La empresa que construye una valla publicitaria en medio de la urbanización Puerto Nuevo, en San Juan, volvió a realizar trabajos y a obstaculizar el tránsito sin autorización, redundando en una multa adicional por parte de la Policía Municipal, confirmó Gladys Maldonado Rodríguez, directora de la Oficina de Permisos del ayuntamiento capitalino.

Maldonado Rodríguez señaló que la violación se registró el lunes, cuando, en pleno día feriado, el contratista Pro-Steel Services cerró la calle para reparar una escalera que había sufrido daños en las pasadas semanas, mientras se instalaba la base del “billboard” frente a una residencia. La residencia, en la calle 18 NE, pertenece a HUB Group LLC, compañía liderada por el ex secretario general del Partido Nuevo Progresista, Héctor Morales.

“Ellos nunca presentaron (la solicitud de) permiso nuevo (para el cierre de calle). Según ha trascendido en redes sociales, (el lunes) hubo un movimiento de cemento. Ciertamente, para el cierre de calles tenían que pedir un permiso para poder hacer ese movimiento. Ellos no se lo pidieron a la Oficina de Permisos”, recalcó la funcionaria, detallando que la movilización de la Policía Municipal se produjo luego de denuncias de vecinos.

La directora de la Oficina de Permisos no pudo precisar a cuánto ascendió la multa expedida el lunes por la Policía, pero la líder comunitaria Susannah Kinnard indicó que se les informó que totalizó $1,100.

Maldonado Rodríguez sostuvo que las personas o entidades multadas por el municipio tienen un período de 30 días para pagar u objetar las penalidades. El 1 de octubre, la misma tarde en que comenzaron las obras de construcción, el municipio expidió $13,000 en multas, al tiempo que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó que los trabajos para corregir una rotura de una tubería provocada por la excavación para instalar la base de la valla superaron los $16,000.

La autorización original otorgada por el municipio sanjuanero para cerrar la calle –conocido como un “permiso de vallas”–, a modo de viabilizar los trabajos asociados a la construcción del “billboard”, expiró el 7 de octubre. Ante las irregularidades que han trascendido desde inicios de mes, como aparentes deficiencias en la notificación a los vecinos, la administración municipal de Miguel Romero ha insistido que no concederá un nuevo permiso dirigido a que se completen los trabajos del “billboard”, como la instalación de la pantalla.

El 4 de octubre, el ayuntamiento presentó una demanda dirigida a detener los trabajos y que se ordene la demolición de la estructura, recurso que posteriormente fue enmendado para incluir como codemandados a Hub Group LLC y B-Billboard, la empresa que operaría la valla, que contaría con una pantalla digital y otra fija.

Según Maldonado Rodríguez, ya se emplazó a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) –también codemandada– y a B-Billboard, restando aún el emplazamiento de HUB Group. El recurso original incluía como demandada a CM Group LLC, la empresa a la cual la OGPe otorgó el permiso de construcción, pero que posteriormente traspasó la propiedad a HUB Group.

De momento, la vista para atender la demanda está citada para el 13 de noviembre, aunque la Ley de Permisos de 2009 dispone que los recursos extraordinarios se atiendan en un período de 10 días. Maldonado Rodríguez, en entrevista telefónica, se limitó a indicar que el municipio continuará “monitoreando” la situación con la ayuda de los vecinos.

Por su parte, Kinnard sostuvo que los vecinos de Puerto Nuevo se encuentran analizando alternativas en torno a la viabilidad de intervenir en el trámite judicial contra el proyecto. El 15 de noviembre –dos días después de la fecha de la vista– expira el permiso de construcción de la valla concedido por la OGPe en 2022.

La líder comunitaria reconoció que persisten temores sobre las consecuencias adicionales que podrían acarrear las obras de construcción.

“La parte de atrás (de la propiedad) es un área de servidumbre, donde está el canal Margarita, donde hay unos árboles. Para que se vea ese “billboard”, van a querer cortar o podar esos árboles, en un área protegida, donde están las bombas (de agua), es un área de canal, de servidumbre del municipio”, describió.