En una carta al secretario Domingo Emanuelli, el representante Ángel Morey solicitó la intervención del Departamento de Justicia ante la posible malversación de sobre un millón de dólares en fondos públicos –estatales y federales– asignados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc., una organización registrada como sin fines de lucro, con sede en Bayamón.

La entidad recibió fondos bajo el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (Fondos de Mejoras Municipales), entre 2020 y 2021, que estaban destinados a obras en la quebrada Margarita, en Guaynabo, desde la avenida Roosevelt hasta la carretera PR-19, una labor que, sin embargo, no fue realizada.

“El uso indebido de fondos públicos es un asunto grave, que lacera la confianza, y no puede ser pasado por alto. Solicito al secretario de Justicia que inicie una investigación exhaustiva sobre este asunto para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”, expresó Morey, en declaraciones escritas.

Justicia confirmó, también por escrito, que recibió el referido y “se encuentra bajo la evaluación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor”.

Los hechos descritos en el referido de Morey –representante novoprogresista del Distrito 6 (Guaynabo, Cataño y Bayamón)– están relacionados con una investigación que publicó, el 19 de mayo de 2022, la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día.

La investigación reveló que la Autoridad de Tierras otorgó dos contratos, que sumaron $1.5 millones, al Centro Comunitario de Servicios a la Familia para realizar un proyecto de infraestructura en la quebrada Margarita, sin que la entidad estuviera autorizada por ley para administrar ese tipo de obras, que requieren una pericia que sus directivos no tienen.

El 7 de julio de 2020, la Autoridad concedió el primer contrato, por $380,000, al Centro Comunitario, mediante la Resolución Conjunta 19 de 2019, del presupuesto general, para “mejoras permanentes, estudios, diseños, permisos y otras obras permanentes a la quebrada Margarita”, desde la avenida Roosevelt hasta el expreso Martínez Nadal. Luego, el 14 de junio de 2021, la Autoridad contrató, por $1,140,000, a la entidad para un trabajo de mejoras permanentes en la quebrada, pese a que, para esa fecha, aún aguardaba por que se le concediera un permiso de construcción relacionado con el primer acuerdo para la fase inicial del proyecto.

Al firmar el primer contrato, el Centro Comunitario ni siquiera tenía entre sus propósitos desarrollar obras de construcción, una gestión que hizo seis meses después, según documentos en el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

Como directivos del Centro Comunitario, figuran el pastor Heriberto Andújar Otero y Raúl Berríos Ferrer, y ninguno es ingeniero licenciado, confirmó, entonces, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Andújar Otero se negó, en aquel momento, a responder las preguntas de este medio. El Nuevo Día lo contactó nuevamente este martes, a raíz del referido de Morey, pero no hubo respuesta.

La Autoridad había contratado a José Miguel “Joe” Huertas Torres como el técnico a cargo de los proyectos en el distrito de Bayamón y servía como enlace entre la entidad gubernamental, las organizaciones sin fines de lucro que recibían los fondos y los legisladores que asignaban el dinero.

Aunque Huertas Torres no figura como directivo del Centro Comunitario en los documentos ante el Departamento de Estado, el referido de Morey –con fecha del 27 de junio– sostiene que, el 24 de junio de 2024, la entidad radicó un caso de quiebra bajo el Capítulo 7 de liquidación, en el cual reportó obligaciones y deudas estimadas por menos de $50,000, y bienes y activos estimados por menos de $50,000, firmado por el técnico.

Morey apuntó, en su carta a Emanuelli, que esto “sirve como evidencia prima facie para demostrar que el Centro Comunitario, sus directores, funcionarios y accionistas se beneficiaron de forma individual, colectiva e institucional de los fondos públicos recibidos de sobre un millón de dólares”.

El referido de Morey repasa que el 22 de mayo de 2022, después de la publicación de este medio, la Autoridad de Tierras entabló una demanda de cobro del dinero que el Centro Comunitario había recibido para las mejoras a la quebrada Margarita. “La obra objeto de dicho acuerdo jamás se completó”, subrayó el representante.

Según el documento, en la demanda se alega que, al momento de la firma del acuerdo, el Centro Comunitario no tenía los recursos técnicos para realizar el trabajo pactado –tal como reveló El Nuevo Día– un “hecho que no le informaron a la Autoridad de Tierras”.

Casi dos años después, el 23 de febrero de 2024, la Autoridad de Tierras le solicitó al tribunal que el Centro Comunitario consignara los fondos públicos que había recibido. Pero no fue hasta el 20 de marzo de 2024 que el tribunal prohibió, de manera inmediata, a la entidad disponer o utilizar los $1,520,000 depositados en su cuenta bancaria, correspondientes a los fondos públicos asignados para los trabajos de la quebrada.

El 14 de mayo de 2024, el tribunal ordenó, por segunda ocasión, la consignación de la suma de $1,380,250.78, “cosa que tampoco cumplieron”.

El Nuevo Día reveló, en otra investigación, que Huertas Torres –un conocido activista del Partido Nuevo Progresista– mantuvo un esquema de doble rol como empleado de la Cámara de Representantes y contratista en la Legislatura, hechos por los cuales fue referido tanto al Departamento de Justicia como al Negociado Federal de Investigaciones.