Ante el avance en los operativos y detenciones del Servicio federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Puerto Rico –a fin de deportar a inmigrantes con estatus migratorio sin resolver–, diversas organizaciones manifestaron este martes su rechazo y preocupación, al tiempo que hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales a promover la protección y derechos humanos de esta población.

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) expresó su “profunda preocupación y rechazo” a las recientes acciones de detención, llevadas a cabo por las autoridades federales en Barrio Obrero y otras partes de la isla, como parte de la nueva política migratoria del presidente Donald Trump.

“Estas medidas han creado un ambiente de temor y de un trato inhumano al invadir estas comunidades con operativos policiales caracterizados por el uso excesivo de la fuerza, armas y equipos tácticos”, dijo Lydael Vega Otero, presidenta del CPTSPR. “Estas acciones no solo son injustas, sino que también constituyen una violación de los derechos fundamentales de estas personas”, agregó, en un comunicado de prensa.

Vega Otero destacó que los inmigrantes provenientes de la República Dominicana y otros lugares “han sido, y continúan siendo, una parte fundamental del desarrollo económico y social de nuestro país”. Recalcó que persistir en la promoción de una narrativa que asocia la migración con actos delictivos y criminales no solo es inexacto, sino que también fomenta ambientes de intolerancia en las comunidades.

“La migración no es un acto criminal; en todos los casos, responde a necesidades apremiantes que las personas no pueden satisfacer en sus países de origen”, enfatizó.

El CPTSPR hizo un llamado a las autoridades para que respeten los derechos humanos y legales de todos los residentes, sin importar su estatus migratorio. Asimismo, instó a la comunidad a unirse en solidaridad y apoyo hacia los inmigrantes que están siendo impactados por medidas “injustas”.

Vega Otero exhortó, además, a los profesionales del trabajo social a defender los principios y valores fundamentales de la profesión, con el respeto a la dignidad humana como guía de acción. “Ahora más que nunca, debemos acompañar, orientar y brindar apoyo a estas comunidades en momentos de gran vulneración de derechos”, sostuvo.

El Nuevo Día solicitó al ICE, en Puerto Rico, datos sobre la cantidad de inmigrantes detenidos hasta este martes, entre otras interrogantes, pero, al momento de esta publicación, no hubo respuesta.

En la misma dirección, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico condenó “enérgicamente” las recientes intervenciones del ICE, y urgió al gobierno estatal y los municipios a no cooperar con las autoridades federales en las redadas “inhumanas, abusivas y crueles”.

“Las redadas y políticas migratorias impulsadas por la administración Trump, como la reactivación de la ‘expulsión inmediata’ de inmigrantes indocumentados sin audiencias judiciales, representan una amenaza directa a los derechos humanos y profundizan la crisis de justicia social que enfrenta Puerto Rico”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

“Estas medidas son un reflejo del racismo, la xenofobia y el legado de desigualdad colonial que continúan afectando a nuestras comunidades vulnerabilizadas en Puerto Rico”, apuntó, también por escrito.

La Federación anticipó que las redadas impulsadas por las políticas de Trump será materia de discusión durante la primera asamblea anual de la entidad, que será este sábado en Casa Ruth, en Río Piedras.

“Estas acciones no solo atacan a la comunidad inmigrante, sino que también violan los principios fundamentales de humanidad, justicia y respeto por los derechos humanos”, dijo, por su parte, Eduardo Cintrón, secretario alterno de la Federación.

De otro lado, La Liga de Ciudades de Puerto Rico informó que se unió a otras organizaciones para ofrecer apoyo a alcaldes, alcaldesas y gobiernos locales sobre acciones a seguir para salvaguardar los derechos de las comunidades inmigrantes.

“Hay mucho que podemos hacer ante la falta de recursos y la complejidad de los procedimientos legales que dificultan que muchas personas, en especial aquellos con estatus migratorio vulnerabilizado, puedan ejercer plenamente sus derechos y acceder a servicios esenciales”, expresó Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva de La Liga. “Quedarnos de brazos cruzados no es una opción”, subrayó.

Con el propósito de facilitar herramientas prácticas para garantizar que los gobiernos locales estén informados y capacitados acerca de iniciativas y acciones en defensa de las comunidad de inmigrantes, la entidad anunció esfuerzos colaborativos con Local Progess y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en Puerto Rico.

Como parte de estas colaboraciones, La Liga compartirá, en su portal cibernético, recursos preparados por Local Progress, incluyendo diversos análisis de políticas públicas y cajas de herramientas diseñadas para que los municipios puedan abordar lo que calificaron como una “emergencia de derechos civiles”. De igual modo, evalúan la posibilidad de realizar sesiones de trabajo junto a alcaldes y alcaldesas.

En la misma dirección, en colaboración con la ACLU, se coordinará un taller especializado dirigido a gobiernos locales y sus funcionarios.

El taller está diseñado para proporcionar información actualizada y útil sobre la adaptación o creación de protocolos para los gobiernos locales en caso de redadas de inmigración y contará con expertos legales que responderán a preguntas específicas y ofrecerán asesoría personalizada.

La Liga está, además, desarrollando otras colaboraciones enfocadas en la creación de ordenanzas e iniciativas para el establecimiento de “ciudades santuario”.

Ante las detenciones, la abogada venezolana y consultora en asuntos de inmigración, Maritza Varón, hizo un llamado a los inmigrantes en Puerto Rico a buscar orientación sobre las alternativas legales disponibles.

“Soy inmigrante y sé que hay mucha incertidumbre”, manifestó. “Deben tener calma y orientarse porque, en ocasiones, se desconocen las opciones legales disponibles y capacidad que pueden tener para cumplir con las normativas”, afirmó Varón.

Las medidas migratorias anunciadas por Trump incluyen, además de estas intervenciones, la militarización de la frontera sur de Estados Unidos, restricciones drásticas para los solicitantes de asilo y la aceleración de los procesos de deportación, cerrando el paso a quienes buscan protección o desean regularizar su situación migratoria.

“Es necesario estar orientados sobre los derechos básicos y qué hacer si enfrentan una intervención de algun agente del ICE, porque es importante no firmar documentos sin la presencia de un abogado y aunque antes no lo hacía, llevar algún documento que valide que tiene algún trámite en proceso”, enfatizó.

Varón recordó que la comunidad inmigrante en Puerto Rico es diversa y va más allá de la población dominicana, que es la más numerosa. “Hay importantes comunidades provenientes de países como Colombia, Haití, Cuba, Venezuela, México, Argentina, entre otros. Ante este panorama, es importante fomentar una cultura migratoria, especialmente en un momento donde los cambios en las políticas migratorias estadounidenses tienen implicaciones directas en quienes desean regularizar su situación”, manifestó.