El panel de médicos que evaluó al convicto feminicida Hermes Ávila Vázquez aseguró que el examen que le hicieron –previo a su excarcelación indebida en 2023– fue parte de un proceso “cuidadoso y profesional” efectuado a base de la evidencia disponible en los expedientes.

Los galenos rechazaron, además, que hubiera “desviación alguna” de las normas del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y recalcaron que la determinación final de liberar a Ávila Vázquez recayó en la agencia, y ellos solo hicieron recomendaciones.

“Nuestro trabajo en la evaluación del caso del señor Ávila fue realizado con total transparencia y con el más alto sentido de responsabilidad profesional”, dijo, en declaraciones escritas, la doctora Gladys Quiles Santiago, quien lleva 18 años como médico del sistema correccional.

Del grupo, los doctores Jeffrey González Morales y José Rodríguez Galarza se unieron a su colega Rafael Pichardo, al presentar declaraciones juradas en rechazo a las expresiones de Ávila Vázquez. Pichardo negó el jueves la alegación de que inyectara una sustancia al confinado para que perdiera movilidad en la parte inferior de su cuerpo mientras era sometido a exámenes médicos en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y el Centro Médico.

González Morales aseguró bajo juramento que no coincidió con el convicto en ningún lugar, fuera del Centro Médico Correccional, y que es falso que solicitara dinero a Ávila Vázquez.

Mientras, Rodríguez Galarza negó que hubiera negociado ayudar al convicto a salir de prisión a cambio de que retirara unas supuestas demandas que tenía entabladas en su contra y contra Physician Correctional, empresa que administra el sistema de salud carcelario.

El médico con 29 años de experiencia, y quien comenzó su carrera como ayudante del director ejecutivo del programa de salud correccional, enfatizó: “Nunca he participado en reunión alguna para archivarle demandas a nadie, como cuestión de realidad nunca he atendido clínicamente a Ávila Vázquez, por lo que me parecen ridículas sus imputaciones”.

Durante una vista pública el miércoles en el Senado, el gerente de Investigaciones del DCR, Alexis Rodríguez Rivera, presentó los hallazgos de una pesquisa interna sobre los hechos que rodearon la liberación de Ávila Vázquez al amparo de la Ley 25-1992, que permite el egreso de pacientes de sida y otras enfermedades terminales. Ávila Vázquez, de 53 años, alegó paraplejia.

Los médicos también condenaron el viernes las expresiones del presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, quien dijo que “los comentarios de Ávila Vázquez son claramente un intento desesperado por desviar la atención de su propia conducta y carecen de fundamentos creíbles”, pero opinó que el Departamento de Justicia debía investigar el asunto y, de ser necesario, referirlo a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

El doctor González Morales, con 25 años de experiencia en el sistema de salud correccional, indicó que “es ridícula la manera en que se le da algún tipo de credibilidad a las declaraciones mendaces de un sociópata confeso”. “Para sumar al insulto, el valor que el doctor Carlos Díaz les da a los comentarios difamatorios de este criminal es verdaderamente frustrante”, abundó.

Al repudio de las expresiones de Díaz, también se unieron los doctores Pedro Pérez Arrindell y Cristóbal Antron Ávila.

“Resulta alarmante que el Dr. Díaz, en lugar de apoyar a los médicos que han dedicado su vida a la medicina, decida cuestionar nuestras acciones basándose en las declaraciones de un individuo con un historial conocido de conductas deshonestas. Nos preocupa que estas expresiones socaven la confianza en el sistema médico en lugar de fortalecerlo”, expresó Pérez Arrindell, quien tiene 27 años en la salud correccional.

Ávila Vázquez fue excarcelado indebidamente, en 2023, mientras cumplía una condena por el asesinato de una mujer en Caguas, ocurrido en 2005. Tras su salida, acabó con la vida de Ivette Joan Meléndez Vega, en abril pasado en Manatí, hechos por los que se declaró culpable y fue sentenciado el lunes a 102 años de cárcel.