En un proceso criticado por la procuraduría creada para defender a las personas de mayor edad, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley para sustituir la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada, que integra conceptos como el de “envejecimiento activo” y áreas sociales y económicas como algunas de las que deben potenciarse para beneficio de esa población.