La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) acogió la determinación del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, de no hacer una investigación preliminar sobre las denuncias contra Héctor Joaquín Sánchez Álvarez por supuestamente contabilizar, en horas laborables, recaudos de una actividad política del gobernador Pedro Pierluisi mientras ocupaba la subsecretaría del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Sin embargo, el Departamento de Justicia confirmó que realiza una pesquisa –de la que no quiso dar ningún detalle– que involucra a Sánchez Álvarez, quien también fue el segundo en mando en el Departamento de Educación y comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“En el Departamento de Justicia, no comentamos ni brindamos detalles sobre investigaciones activas. Sin embargo, nos limitamos a confirmar que se han recibido referidos previos en los que se menciona el señor Héctor Joaquín Sánchez, y actualmente hay una investigación en proceso”, dijo, por escrito, la directora de la División de Integridad Pública, Yolanda Morales.

Sobre las alegaciones en torno a la gestión en el DTOP, la Opfei emitió una resolución, el 20 de septiembre, en la que confirman que no procederán a investigar al hoy también candidato al Senado del PNP por el Distrito de Carolina.

“Tomamos conocimiento de lo informado por el Hon. Domingo Emanuelli Hernández, secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, sin menoscabo de cualquier acción posterior ante evidencia que pueda, en el futuro, surgir”, indica el documento firmado por la presidenta del Panel del FEI, Ygrí Rivera Sánchez, y Rubén Vélez Torres, otro de sus miembros.

Emanuelli comunicó su recomendación, por escrito, a la Opfei, el 23 de mayo, luego de haber recibido un pedido del representante popular Héctor Ferrer Santiago para que investigara, no solo a Sánchez Álvarez, sino también a la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega.

Pese a varios intentos, Sánchez Álvarez no contestó llamadas de El Nuevo Día.

La resolución de la Opfei, de cinco páginas, recoge el tratamiento que Emanuelli dio a las supuestas irregularidades de Sánchez Álvarez, que fueron reseñadas por este medio en mayo. En un audio al que El Nuevo Día tuvo acceso, se escucha al funcionario repasar cifras de dinero con una mujer y un hombre.

El audio fue llevado por empleados del gobierno ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), que comenzó una pesquisa que aún no termina, después que lo llevaran a la atención de Vélez Vega, quien dijo a este medio que refirió el asunto a la División Legal, así como a la de Recursos Humanos y la de Asuntos Laborales del DTOP, pero no ante ninguna agencia investigadora ni fiscalizadora.

La situación provocó la salida de Sánchez Álvarez del DTOP en 2022.

Según la resolución de la Opfei, Emanuelli pasó la petición del representante Ferrer Santiago a la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia “para el análisis correspondiente”. Con la petición, precisa el documento, el secretario incluyó una certificación de la directora auxiliar del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la OEG, Nimia Salabarria Belardo, con fecha del 17 de mayo de 2024.

El documento “certifica que, en la OEG, existe una investigación” de las alegaciones contra Sánchez Álvarez “bajo el número 2023- 1P-0296″.

El titular de Justicia concluyó, de acuerdo con la resolución, que el referido de Ferrer Santiago no cumplía con requerimientos de la Ley de Ética Gubernamental “en torno a la conducta de los servidores públicos y exservidores públicos”.

“No existe causa para creer que la secretaria Vélez Vega haya incurrido en la conducta prohibida”, aseveró.

No obstante, planteó que solicitaría a la OEG que, en caso de que identifiquen evidencia sobre la posible comisión de delitos, refieran los expedientes a Justicia “para el trámite correspondiente”, recoge la resolución de la Opfei.

“Nosotros vimos las razones que nos expusieron, que no las puedo discutir porque son confidenciales, porque son informes entre agencias, y esas razones nos convencieron y, entonces, ordenamos que el asunto pasara a la OEG, donde ya están investigando. Claro, si la OEG encuentra delitos penales, entonces, el asunto vuelve a nosotros o a Justicia”, explicó la presidenta del Panel del FEI en entrevista telefónica.

“No es que el asunto se haya echado a un lado ni mucho menos”, subrayó Rivera Sánchez.