En el marco de la reunión pública que realizó este miércoles la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), las organizaciones Sierra Club y Solar United Neighbors (SUN) protestaron contra la determinación del organismo de impugnar la ley que pospondría, hasta 2031, cualquier cambio en el programa de medición neta, aplicable a clientes que generan y exportan su propia energía.

Según las entidades, la JSF, además de obstaculizar el avance de los sistemas de energía solar, está entorpeciendo los procesos judiciales al oponerse a que organizaciones comunitarias intervengan en el trámite ante la jueza federal Laura Taylor Swain para dilucidar el futuro de la Ley 10-2024.

“La Ley de Medición Neta es crucial para que miles de familias, centros de resiliencia y negocios puedan generar su propia energía limpia, reducir su dependencia de combustibles fósiles y recibir la justa compensación por la energía que generan. Sin embargo, esta ley está amenazada debido a la demanda impulsada por la Junta. No podemos permitir que se nos excluya de este proceso tan importante”, expresó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club Puerto Rico, en un comunicado de prensa.

La Ley 10, aprobada unánimemente en ambas cámaras legislativas, enmendó la Ley 17-2019, que disponía que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) completara, a más tardar este año, un estudio sobre los beneficios y costos del programa existente de medición neta. Bajo la medición neta, establecida desde 2007, los clientes interconectados reciben un crédito equivalente al costo de cada kilovatio hora que distribuye la red central por cada unidad de energía producida y exportada por sus sistemas propios.

La JSF considera, sin embargo, que ese mecanismo debe modificarse prospectivamente, al sostener que crea una sobrecarga tarifaria para los clientes excluidos del programa de medición neta y reduce la capacidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica, todavía en proceso de bancarrota.

En un recurso sometido a inicios de septiembre, Sierra Club y SUN argumentaron que la Ley 10, contrario a los argumentos de la JSF, no modifica la política pública ni limita los poderes del NEPR, sino que supone meramente “un cambio de fecha”.

“La Junta de Control Fiscal está desafiando el derecho de las comunidades a participar en la defensa de una legislación que promueve la sostenibilidad y el bienestar de Puerto Rico. Exigimos que dejen de entorpecer los procesos radicando mociones para que no se nos permita la participación en la demanda y dejen que la jueza escuche las voces de las personas que se benefician de esta ley y quienes serán los más afectados de esta medida ser trastocada”, sostuvo, por su parte, David Ortiz, director ejecutivo de SUN, organización que asiste a comunidades a transicionar a la energía solar.

“La Ley 10 de 2024 ha sido un pilar para la transición hacia energía solar, permitiendo que miles de hogares y negocios contribuyan al sistema energético con fuentes renovables. Esta manifestación busca enviar un mensaje claro a la Junta de que el pueblo de Puerto Rico no permitirá que se ponga en peligro el derecho a la autosuficiencia energética”, agregó Ortiz.

Hasta junio pasado, más de 128,000 clientes de LUMA Energy –más del 8% de los abonados– contaban con sistemas de generación interconectados a la red.

Este miércoles, los integrantes de la JSF celebraron su reunión pública ordinaria en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar.

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REFERENCIAS:

Ley 10-2024

Ley 17-2019