El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó este miércoles que, ante los operativos que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) contra inmigrantes en Puerto Rico, los gobiernos estatales pueden actuar para garantizarles un proceso justo a estas comunidades y la protección de sus derechos.

Pero señaló que no ha visto a la administración de Jenniffer González moverse en esa dirección.

“Por ejemplo, (pueden) informarle (a las comunidades inmigrantes) sobre los derechos que tienen, facilitarle abogados a quienes lo necesiten, cuidar por los niños de personas indocumentadas que sean ciudadanos de los Estados Unidos y de Puerto Rico, etcétera”, sostuvo Hernández, antes de reunirse con líderes de la comunidad dominicana en la Casa Dominicana, en Barrio Obrero, en San Juan.

Además de ese encuentro, el comisionado visitó la Plaza Barceló y otros lugares en la zona, donde abunda la población proveniente del vecino país.

“Lo más importante aquí es que se cumpla con el estado de derecho, que se protejan los derechos de las personas en los Estados Unidos y en Puerto Rico. No son los ciudadanos los únicos con derecho, la Constitución americana dice ‘all persons’, todas las personas en los Estados Unidos; son derechos humanos básicos”, subrayó.

“Y yo puedo entender que muchas personas crean que, si una persona está aquí indocumentada, lo correcto es que sea removida, pero, para eso, hay que seguir procesos también y, para eso, hay que respetar los derechos humanos también”, enfatizó.

González afirmó el lunes, en conferencia de prensa en La Fortaleza, que su gobierno no retará la política de deportaciones masivas del presidente republicano Donald Trump, al señalar que Puerto Rico “no se puede dar el lujo” de incumplir con ella.

En esa dirección, indicó, entonces, a preguntas de El Nuevo Día, que “la misma orden ejecutiva (de Trump) habla de estado o territorio que no cumpla con esta orden pierde los fondos federales, así que Puerto Rico no está a favor de que haya personas que hayan delinquido y que tengan expediente criminal con estatus migratorio ilegal en Puerto Rico”.

Este medio cuestionó al comisionado residente si compartía la visión de la gobernadora en cuanto a la posible pérdida de fondos federales por acciones que pudieran ser interpretadas como contrarias a la orden ejecutiva de Trump, un escenario que Hernández puso en duda.

“¿De dónde sale eso de que pueden amenazar los fondos? Porque, cuando el Congreso asigna fondos para un propósito, el gobierno, la Rama Ejecutiva, está obligada a desembolsar”, planteó el líder entrante del Partido Popular Democrático (PPD).

“Pero, si ella (González) tiene más información que yo al respecto sobre fondos específicos que sean discrecionales y que se pueden ver afectados, pues yo quisiera verlo, y estoy dispuesto a ser deferente a su posición, porque es una posición bien difícil e incómoda tener que escoger entre no cooperar y los fondos federales, pero eso no le quita que el gobierno pueda hacer cosas positivas y proactivas para ayudar”, manifestó Hernández.

Mientras se agudiza la incertidumbre entre la comunidad de inmigrantes en Puerto Rico, el presidente de la Casa Dominicana, Pachín Ramírez, reclamó al gobierno de González un trato humano.

“Estamos altamente afectados por este tipo de actividades represivas”, afirmó, en declaraciones a este medio, concluido el encuentro. “Los documentos no hacen ciudadanos y, por lo tanto, no estamos a favor de esas detenciones”, sostuvo, al añadir que compartió con Hernández todas las preocupaciones de la comunidad. “Yo espero que el gobierno estatal se humanice en ese sentido”, subrayó.

En la misma dirección, el activista José Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos, opinó que la gobernadora “llevó a los dominicanos a error, al decir que no iban a intervenir” con ellos. “Pero sí lo hicieron (las autoridades federales), y se confió la comunidad, y ahora dice (González) que no va a intervenir con las deportaciones, algo insensible”, sostuvo.

En la reunión, se le propuso al comisionado residente impulsar que los municipios cuyos alcaldes son del PPD “sean declarados santuarios”, dijo Rodríguez, en un aparte con este medio, durante la visita a la Plaza Barceló.

Hernández, por su parte, vio con buenos ojos la propuesta, y sostuvo que la presentaría de inmediato al presidente interino de la Asociación de Alcaldes, Juan Carlos García Padilla. “Yo la apoyaría”, respondió el comisionado.

A cuatro días de conocerse sobre el primer operativo, el ICE finalmente indicó este miércoles que, durante las intervenciones del domingo, fueron detenidas 47 personas, de las cuales 45 fueron arrestadas: 37 hombres y ocho mujeres de diferentes países, incluyendo Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Haití, México y Brasil.