La falta de condiciones dignas para vivir y trabajar incide en el esfuerzo por retener a la población de Puerto Rico —principalmente a las jefas de familia—, mientras que políticas públicas que perpetúan la violencia de género, con bajos salarios, menos beneficios y condiciones laborales desiguales, mantienen a estas familias bajo niveles de pobreza.

Este fue parte del retrato de un informe dado a conocer este miércoles por Ayuda Legal Puerto Rico, luego de un esfuerzo comisionado a ProMadres, que busca visibilizar y abogar por las personas que crían y cuidan en el país, a través del análisis de estadísticas y política pública relacionada con madres trabajadoras.

A pesar de barreras encontradas en la búsqueda de datos y de falta de cumplimiento de la Ley 190 de 2007 –que ordena la segregación de datos por género–, el documento reveló que, en Puerto Rico, se estima que hay 820,788 hogares familiares y casi la mitad son liderados por una mujer sola.

En tanto, establece que el 38% de estos hogares vive bajo el nivel de pobreza y la mediana de ingresos de hogares familiares es de $29,544. Pero, en familias lideradas por una mujer sola, la suma disminuye a $18,862 y, cuando hay hijos menores, se reduce a $12,840.

“Las mujeres son quienes ocupan la mayoría de los puestos peor pagados en el mercado. Necesitamos política pública contundente”, dijo la abogada Ariadna Godreau Aubert, directora de Ayuda Legal.

El informe “Políticas que desplazan: barreras para las mujeres trabajadoras” también encontró que la tasa de participación laboral entre hombres supera el 80% en edades productivas, mientras que, en las mujeres, alcanza un 67% en su pico. La razón principal para que las mujeres no estén en la fuerza laboral se debe a que están desempeñando tareas domésticas, como el mantenimiento de la casa y cuidando de sus hijos o padres.

Mientras, el salario promedio de hombres y mujeres fue estimado en $15.50. En el caso de mujeres que viven solas, la mediana anual se estima en $12,185, mientras que la de los hombres es de $15,343.

“Todavía el salario mínimo sigue siendo insuficiente y no sabemos cuántos puestos los ocupan mujeres”, lamentó, por su parte, la abogada Nicole Díaz González, de ProMadres.

En general, agregó, las madres trabajadoras son más empobrecidas porque, además de sus trabajos, asumen otras tareas, como el cuido de menores y adultos mayores. A pesar de tener esta responsabilidad, sostuvo, tienen acceso limitado a acomodo razonable, horarios flexibles o trabajo remoto.

Otras desigualdades de género, indicó, son las acotadas licencias de maternidad, así como violaciones a leyes protectoras de la lactancia. La reforma laboral, deploró, les quitó aún más beneficios, como un incremento del período probatorio, una reducción en las licencias de vacaciones y menor acceso al bono de Navidad.

“El aumento al salario mínimo no es suficiente para una vida digna, porque las mujeres solas no solo cobran menos, sino que gastan más”, dijo Díaz González sobre el alza en gastos básicos, como luz, vivienda y alimentos.

La abogada Verónica Rivera Torres, de Ayuda Legal, comentó, en tanto, que los efectos de mujeres trabajadoras empobrecidas se ven con frecuencia en los medios de comunicación, como el caso de Yamilett Zapata Ventura, detenida por la Policía por supuestamente dejar a sus tres hijos menores solos mientras trabajaba. Mayor incidencia de desalojos por falta de pago, ausencia de acceso a servicios de salud y violencia doméstica —incluyendo la económica—, son algunas consecuencias, lamentó.

“Se supone que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres lo haga (fiscalización), pero no lo está haciendo y recae en organizaciones sin fines de lucro como esta, pero no se supone. Es un asunto que vamos a seguir viendo en todo, un asunto de cumplimiento y género”, comentó Rivera Torres.

Entre las recomendaciones incluidas en el informe, se cuentan aumentos al salario mínimo para sectores ocupados mayormente por mujeres, licencias especiales para asuntos familiares y flexibilidad en la jornada laboral. También, contempla ampliar la elegibilidad a programas de asistencia para vivienda y cuido de menores a más familias trabajadoras de bajos ingresos y mayor cumplimiento de legislación que ordena la recopilación y publicación de estadísticas de género.

“Queremos que (más mujeres) se queden (en Puerto Rico). Por eso, abogamos (por sus derechos), pero tienen que haber las condiciones dignas”, opinó Godreau Aubert.

Mencionó, por último, que los resultados y las recomendaciones del informe serán compartidos con representantes de todos los partidos políticos para que los incluyan en sus plataformas de gobierno, de cara a las elecciones de noviembre.

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REFERENCIAS:

Ley 190 de 2007