Representantes legales y consultores de LUMA Energy y acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) expresaron este viernes reservas –por motivos distintos– con los procedimientos establecidos por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para fijar una nueva tarifa base a partir de julio, cuando los consumidores experimentarán la primera revisión sobre este concepto en ocho años.

En una vista ante el NEPR celebrada de manera virtual, todos los participantes dieron por sentado que la revisión del componente fijo de la factura resultará en un aumento sustancial para ajustarse a los incrementos en costos que supone administrar el sistema eléctrico. El grado de ese ajuste, sin embargo, fue el foco de las reservas planteadas por Corey Brady, abogado de National Public Finance Guarantee, una de las aseguradoras municipales de los bonos de la AEE que ha objetado las ofertas presentadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Brady cuestionó, en particular, que el plan fiscal que la JSF certificó hace unas semanas para la AEE proponga “cuadruplicar” los costos operacionales, un nivel de gasto que se tendría que reflejar en las facturas y que, según el organismo fiscal, no dejaría margen para incluir cargos adicionales para el repago de la deuda.

El NEPR ha adelantado que la tarifa base que entrará en vigor el 1 de julio será de carácter “provisional”, partiendo de los estimados que LUMA provea, en tanto el regulador evalúa a fondo la propuesta y decide, entre finales de 2025 e inicios de 2026, sobre el requisito de ingresos necesarios que dará paso a la tarifa “permanente”. Una vez se decida sobre ese requisito de ingreso, LUMA tendría que reconciliar retroactivamente las facturas emitidas desde el 1 de julio, de forma que los consumidores recuperen los cobros en exceso o paguen la diferencia correspondiente.

Brady cuestionó si la imposición de esa tarifa provisional se haría sin considerar posibles objeciones de las partes interventoras, a lo que el oficial examinador designado por el NEPR, Scott Hempling, replicó que es el uso y costumbre en este tipo de procedimientos.

“No es algo extraordinario”, dijo Hempling en un intercambio con el representante de National.

Actualmente, según el plan fiscal que certificó la JSF, la tarifa base que pagan los consumidores asciende a 5.84 centavos por kilovatio hora, representando aproximadamente el 22% de las facturas de los abonados residenciales. El resto de los costos –asociados principalmente a la compra de combustible y energía– se ajusta trimestralmente según las fluctuaciones del mercado.

El plan fiscal –fundamentado en información provista por LUMA y Genera PR– proyectó que los costos de combustible y energía se reducirán paulatinamente, pero que la operación y mantenimiento de la red de transmisión y distribución se dispararía de poco más de $800 millones a más de $2,000 millones en los próximos cinco años.

A lo largo de la vista, Hempling recordó que la tarifa provisional supondrá un aumento proporcional a todos los clientes de LUMA, toda vez que inicialmente no habrá una revisión del “diseño” de la tarifa, sino que las distintas clases de consumidores asumirán un porcentaje similar al que mantienen al presente.

Sam Shannon, de la firma Guidehouse y consultor de LUMA, expresó preocupación bajo la premisa de que, desde la revisión tarifaria de 2017, el perfil de las distintas clases de consumidores ha variado significativamente, por lo que, al implementarse la tarifa provisional, habrá clientes pagando facturas desproporcionadas a su impacto en el sistema.

“Hay una preocupación de equidad”, dijo el consultor.

La situación se complica porque LUMA no espera contar hasta 2026 o 2027 con un “estudio de costo de servicio” que permita segregar los gastos del sistema entre las diversas clases. Por lo tanto, el rediseño de la tarifa, que Hempling espera comenzar a finales de año –coincidiendo con la etapa final del establecimiento de la tarifa permanente–, se realizará sin estimados precisos.

Hempling puntualizó, sin embargo, que urge actualizar la tarifa base ante el tiempo transcurrido desde la pasada revisión. “Estamos de acuerdo en que, para julio, necesitamos unos recaudos mayores”, dijo el abogado.

Por su parte, LUMA adelantó que posiblemente objetará la intención de Hempling de que el NEPR modifique, mediante el procedimiento tarifario, las métricas con las que el consorcio tendría que cumplir para acceder a sus incentivos contractuales. Hempling ha indicado que, como difícilmente se aprobará un presupuesto “óptimo” para las reparaciones que necesita el sistema eléctrico, será necesario un ajuste correspondiente que ofrezca tanto a LUMA como Genera PR una oportunidad genuina de alcanzar los objetivos.

Si bien se trata de un acercamiento que facilitaría que los operadores privados devenguen las bonificaciones, la licenciada Margarita Mercado, en representación de LUMA, subrayó que “tenemos dudas sobre el alcance de la autoridad del NEPR” para aprobar esas modificaciones. El año pasado, los tribunales fallaron en contra de LUMA, luego de que el consorcio apelara una resolución del regulador sobre las métricas de desempeño que aplicarán una vez la AEE emerja de su quiebra y entren en vigor los potenciales incentivos.

Hempling propuso, de otra parte, que LUMA –con el insumo de Genera PR y la AEE– entregue una propuesta para las tarifas provisional y permanente el 1 de abril, pero los representantes del consorcio señalaron que es más realista un plazo a mediados de ese mes. Para que la tarifa provisional entre en vigor el 1 de julio, la propuesta no debe entregarse más tarde del 30 de abril, dados los términos estatutarios para el análisis del NEPR y la notificación pública del ajuste.