El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) dio el visto bueno a un grupo de tres proyectos de energía renovable a gran escala adjudicados en pasados meses que agregarían 60 megavatios (MW) de capacidad de producción fotovoltaica y otros 60 MW de almacenamiento eléctrico, que representan una mínima parte del volumen que se anticipaba para el segundo tramo de adquisición dispuesto en el Plan Integrado de Recursos (PIR) vigente.

La resolución y orden del NEPR precisa que uno de los proyectos solares contaría con capacidad para producir 20 MW y un segundo, 40 MW. La tercera obra sería un proyecto independiente de almacenamiento de baterías, que podría despachar 60 MW por espacio de cuatro horas.

El documento, divulgado el lunes, no precisa las identidades de las empresas agraciadas, toda vez que los contratos aún esperan por el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Los pactos ya fueron aprobados la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el aval del NEPR era requerido para validar que los proyectos se alinean con la política pública energética.

“Se le advierte a la AEE que no ejecute los contratos hasta que se obtenga el aval de la JSF, toda vez que, sin él, podrían ser declarados nulos e improcedentes”, indicó el NEPR en la resolución,

Los tramos o “tranches” de energía limpia fueron el mecanismo incluido en el PIR aprobado en 2020 para encaminar al país a las metas estatutarias en materia energética, que disponen que, para el año que viene, se debe alcanzar una cartera de 40% de fuentes renovables. En 2023, al sumar la energía proveniente de proyectos de gran escala con la que aportan a la red los clientes de medición meta, apenas se superó el 5%.

En total, los seis “tranches” estipulados debían redundar en la adquisición de 3,750 MW de energía y 1,500 de almacenamiento, que se estima hubieran sido suficientes para que Puerto Rico lograra la meta del 40% para 2025.

Según el PIR, a través del segundo “tranche”, recién adjudicado, se debían contratar hasta 500 MW de capacidad de producción y otros 250 MW de almacenamiento, por lo que los totales adjudicados fueron apenas una fracción del objetivo. En la resolución y orden, el NEPR no abundó sobre los obstáculos enfrentados para alcanzar los mínimos establecidos en el PIR, ni cuántas ofertas se recibieron.

“Se brindó particular atención a la razonabilidad de los precios propuestos, garantizando que eran competitivos y alineados con los estándares de la industria”, señaló el organismo.

En el primer tramo –que igualmente se quedó corto de los objetivos de contratación–, se finiquitaron acuerdos para agregar cerca de 600 MW de energía solar y 350 MW de almacenamiento.

Los tramos, asimismo, se han retrasado sustancialmente respecto al calendario delineado por el NEPR, que disponía que la última solicitud de propuestas se publicara en verano de 2023. Al concluir, en 2022, el primer “tranche” –que fue administrado por la AEE–, el organismo regulador designó un contratista independiente para encargarse de tramitar las propuestas de cada ronda y remitir un informe a un comité de selección, compuesto por representantes de varias agencias, que adjudica las ofertas.

El segundo tramo, por lo tanto, fue el primero en seguir el procedimiento alterno establecido por el NEPR.

En entrevista con El Nuevo Día en abril, el presidente del NEPR, Edison Avilés, dejó la puerta abierta a modificar el proceso de compra de energía renovable a través de la revisión del PIR, documento que corresponde entregar a LUMA Energy, pero que, tras varias prórrogas concedidas, no será evaluado hasta el año entrante.

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REFERENCIAS:

Resolución y orden del NEPR, del 26 de agosto