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Negociado de Energía revierte multas a las que GeneraPR se exponía por cancelar inspecciones de plantas

Según la resolución del organismo, la empresa adoptó medidas para evitar futuros incumplimientos

8 de septiembre de 2024 - 8:00 AM

El Negociado de Energía fijó un calendario de visitas a las centrales San Juan (en la foto), Costa Sur, Aguirre y Palo Seco. (Xavier Araújo)

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) levantó las multas que pesaban contra GeneraPR por las cancelaciones de tres visitas de inspección que consultores del organismo acordaron hacer a la central San Juan, entre el 19 y 26 de agosto, luego de que el administrador de la flota generatriz informara que tomó medidas para “garantizar la coordinación” a futuro.

Según el NEPR, GeneraPR aseguró que, como parte de los ajustes, tendría disponible personal de sus departamentos de operaciones, regulatorio y proyectos capitales “para contestar preguntas y apoyar cualquier inspección de campo o de trabajos”.

“El NEPR ordena a Genera designar personal separado, preferiblemente incluyendo un gerente de planta para acomodar las necesidades de las visitas planificadas del NEPR, independientemente de cualquier emergencia en curso. Los designados deberán tener conocimiento del progreso y estatus de todos los proyectos financiados con fondos federales”, indicó el NEPR en la resolución que emitió ayer, viernes.

El jueves, GeneraPR había respondido a la orden de mostrar causa que le había impuesto el NEPR para que evidenciara por qué no debían aplicarse multas de $25,000 por cada una de las visitas a la central San Juan que la empresa canceló a última hora, y que habían sido programadas para el 19, 20 y 26 de agosto. En total, GeneraPR se exponía a $75,000 por las penalidades.

En su moción del jueves, el operador había argumentado que las cancelaciones tardías habían respondido a “una combinación de exigencias operacionales imprevistas y no por la intención de minar el proceso regulatorio”. Asimismo, planteó que se encontraba “profundamente preocupado” con el lenguaje que el NEPR había utilizado en la resolución del 30 de agosto, en la que exigió explicaciones y advirtió que la conducta de GeneraPR reflejaba un patrón de incumplimientos.

De acuerdo con GeneraPR, la última de las cancelaciones, el 26 de agosto, respondió a que tuvo que dedicar todo su personal a atender la situación que surgió cuando la unidad #7 de la central San Juan sufrió una salida forzada.

En la resolución del viernes, el NEPR estipuló que, en adelante, sus consultores visitarán la central San Juan cada dos lunes, al tiempo que harán lo propio, cada dos jueves, con la central Palo Seco (Toa Baja). Las inspecciones de las centrales Costa Sur (Guayanilla) y Aguirre (Salinas), en tanto, se harán el segundo y cuarto martes de cada mes.

De otra parte, el regulador se reservó su dictamen en torno a otra multa, de $25,000, a la que Genera PR está sujeta por los retrasos y aumentos en costos que se han registrado en el proyecto para adquirir e instalar 10 unidades de generación de resguardo.

La resolución del NEPR, también emitida el viernes, ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) responder “detalladamente” a los argumentos que GeneraPR presentó en pasados días.

GeneraPR, en una moción de 29 páginas, sostuvo que era incorrecto aludir a demoras y costos excesivos en el trámite de requerimientos de propuestas (RFP, en inglés) para la compra de las llamadas “peakers”, al plantear que las proyecciones que la AEE había establecido previo a transferirle la flota generatriz “nunca fueron validadas y el proceso de Genera demuestra que dichas proyecciones eran inalcanzables”.

La AEE tenía previsto adjudicar el RFP en verano de 2023, con miras a que las unidades de emergencia estuvieran disponibles para 2025, a un costo que estimaba, en ese entonces, en $636 millones.

GeneraPR, a su entrada en funciones, en julio de 2023, modificó el proceso bajo la premisa de que podría lograr ahorros y recortar el cronograma, pero, en pasadas semanas, informó al NEPR que, conforme a los datos disponibles ahora, el costo del proyecto –que requiere un pareo estatal de 10%– ascendería a $911 millones y las unidades estarían en servicio en 2027.

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