El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) designó a un oficial examinador que tendrá a su cargo dilucidar las disputas presupuestarias entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy, que en las pasadas semanas han intercambiado señalamientos y alegaciones de crisis de liquidez debido a la presunta negligencia financiera de la parte contraria.

El oficial examinador Scott Hempling deberá conceder “la más alta prioridad” a la controversia entre la corporación pública y el operador privado del sistema eléctrico, toda vez que las diferencias “impactan directamente el financiamiento de nuestro sistema eléctrico, que, a su vez, puede afectar la continuidad operacional y las obligaciones con el público”, resaltó el NEPR en una resolución y orden emitida el miércoles.

Hempling, de acuerdo con el documento, deberá presentar una “recomendación final” al NEPR tras “evaluar a fondo todas las posiciones y perspectivas”.

Para llevar a cabo su labor, Hempling podría “administrar juramentos y tomar deposiciones; emitir subpoenas; recibir y evaluar evidencia; presidir vistas; y celebrar conferencias”, enumeró el NEPR, que aclaró que el oficial examinador no tendrá la facultad de emitir multas contra las partes.

La resolución y orden también destaca que, además de los argumentos presentados por la AEE y LUMA, el NEPR recibió una carta “confidencial” del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, en la que se “urgió” al regulador a “tomar todas las acciones necesarias para garantizar que la AEE tiene la liquidez suficiente para cumplir sus funciones, incluyendo rellenar las cuentas de servicio” del consorcio.

En síntesis, la disputa entre LUMA y la AEE gira en torno a las razones por las que la corporación pública no ha podido transferir la cantidad máxima fondos que dispone el contrato de privatización para que la empresa ejecute sus funciones como administrador del sistema.

Mientras la AEE alega que la falta de liquidez obedece a los problemas de LUMA para generar recaudos –incluyendo la obtención de reembolsos federales por las obras de reconstrucción– e incurrir en gastos de nómina excesivos, el operador plantea que no cuenta con suficiente capital en sus cuentas porque la corporación pública no ha cumplido con las transferencias requeridas en el contrato.

Según la AEE, desde hace meses, se ha limitado a remitir no más de dos terceras partes de las cuantías máximas que contempla el acuerdo de privatización, al señalar que la transferencia de cantidades mayores es “contingente” a la disponibilidad de efectivo, que, a su vez, depende de las gestiones de recaudación de LUMA. La AEE insistió, en una moción al NEPR el 25 de octubre, que LUMA solo ha recibido $550 millones en reembolsos y adelantos federales, a pesar de que ha gastado cerca de $1,100 millones en trabajos correspondientes a proyectos auspiciados por el gobierno estadounidense.

En cambio, LUMA aseguró, más temprano en octubre, que la AEE no había transferido esa cantidad mínima a, por lo menos, cuatro de las “cuentas de servicio”, incluyendo la cuenta para gastos operacionales, la cuenta de gastos capitales no federales, la cuenta de compra de combustible y la cuenta de compra de energía.