En medio de la incertidumbre de las negociaciones entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) –acentuada por la afirmación de la líder del comité de mediación de que no veía “posibilidad” de un acuerdo consensuado–, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) reanudó los trámites dirigidos a la revisión de la estructura tarifaria, un proceso que deberá resultar en la aprobación de un modelo que contemple el gasto que la corporación pública deberá incurrir a largo plazo para cumplir con sus obligaciones de deuda y el sistema de pensiones.

El NEPR había puesto en pausa el procedimiento el pasado 12 de abril, cuando se aguardaba por una determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain en torno al Plan de Ajuste de la AEE propuesto por la JSF. La decisión de la jueza, sin embargo, nunca se produjo, ante la sentencia del Primer Circuito de Apelaciones en Boston que concluyó que los bonistas de la AEE tienen derecho a reclamar más de $8,000 millones –versus los $2,500 millones que Taylor Swain había validado–, si bien estarían sujetos a la disponibilidad de efectivo.

En una resolución y orden del 10 de diciembre, el NEPR notificó a LUMA Energy que espera haber definido, para febrero de 2025, los requerimientos de la información que el consorcio deberá entregar como parte de la “fase II” del rediseño de la tarifa. La revisión tarifaria, un proceso que no se ha realizado desde 2017, se abrirá a discusión pública luego de que LUMA complete las tres fases de entrega de información, que incluyen estimados de las inversiones que se requerirán para la operación de todos los componentes de la red, así como otros gastos, tales como el servicio a la deuda y pensiones.

“El NEPR anticipa finalizar los requerimientos temprano en febrero de 2025. Mientras, el NEPR instruye a sus consultores a continuar conversando con las partes para atender interrogantes pendientes y preocupaciones asociadas a los requerimientos venideros. Este proceso colaborativo busca garantizar que todas las partes entienden claramente las expectativas procesales y sustantivas de las entregas futuras”, indicó el regulador en la resolución del pasado martes.

Aunque el NEPR no hizo alusión directa, el lunes, la exjueza Shelley Chapman, designada por Taylor Swain para liderar la mediación entre la JSF y los acreedores de la AEE, sometió un informe en el que consideró que “no hay posibilidad de ninguna solución mediada o consensuada aquí”, anticipando que un litigio de las controversias entre las partes tomaría “años”.

Taylor Swain, en cambio, instruyó el miércoles a las partes a continuar negociando, y el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, pese al vaticinio de Chapman, dijo que mantiene esperanza de que un acuerdo se materialice el año entrante.

El 12 de abril, cuando suspendió el procedimiento, el NEPR había expresado que lo prudente era esperar por la conclusión del caso de Título III de la AEE para permitir “un manejo integral del proceso tarifario” y lograr mayor “economía procesal y (mejor) uso de recursos”.

Versiones previas del plan fiscal certificado de la AEE han estimado que cubrir las pensiones requeriría un cargo de 2.4 centavos por kilovatio hora en las facturas de los clientes, que se sumaría al cargo “legado” que asumiría una parte de los abonados, compuesto por un cobro fijo y un cobro atado a los niveles de consumo para destinarse a los demás acreedores. En 2023, el entonces representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, estimó que ambos cargos resultarían en un aumento de factura cercano al 30% para los consumidores residenciales.

El NEPR, en la resolución del martes, subrayó que “ningún aumento tarifario deberá solicitarse hasta que se emitan los requerimientos de entrega finales”.

El proceso de revisión tarifaria es un trámite separado de los ajustes trimestrales que el NEPR hace a la factura, en los que únicamente se analizan los cambios en los costos de combustible y compra de energía. Mediante la revisión de la tarifa base –que debe realizarse cada tres años–, se consideran los costos que representa el mantenimiento de los demás sectores del sistema eléctrica, como la red de transmisión y distribución, en manos de LUMA desde 2021. Como parte de ese proceso, el NEPR puede agregar, eliminar o modificar los factores que componen la tarifa, así como redistribuir el peso que cargan las distintas clases de clientes.