier persona o ente que tenga algún planteamiento puede ir a los foros pertinentes, sea quien sea”, comentó Rolón, en un aparte con medios de comunicación antes que el Municipio radicara el recurso legal, mientras a sus espaldas obreros excavaban a los lados del grueso poste que eventualmente sostendría el “billboard”.

El martes, la compañía de construcción Pro-Steel Services Corp. fue multada en $13,000 por el Municipio tras cerrar la calle para iniciar las obras sin el permiso del ayuntamiento, que fue concedido más tarde ese mismo día. Como parte de los trabajos, también se rompió una tubería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que, de acuerdo con la corporación pública, dejó sin servicio a 50 abonados en la urbanización.

Rolón indicó que la empresa de construcción asumiría los costos de la reparación del tubo que, según la AAA, ascendió a $16,430.84.

“Lamentablemente, los accidentes ocurren, y la tubería se colapsó y hubo una avería. Lo que va a ser el costo de instalación y devolver la acera al estado original es por parte de la compañía. Nuestra visión es que, cuando salgamos del proyecto, esto quede mejor de lo que estaba. Se va a tirar la acera y se va a asfaltar 150 pies lineales de la calle”, indicó el ingeniero.

“Queremos terminar lo antes posible. Durante la tarde de hoy (viernes), vamos a fundir el hormigón que falta para luego, mañana (sábado), tirar o fundir el hormigón de la acera y, temprano la próxima semana, asfaltar”, abundó Rolón, reconociendo que existe urgencia para completar esta fase de la obra ante los pronósticos de lluvia.

La precipitación, precisamente, provocó, esta semana, un socavón en el área en torno al poste, lo que requirió labores adicionales para estabilizar la excavación, aceptó Rolón.

“Falta por fundir alrededor de siete pies de altura. Eso es bien importante que se realice por cuestión de seguridad, por la estabilidad del pilón. La otra parte muy importante es tapar la excavación, para la estabilidad y seguridad de la comunidad”, afirmó.

Mientras se desarrollaba la construcción, en la calle 18 NE de la urbanización se congregaron algunos vecinos y los candidatos a la Cámara de Representantes por el Distrito 2 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad, Joel Vázquez y Juan Zayas, respectivamente.

La líder comunitaria Susannah Kinard precisó que se comunicó con el secretario auxiliar de la OGPe, Félix Rivera, quien le confirmó que el Municipio tiene la facultad legal de incoar una acción judicial para detener el proyecto si considera que se han violado condiciones del permiso.

La trabajadora social subrayó, a su vez, que persiste la “ansiedad” entre los vecinos de Puerto Nuevo, tanto por las molestias que provocan la construcción como la perspectiva de que, en unas semanas, tengan que lidiar con la contaminación visual de una valla publicitaria.

“Cuando un vecino se acerca para cuestionar e indagar, salieron varios empleados (del contratista), de forma intimidante, a tener un altercado verbal. Estamos llegando a un nivel que está escalando”, alegó Kinard.

En entrevista telefónica, Rivera, el jefe de la OGPe, insistió que, si bien la dependencia que dirige emitió, en 2022, el permiso final de construcción bajo el que hoy se levanta el “billboard”, solo la Junta de Planificación, el Municipio o alguna otra “entidad gubernamental concernida” están facultados para pedir a un tribunal que revoque la autorización, según la Ley de Permisos de 2009.

Reconoció que, de ordinario, no se permite la construcción de vallas publicitarias en zonas residenciales pero que, entre las excepciones, figura cuando la estructura será visible desde alguna vía adscrita al National Highway System, como la autopista PR-22.

“En 2022, se radica una enmienda para cambiar (el proyecto) de una pantalla fija a una pantalla digital. (El proponente) certifica que, en el ángulo que está, no afecta a los vecinos y que la tecnología que va a utilizar es para poder cumplir con los comentarios del DRNA (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales) de contar con los controles y filtros para no afectar el área circundante”, dijo Rivera.

Al trascender la oposición comunitaria a la construcción, la OGPe realizó un referido a la Junta de Planificación, al tiempo que otro referido al Colegio de Ingenieros y Agrimensores –con jurisdicción sobre los profesionales licenciados– se enviaría entre este viernes y el lunes.