Tras la demanda radicada por la familia de Ivette Joan Meléndez Vega, asesinada por el convicto Hermes Ávila Vázquez, la directora de Administración y Operaciones de Physician Correctional (PC), Bárbara Méndez, negó que la compañía tuviera alguna responsabilidad legal en las circunstancias que llevaron a la excarcelación del feminicida, quien al momento de los hechos, cumplía una condena por asesinar a otra mujer en 2005.

“Comprendemos y nos solidarizamos con la angustia de los familiares de la víctima y respetamos su derecho a reclamar algún tipo de compensación económica. Sin embargo, nos sorprende haber sido incluidos en la demanda, considerando que ningún foro que ha investigado el caso ha identificado falta alguna por parte de nuestra empresa”, expresó Méndez en declaraciones escritas.

La directora alegó que las investigaciones realizadas por el Senado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) concluyeron que la compañía “cumplió con todas las disposiciones de su contrato y que no se pudo establecer que hubiera habido negligencia alguna”.

“Según la información presentada bajo juramento en varios foros, la participación de PC se limitó a la evaluación inicial del médico primario y a la evaluación de pares realizada por otros cuatro médicos, quienes confirmaron el diagnóstico de Ávila Vázquez”, sostuvo.

Physician –cuyo contrato con el DCR está vigente hasta 2028– fue eje de controversias, luego que un panel de médicos de la empresa concluyera que el feminicida Ávila Vázquez, quien fingió ser parapléjico, podía beneficiarse de la Ley 25 de 1992, mediante la cual se otorgan permisos extendidos a convictos que tengan alguna enfermedad terminal.

De acuerdo con la directora, el diagnóstico de paraplejia fue confirmado por 52 médicos tanto de la compañía, como de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la empresa Correctional Health Services.

“Los datos publicados sobre el particular han establecido que Ávila Vázquez sufrió una caída mientras laboraba dentro de la cárcel por lo que fue referido al Hospital Industrial operado por la CFSE quienes realizaron varias cirugías vertebrales y diagnosticaron paraplejia”, indicó Méndez.

“Como es por todos sabido, nuestra empresa carece de autoridad para excarcelar a un reo, y no participa del proceso decisional de excarcelación (...) Las evaluaciones clínicas que realiza PC responden a los servicios contratados por el DCR, y las solicitudes conforme al protocolo establecido, pero no constituyen una recomendación ni una determinación legal”, alegó Méndez.

El 19 de agosto de 2024, Ávila Vázquez se declaró culpable por el feminicidio de Meléndez Vega, de 56 años, en hechos ocurridos el 21 de abril cerca de la playa Los Tubos en Manatí.

A pesar de que cumplía una pena de 122 años por el secuestro, asesinato y violación de la terapista física Celia López García, Ávila Vázquez logró salir a la libre comunidad, el 19 de abril de 2023, a través de la Ley 25-1992.

Su excarcelación, que causó gran indignación, provocó que se destara una investigación en contra de la empresa que presta servicios al gobierno.

Por su parte, la entonces secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, indicó que ocho empleados involucrados en el caso fueron destituidos luego de que el departamento llevara a cabo una investigación administrativa.

“Luego de revisar detenidamente la investigación realizada por la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC) y las resoluciones de la Oficial Examinadora hemos determinado destituir a los ocho empleados por negligencia en el cumplimiento del deber, según dispone el Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los empleados del DCR. Con esta acción, finaliza el proceso de investigación administrativa de ese caso”, afirmó Escobar Pabón en ese momento.

Esta semana, la familia de Meléndez Vega demandó al gobierno y a varias de sus agencias, entre estas el Departamento de Justicia (DJ) y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), por la “negligencia de los funcionarios” que intervinieron en los trámites para dejar en libertad al feminicida.

Entre las partes demandadas, también figuró Physician Correctional.

Según se desprende del documento, la representación legal de la familia solicitó un total de $41 millones, que se dividirían en $1 millón en honorarios de los abogados, $20 millones en daños punitivos y $20 millones en daños compensatorios.

“Hermes Ávila Vázquez debió estar bajo la custodia y control del DCR hasta el año 2127. No obstante, el reo logró salir a la libre comunidad burlando todos los requisitos aplicables de la agencia. También evadió el cumplimiento de todos los pasos procesales de estricto cumplimiento ante la negligencia de los funcionarios interventores de dichos procesos, tanto de servidores públicos como contratistas privados al servicio del Departamento”, argumentó la familia.

La demanda además alega que Escobar reconoció, durante una vista pública en el Senado, que la agencia falló “al no establecer criterios específicos para identificar una ‘condición fisiológica limitante’”.

De igual forma, el documento establece que Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, reveló que el panel a cargo del caso avaló la determinación de liberar al reo sin una evaluación presencial.

“Todos los pasos establecidos por la legislación y los reglamentos de la agencia fueron obviados por todos los funcionarios que intervinieron en la cadena de sucesos que culminaron con la excarcelación de un reo que carecía de los méritos para ser liberado mediante la otorgación de un pase extendido, al cual no tenía derecho”, lee la demanda de la familia.